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Buenos Aires-17 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA- El Congreso de Perú censuró y removió del cargo al presidente interino José Jerí, un giro que empuja al país andino a un nuevo relevo en la cúspide del poder y consolida una secuencia inédita de inestabilidad: es el octavo cambio presidencial en casi diez años. La decisión llegó a menos de dos meses de las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 12 de abril y tras una acumulación de mociones impulsadas por bancadas que, hasta hace semanas, habían tolerado el esquema de transición nacido luego de la salida de Dina Boluarte.
La votación se realizó en sesión extraordinaria y con un resultado contundente: de 116 congresistas presentes, 75 respaldaron la censura, 24 votaron en contra y hubo tres abstenciones. Con ese número, el Parlamento alcanzó la mayoría simple requerida para la censura, un mecanismo que, en este caso, terminó por cortar el mandato de transición antes del cronograma previsto y abrió de inmediato la carrera interna para designar nuevas autoridades legislativas, lo que implica también nombrar al nuevo presidente provisorio del país.
La caída de Jerí, abogado de 39 años, se precipitó por una combinación de escándalos políticos, denuncias y señales de aislamiento dentro del propio Congreso. En las últimas semanas, su comportamiento como jefe de Estado quedó bajo escrutinio y la Fiscalía abrió investigaciones por presunto tráfico de influencias. El episodio que detonó la crisis incluyó reportes sobre reuniones no informadas con empresarios chinos ligados a contratos con el Estado. Entre los hechos que se exhibieron en el debate figuró su aparición encapuchado el 26 de diciembre en un restaurante vinculado a un empresario chino contratista, además de una visita posterior, el 6 de enero, a una de sus tiendas, en un contexto especialmente sensible: el local había sido clausurado por autoridades municipales pocas horas antes.
A ese cuadro se sumaron revelaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades en contrataciones dentro del aparato estatal durante su breve gestión. La oposición y sectores que se distanciaron del oficialismo transitorio sostienen que la sucesión de nombramientos de funcionarias que habrían mantenido reuniones previas con Jerí en el Palacio de Gobierno alimentó sospechas de favoritismo y armado de redes de poder, mientras su popularidad caía y los bloques conservadores —mayoritarios en el hemiciclo— comenzaron a marcar distancia para no cargar con el costo político a semanas de los comicios.
Las mociones contra Jerí llegaron a acumularse hasta siete. El dato político más relevante fue el repliegue de fuerzas que, inicialmente, habían acompañado su asunción: el respaldo explícito se concentró casi exclusivamente en el fujimorismo de Fuerza Popular, el bloque más numeroso, que quedó como sostén principal incluso con investigaciones fiscales en curso. Durante el debate, la bancada de Somos Perú, a través de su portavoz Ana Zegarra, intentó frenar el trámite con una cuestión de orden: argumentó que, al tratarse del presidente de la República, su salida debía encuadrarse en una “vacancia” y no en una censura. El planteo buscaba elevar el umbral de votos: para la censura alcanzaba la mitad de los presentes, mientras que para una vacancia se requerían 87 votos. La postura, sin embargo, no prosperó y fue acompañada de manera clara solo por Fuerza Popular.
Jerí rechazó las acusaciones y aseguró que no cometió delitos. En declaraciones previas a su destitución, sostuvo que tenía “plena suficiencia moral” para ejercer la presidencia y defendió que, por mandato constitucional, su remoción debía requerir una mayoría calificada. Pero el Congreso interpretó que una norma emitida por el propio Parlamento habilita una salida por censura en estos escenarios, ya que el jefe de Estado interino mantiene su condición de presidente del Congreso, lo que reubica la llave procedimental en la lógica parlamentaria.
La sesión se realizó en un marco atípico: con el Congreso en receso y con su sede principal condicionada por obras, los legisladores debieron reunirse de manera improvisada en un auditorio del centro de Lima, tras reunir firmas suficientes para convocar el plenario con un temario único centrado en las mociones contra el mandatario. Con la censura consumada, el Parlamento debe elegir nuevas autoridades este miércoles. Quien resulte designado presidente del Congreso asumirá automáticamente como presidente interino de la República hasta el 28 de julio de 2026, cuando deba tomar posesión el ganador de las elecciones ya en marcha.
El ascenso y caída de Jerí condensan la velocidad del ciclo político peruano. Ingresó al Congreso en 2021 como accesitario del inhabilitado expresidente Martín Vizcarra, con una votación relativamente baja, y en pocos meses pasó de legislador suplente a posiciones de conducción, hasta llegar a la presidencia del Congreso y luego a la jefatura del Estado tras la destitución de Boluarte en octubre pasado. En su trayectoria también se mencionan antecedentes controversiales: el archivo de una denuncia por violación atribuida a fines de 2024 y acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito por supuestamente solicitar dinero a cambio de impulsar proyectos en la comisión de Presupuesto, señalamientos que él niega y que sus adversarios esgrimieron como parte de un patrón.
Con la elección del 12 de abril en el horizonte, la destitución suma incertidumbre a un país que no logra estabilizar su sistema de gobierno. El nuevo interinato que surja del Congreso tendrá, desde el primer día, un desafío doble: sostener la administración cotidiana en medio de la crisis de legitimidad y garantizar un proceso electoral creíble en un clima social y político cada vez más polarizado.
