Buenos Aires-16 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA. La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei avanza con una premisa que en el propio universo judicial ya se da por descontada: si el proyecto completa su recorrido parlamentario, su destino inmediato será la judicialización. No se trata solo de la reacción de los gremios y de trabajadores que cuestionarán artículos puntuales, sino también de una respuesta corporativa e institucional de magistrados y funcionarios ante un cambio estructural: el virtual desmantelamiento del histórico fuero laboral nacional y el traslado de competencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Poder Judicial admiten que el primer frente de conflicto será múltiple. Por un lado, habrá reclamos individuales —despidos, indemnizaciones, accidentes de trabajo, licencias— que se tramitarán bajo la nueva arquitectura si la norma entra en vigor. Por el otro, se abrirá un carril de planteos de inconstitucionalidad que, en el caso de la justicia federal, terminarán inevitablemente bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia. En paralelo, la discusión sobre quién revisa las sentencias de los tribunales nacionales con asiento en la Capital ya comenzó a reordenarse tras el precedente conocido como “Levinas”, que fortaleció la posición del Tribunal Superior de Justicia porteño como instancia revisora en recursos extraordinarios provenientes de la justicia nacional ordinaria.
La reforma no llega a tribunales en el vacío: aterriza sobre un terreno que el máximo tribunal viene moldeando desde hace dos años con señales consistentes para acotar criterios de actualización e intereses en pleitos laborales. El punto de inflexión fue el caso “Oliva, Fabio Omar c/ COMA S.A. – Despido”, resuelto el 29 de febrero de 2024, cuando la Corte Suprema desautorizó la capitalización sucesiva de intereses aplicada por la Cámara laboral al considerar que podía generar resultados económicos desproporcionados. Esa línea se extendió luego al universo de riesgos del trabajo con “Fontaine, Juan Eduardo c/ Provincia ART S.A.”, y volvió a marcar límites con “Lacuadra, Jonatan Daniel c/ DIRECTV Argentina S.A.”. Más cerca en el tiempo, el 10 de febrero pasado, el tribunal volvió a anular una decisión de la Cámara del Trabajo en “M. Décima c/ MTV Networks Argentina S.R.L. e ISS Argentina S.A.”, por la aplicación de capitalización de intereses y eventuales afectaciones a garantías procesales.
Con ese telón de fondo, el proyecto de reforma busca “cerrar” por ley la discusión sobre el cálculo de indemnizaciones e intereses: fija, para los juicios nuevos, un ajuste atado al IPC más un adicional, y para los expedientes anteriores una pauta vinculada a una tasa de referencia con un piso para evitar que quede por debajo del esquema del IPC más el adicional. Pero en despachos judiciales ya anticipan un choque: los jueces que conserven causas “viejas” —previas a la reforma— podrían declarar inconstitucionales limitaciones sobre intereses y actualización si consideran que lesionan derechos adquiridos o estándares de protección.
El capítulo institucional es, sin embargo, el que promete la disputa más áspera. La transferencia del fuero laboral se apoya en un proceso político-administrativo que el Poder Ejecutivo activó formalmente a través del Decreto 95/2026, que delegó en la Jefatura de Gabinete la firma de un acuerdo de traspaso de competencias judiciales laborales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el paraguas de la autonomía porteña reconocida en la Constitución y en antecedentes citados por la propia normativa. La hoja de ruta apunta a que el convenio sea luego remitido al Congreso para su ratificación. En paralelo, la CABA ya cuenta con un diseño normativo local para su fuero del trabajo, con una cámara y juzgados de primera instancia, que quedarían en condiciones de absorber la litigiosidad nueva.
En la trastienda judicial, el impacto práctico se mide en juzgados, cargos y personal. La transición proyectada supone que los nuevos casos comiencen a ingresar por el circuito porteño en un plazo acotado, mientras que los juzgados nacionales conservarían únicamente los expedientes iniciados antes de la reforma. El reordenamiento incluye el cierre de dependencias vacantes y un escenario de incertidumbre sobre el futuro de empleados y estructuras administrativas. En ese clima, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, encabezada por Andrés Basso, analiza estrategias legales para impugnar el rediseño, aunque entre jueces del fuero admiten que no es un terreno favorable: el propio rumbo jurisprudencial de la Corte Suprema viene consolidando el criterio de transferencia gradual de competencias a la Ciudad.
Los gremios también preparan su ofensiva. Voces del universo sindical y del empleo judicial anticipan movilizaciones y acciones colectivas, con el argumento de que la reforma no solo altera reglas de litigio, sino que introduce definiciones controvertidas sobre el concepto de salario, el régimen de licencias por enfermedad y la posibilidad de fraccionar indemnizaciones. Aquí asoma otro foco: la Corte Suprema ya sostuvo en fallos de años anteriores un criterio amplio de remuneración, respaldado en estándares internacionales como los de la OIT, lo que podría tensionar con intentos legislativos de acotar qué integra el salario a fines indemnizatorios.
En síntesis, aun antes de su sanción definitiva, la reforma laboral ya se comporta como un expediente judicial en potencia: combina un rediseño institucional del fuero con reglas sustantivas discutibles y un contexto jurisprudencial que condiciona los márgenes de los planteos. En tribunales lo resumen sin eufemismos: la pelea no terminará con la votación en Diputados; recién empezará.
