Bahía blanca-24 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA — Este martes comienza en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Bahía Blanca el juicio oral y público contra Fiorella Damiani, consejera escolar identificada con el espacio libertario, acusada de haber denunciado falsamente en 2017 a dos hombres por una presunta violación. La imputación es por falso testimonio agravado, una figura contemplada en el artículo 275 del Código Penal cuando la declaración se produce en una causa criminal y perjudica al inculpado, con una pena prevista de uno a diez años de prisión. El debate fue programado en tres audiencias y, según el cronograma judicial, se espera que concluya el jueves 26 de febrero.
El expediente se originó a partir de una denuncia que Damiani formuló en 2017 contra Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra. La acusación derivó en la detención de ambos y en una causa de altísima gravedad, en la que se investigó el delito de abuso sexual con acceso carnal con agravantes. Con el correr del tiempo, la investigación cambió de dirección: la incorporación de material audiovisual y peritajes sobre teléfonos celulares terminó por instalar una hipótesis opuesta a la inicial. De acuerdo con la reconstrucción que se incorporó al proceso, los registros mostraron que el encuentro denunciado se habría dado en un contexto consentido durante una reunión sexual, lo que llevó a revisar la verosimilitud del relato y a desmontar los elementos que sostenían la imputación original.
En términos humanos, el caso dejó una marca profunda. Los dos hombres pasaron por la experiencia límite de una privación de libertad y la estigmatización social que suele acompañar una acusación de este tipo, aun antes de que la Justicia llegue a una resolución definitiva. En el plano judicial, el giro probatorio abrió otro capítulo: el foco se trasladó desde la presunta agresión sexual hacia la conducta de quien había impulsado la denuncia. La causa avanzó hasta que, en abril de 2025, Damiani fue detenida en Bahía Blanca, en España 1147, luego de que la Justicia considerara acreditada la falsedad de la acusación. Posteriormente, la investigación se consolidó y el expediente fue elevado a juicio para que un tribunal analice, ya en instancia oral, si existió un falso testimonio agravado y si ese accionar provocó un perjuicio concreto sobre personas inculpadas.
El juicio que se inicia hoy también tiene un componente sensible que excede a los nombres propios. En un país atravesado por la necesidad de que las denuncias de violencia sexual encuentren canales eficaces de protección y respuesta, los casos de denuncias falsas generan un impacto doble: por un lado, el daño directo sobre quien es acusado injustamente; por otro, el efecto corrosivo que puede tener sobre la credibilidad social y la disposición de otras víctimas reales a denunciar. En ese equilibrio delicado —entre la obligación de escuchar, investigar y proteger, y la necesidad de resguardar garantías—, el debate oral aparece como el espacio institucional para ordenar los hechos con pruebas, tiempos y responsabilidades.
En la audiencia se espera que se reproduzcan tramos relevantes del material audiovisual, que se escuchen testimonios vinculados a la denuncia inicial, a la instrucción posterior y a las instancias en las que se evaluó el contenido de los registros. También será un punto central determinar si existieron reiteraciones del relato bajo juramento en etapas posteriores del expediente y cómo impactó ese sostén en la situación procesal de Álvarez y Pereyra. La figura penal en juego pone el acento, precisamente, en el perjuicio: no se trata solo de una declaración falsa, sino de una declaración falsa en un proceso criminal, con consecuencias concretas sobre terceros.
La dimensión política aparece como telón de fondo, aunque no forme parte del objeto del juicio. El hecho de que la acusada se desempeñe como consejera escolar y sea asociada a La Libertad Avanza, el espacio del presidente Javier Milei, agrega tensión pública y amplifica la discusión en redes y medios. Pero en el tribunal el eje será otro: si hubo o no falso testimonio agravado, qué pruebas lo sustentan y qué pena corresponde en caso de condena. Para las partes involucradas, en especial para quienes estuvieron detenidos por la acusación inicial, el proceso representa la posibilidad de un cierre institucional después de años de desgaste, exposición y heridas difíciles de suturar.
El cronograma prevé tres jornadas intensas. Si se cumple lo previsto, el jueves podría quedar encaminado un veredicto o, al menos, la etapa final de alegatos. Más allá del resultado, el juicio obligará a mirar de frente una verdad incómoda: cuando una acusación de este tenor se instala sin sustento, las consecuencias no son abstractas. Se vuelven vida interrumpida, familias quebradas, reputaciones arrasadas y un dolor que, incluso con una absolución, no siempre se repara del todo.
