Buenos Aires-16 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA. La investigación por presuntos fraudes, sobornos y una estructura de recaudación ilegal en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) abrió en los últimos días nuevas líneas de pesquisa que amplían el radio de sospechas más allá de los procesamientos ya dictados. Un testigo de identidad reservada declaró durante cuatro jornadas ante la fiscalía a cargo de Franco Picardi y aportó detalles operativos sobre el rol de Miguel Calvete, uno de los acusados clave, en maniobras de intermediación con proveedores y circulación de pagos que ahora son rastreados por los investigadores. La declaración, incorporada en un legajo bajo reserva que no formaba parte del cuerpo principal del expediente, se convirtió —según fuentes del caso— en un insumo determinante para sustentar medidas y orientar la búsqueda de transacciones que podrían revelar un esquema más amplio, con eventuales responsables aún no identificados.
En ese marco, el juez federal Sebastián Casanello dejó asentado en su resolución de procesamiento que existen elementos para considerar que el “esquema delictivo” no se agota en lo detectado hasta ahora. Esa afirmación alimenta el rumbo actual de la pesquisa: el caso ya no se limita a la presunta cartelización de contrataciones y el pago de retornos, sino que avanza sobre dos frentes que podrían redefinir su dimensión: el circuito de proveedores vinculados al rubro de ortopedias y el capítulo de presunto lavado de activos derivado de fondos públicos.
Respecto del primer punto, los investigadores están profundizando el análisis de documentación secuestrada en allanamientos y cruces de comunicaciones que sugieren vínculos entre proveedores de insumos y actores señalados como articuladores de negocios dentro del organismo. La hipótesis de trabajo es que determinadas firmas habrían canalizado pagos a terceros a cambio de gestiones o habilitaciones informales que facilitaban contrataciones, con sobreprecios o direccionamiento. En ese carril, la fiscalía intenta reconstruir el mapa de contactos, facturación, órdenes de compra y flujos bancarios para determinar si existieron mecanismos sistemáticos de intermediación y reparto de beneficios.
El segundo frente apunta a la posible conversión y ocultamiento de dinero proveniente de esas maniobras. Casanello ordenó indagatorias vinculadas a supuestos “lavadores” y el Ministerio Público activó la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) para seguir rastros de fondos, movimientos patrimoniales y eventuales estructuras utilizadas para blanquear retornos. En la lógica judicial, este capítulo puede tener impacto central: si se consolida evidencia de lavado, la causa podría escalar en gravedad y alcance, incorporando más imputados y conexiones empresariales.
En paralelo, el expediente mantiene bajo observación a la Droguería Suizo Argentina y a la familia Kovalivker, un segmento que por ahora no quedó alcanzado por los procesamientos principales, pero que permanece en el radar por la presunta relevancia de ejecutivos y comunicaciones detectadas. En la hoja de ruta inmediata figura un peritaje previsto sobre servidores de la compañía y la búsqueda de información que los investigadores consideran crítica: correos corporativos y contenido digital de directivos. El acceso a ese material enfrenta obstáculos técnicos y administrativos: persisten intentos de apertura de un teléfono Samsung atribuido a Emmanuel Kovalivker, mientras que otro dispositivo entregado por Jonathan Kovalivker habría carecido de información útil. Además, se tramitan pedidos de datos a prestadores en Estados Unidos, un proceso complejo y de resultado incierto.
Entre los elementos que empujaron nuevas hipótesis figura un audio atribuido a Pablo Atchabahian —también procesado— dirigido a Calvete, donde se menciona a un supuesto “Helvético”. En la interpretación de Casanello, ese apodo correspondería a Sebastián Nuner Uner, señalado como un alto ejecutivo con influencia dentro del grupo empresarial investigado. En el mismo intercambio, de acuerdo con la reconstrucción judicial, aparecen referencias a la necesidad de “alinear” actores y evitar errores internos, con menciones que sugieren lecturas políticas alrededor del entorno libertario y sus tensiones de poder, un punto que la causa explora como posible contexto de contactos y protecciones.
La dinámica del expediente se complejiza aún más por el cambio de juez subrogante. La causa tramita en el juzgado federal 11, vacante tras la muerte de Claudio Bonadio, y Casanello la tuvo a cargo como subrogante hasta la semana pasada. El nuevo magistrado sorteado para cubrir el juzgado es Ariel Lijo, quien retoma esta semana tras el receso, luego de que el expediente quedara transitoriamente bajo la supervisión de María Servini. Un interrogante inmediato es si Lijo sostendrá la delegación investigativa en la fiscalía o asumirá mayor conducción directa en decisiones de prueba sensibles, en un caso que ya combina procesamientos, apelaciones y pedidos de nulidad.
En ese punto aparece el factor que, en tribunales, se considera potencialmente disruptivo: la orden de la Cámara Federal de investigar el origen y la autenticidad de los audios que estuvieron en el núcleo inicial del escándalo. Varias defensas sostienen que si esos audios fueron manipulados, el expediente debería caer por nulidad. La alzada cuestionó que no se hubiera avanzado con esa verificación en la forma requerida y reclamó que se determine qué sustento probatorio independiente tuvo la investigación si, como plantea la fiscalía, el caso se trabajó sin utilizar esos registros como prueba. La cuestión se volvió más delicada porque los procesamientos recientes también deberán ser revisados por el tribunal, en una secuencia donde la discusión sobre la validez de los audios puede incidir en el ritmo y la solidez de la causa.
Con un testigo reservado que abrió pistas sobre transacciones y vínculos, un capítulo de lavado en expansión y una pulseada procesal por audios que podría tensionar todo el edificio probatorio, la causa Andis entra en una fase decisiva. La llegada de Lijo suma un factor de conducción judicial en un expediente que, por volumen y sensibilidad política, ya excede el caso original y se proyecta hacia una investigación más amplia sobre contrataciones, intermediaciones, retornos y posibles redes de encubrimiento.
