Buenos Aires-15 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA – El canciller Pablo Quirno salió a desactivar públicamente las sospechas de conflicto de intereses en torno a un contrato del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto por $114.044.133 con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En una serie de mensajes difundidos en redes sociales, el jefe de la diplomacia sostuvo que “no hay absolutamente ninguna irregularidad” y argumentó que, por el vínculo familiar, se activó el mecanismo previsto para estos casos con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Según la explicación de Quirno, el vínculo de la Cancillería con la AACI no sería novedoso: afirmó que su cartera contrata a esa institución “desde 2018” para capacitar en idioma inglés al personal. En esta oportunidad, remarcó, la existencia de un lazo matrimonial entre una autoridad ejecutiva de la entidad adjudicataria y un ministro nacional derivó en la aplicación del marco de integridad dispuesto por el Decreto 202/2017, un régimen que obliga a declarar intereses y detonar una secuencia de controles y publicidad de actuaciones en procesos de contratación del Estado cuando se detectan relaciones relevantes con funcionarios.
La controversia estalló tras la difusión de la adjudicación para capacitación del personal del organismo en idioma inglés, en un contexto de alta sensibilidad pública por contrataciones estatales y por la centralidad política de Sturzenegger como símbolo del programa de desregulación y recorte del gasto. El propio entorno del ministro buscó cerrar el flanco con una línea similar a la del canciller: un vocero indicó que el expediente incorpora un informe de la OA y que, a su criterio, “está clarísimo” que no existió irregularidad.
El expediente, de acuerdo con la documentación oficial relevada por medios locales, se tramitó bajo una modalidad de contratación identificada como “adjudicación simple por especialidad”, una figura utilizada para servicios considerados específicos. En el caso, se sostuvo como argumento que la AACI sería el “único prestador” capaz de garantizar continuidad por trayectoria y antecedentes en capacitaciones similares dentro del ministerio. El proceso registró una sola oferta, presentada por la propia entidad adjudicataria, por el mismo monto finalmente otorgado.
El contrato está previsto por nueve meses, con opción de prórroga por un plazo equivalente. La prestación contempla un cupo total de 132 agentes a capacitar durante 2026, incluyendo cursos regulares y talleres para personal diplomático del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), además de instancias de nivelación. La modalidad de cursada, según el pliego, será presencial en la sede de la AACI en el barrio de Retiro, con clases durante el período marzo–noviembre, sumando evaluaciones e informes de progreso. También se describe un esquema de pagos escalonado con posibilidad de adelanto de hasta 40% contra factura y contragarantía, y el resto en tramos atados a resultados intermedios y finales.
En el corazón del intercambio público aparece el “procedimiento de integridad”. Quirno sostuvo que se activó con intervención de SIGEN y OA, y que el expediente fue puesto a disposición con criterios de transparencia. En particular, citó el artículo 4, inciso b, del Decreto 202/2017 para respaldar la publicidad de las actuaciones, un punto que el oficialismo presenta como prueba de control reforzado. En el trámite también se incorporó un instrumento adicional: la suscripción de un “pacto de integridad” entre el Estado y la entidad contratada, un compromiso formal que busca prevenir sobornos, corrupción o ventajas indebidas en el proceso y que, según los registros del expediente, fue comunicado a la OA.
Más allá de la defensa oficial, el caso reabrió preguntas sobre la robustez real de los mecanismos de integridad cuando se trata de vínculos familiares directos, y sobre la conveniencia de avanzar con un proveedor en el que la máxima autoridad ejecutiva tiene relación con un ministro del gabinete, aun cuando se cumplan pasos procedimentales. En el plano político, la discusión se recostó sobre dos ejes: la legalidad formal de la contratación y la ética pública vinculada a la apariencia de conflicto de intereses.
En paralelo, la difusión del expediente reavivó un debate técnico: qué tan excepcional resulta la modalidad utilizada, cómo se define la “especialidad” para justificar una sola oferta y cuál es el estándar de transparencia exigible cuando hay relación familiar directa con autoridades nacionales. Para el Gobierno, la respuesta es que el sistema de declaraciones juradas, controles cruzados y publicidad funciona precisamente para este tipo de situaciones. Para los críticos, el punto no es únicamente si el procedimiento fue seguido, sino si el Estado debería evitar adjudicaciones de este tipo aun cuando estén formalmente encuadradas.
Con el contrato ya adjudicado y la polémica instalada, la discusión se traslada ahora a la arena política y, eventualmente, a eventuales pedidos de informes o revisiones adicionales. Quirno eligió el camino de una defensa frontal: aseguró continuidad histórica del servicio, invocó los controles y atribuyó las críticas a cuestionamientos amplificados en redes. Por su parte, el entorno de Sturzenegger buscó encapsular el asunto en el dictamen de la OA. En un clima de escrutinio creciente sobre las contrataciones públicas, el episodio se convirtió en una prueba de estrés para la narrativa oficial de integridad, transparencia y austeridad en el Estado.
