La habana-16 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA. El asesinato del ayudante primero Alberto Javier Ávalos, agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF), volvió a poner en primer plano una postal que se repite con crudeza en el conurbano: trabajadores de fuerzas de seguridad obligados a sumar ingresos por fuera del Estado, y delincuentes que operan con una violencia cada vez más automática. Ávalos fue baleado durante un robo cometido por motochorros en José C. Paz, cuando realizaba tareas de reparto en motocicleta para completar su salario. Iba acompañado por su hijastra, que resultó ilesa. El ataque ocurrió en el cruce de Ruta 197 y Gaspar Campos, una zona de alto tránsito, y quedó registrado por cámaras de seguridad públicas.
De acuerdo con las primeras reconstrucciones, al menos cuatro asaltantes participaron del hecho y se movilizaban en dos motos, una de ellas tipo enduro de color verde flúo. Rodearon a Ávalos con el objetivo de robarle la moto Honda GLH 150 y otras pertenencias. En una primera instancia, la víctima habría accedido a entregar lo que le pedían. Pero en medio de la maniobra desenfundó su arma e intentó identificarse como personal penitenciario, lo que derivó en un intercambio de disparos. En los registros de video se escuchan varias detonaciones. El agente recibió impactos de bala y murió tras ser trasladado de urgencia.
El episodio reabre, además, una discusión incómoda que la política suele esquivar: el pluriempleo compulsivo en fuerzas de seguridad y el deterioro de las condiciones de vida de quienes patrullan calles y rutas. En los últimos días, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, lo admitió con una franqueza que, por sí sola, no resuelve nada: dijo que el gobierno sabe que muchos policías “laburan” como choferes de aplicaciones para llegar a fin de mes y que también hay mujeres policía que abrieron cuentas en OnlyFans por la caída del poder adquisitivo. Que bueno!!!!!! Lo saben. Pero no hacen nada.
El punto no es el comentario pintoresco. El punto es la confesión de Estado: el propio responsable político de la seguridad reconoce que la fuerza se sostiene con salarios que empujan a la gente a conseguir un segundo o tercer ingreso, y que ese fenómeno ya se volvió estructural. No es un “caso aislado”, es un sistema. Si un penitenciario debe salir a repartir de noche para completar su economía familiar, la pregunta es brutal: ¿quién cuida a quién? ¿Qué margen real tiene un Estado para exigir profesionalismo, disciplina y control emocional cuando el trabajador vive en modo supervivencia?
La muerte de Ávalos ocurrió mientras estaba de civil y trabajando. Es decir: fuera del esquema formal de su empleo estatal, expuesto a la misma inseguridad que golpea a miles de bonaerenses. Y, aun así, su final también retrata una tensión típica de estos delitos: la víctima entrega, duda, intenta defenderse, se identifica, y el asalto termina en ejecución. La sangre del policía seca rápido. El negocio de la política, en cambio, siempre encuentra presupuesto.
En el discurso oficial se repite que “no alcanza la plata” para mejorar ingresos de policías, médicos y maestros. Sin embargo, siempre alcanza para sostener la industria de la política: estructuras infladas, asesorías múltiples, secretarias, choferes, pauta publicitaria, shows, festivales y prioridades identitarias convertidas en programas con caja. Siempre hay dinero para lo que la dirigencia considera rentable, visible o alineado con su agenda. Pero para salarios que eviten que un efectivo se convierta en chofer de aplicación —o en repartidor nocturno— parece que nunca hay margen.
La inseguridad no es solo el motochorro. También es el Estado que administra la precariedad como normalidad. También es la falta de políticas serias para atender adicciones y salud mental dentro de las fuerzas, un problema que crece al ritmo del estrés, la violencia callejera y la incertidumbre económica. También es el mensaje tácito que recibe el delincuente: que del otro lado hay un trabajador cansado, mal pago y, muchas veces, solo.
El crimen de José C. Paz deja otra pregunta que la dirigencia evita: ¿la provincia de Buenos Aires se está pareciendo a un estado fallido en materia de control territorial y protección de su propia fuerza? Si el Estado sabe que sus policías manejan aplicaciones y que algunas buscan ingresos en plataformas para adultos, pero no cambia la estructura salarial ni redefine prioridades, entonces el problema no es la falta de diagnóstico: es la decisión política. Y cuando esa decisión se paga con vidas, como la de Alberto Javier Ávalos, ya no alcanza con “saberlo”.
