Buenos Aires-25 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA- En una decisión administrativa que cayó como una bomba en el mundo del fútbol y en los despachos judiciales, el gobierno de Axel Kicillof aceptó el traslado del domicilio de la AFA a la provincia de Buenos Aires, pese a que la Inspección General de Justicia (IGJ) había rechazado esa mudanza por considerarla “ficticia” y por entender que no existía un traslado real de sede, sino un intento de cambiar de jurisdicción. La medida fue celebrada públicamente por el abogado Gregorio Dalbón, representante de Claudio “Chiqui” Tapia, y aparece como una jugada directa para frenar —o al menos trabar— el avance del organismo de control sobre los libros, balances y sociedades vinculadas a la entidad.
El dato político es inevitable: al convalidar el cambio de domicilio en estas condiciones, Kicillof se mete de lleno en una investigación de alto voltaje que involucra a la conducción de la AFA, a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a un entramado bajo sospecha que incluye presuntos desvíos de dinero hacia sociedades comerciales, denuncias de evasión y maniobras para llevar expedientes a fueros y juzgados más amigables. La pregunta, que ya recorre tribunales y el ambiente, es tan simple como incómoda: ¿por qué lo hizo y por qué con tanta premura, justo cuando la IGJ apretaba el acelerador con un pedido de veedores oficiales?
En las últimas horas, la IGJ solicitó al Ministerio de Justicia de la Nación la designación de veedores en la AFA “debido a la gravedad de las irregularidades”, según comunicó el propio ministerio. El pedido llegó después de que la entidad incumpliera la presentación de una ampliación documental solicitada por el organismo. El objetivo de los veedores, según lo informado, es revisar estados contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025, acceder a documentación societaria y reconstruir el flujo de fondos y la lógica de decisiones administrativas internas, con especial interés en sociedades y estructuras que estarían vinculadas a operaciones de la entidad.
En ese contexto, la decisión bonaerense se leyó como un “cortafuegos”: la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires ratificó la mudanza y sostuvo que, al cambiar la jurisdicción, la IGJ ya no tendría competencia para fiscalizar. En el Gobierno nacional relativizaron el alcance del movimiento y aseguraron que “no cambia nada”: que los pasos previstos continúan y que la definición final sobre veedores está en manos del Ministerio de Justicia. En el oficialismo, incluso, deslizan que el trámite provincial se hizo “a las apuradas” con un único objetivo: judicializar la discusión y buscar que el caso se desplace a otra órbita, como la Cámara Civil, para discutir competencias antes que contenidos.
La secuencia temporal alimenta esa sospecha. Según reconstrucciones oficiales, la resolución provincial habría sido firmada a media tarde, mientras que la IGJ ya había notificado a la AFA horas antes. Ese desfasaje fortalece la lectura de que se buscó reaccionar rápido, como quien mueve una ficha antes de que caiga la orden de control sobre la mesa.
No es un detalle menor que el intento de traslado ya había sido rechazado por la IGJ la semana pasada. El organismo explicó que verificó el lugar donde la AFA decía mudarse, en el partido de Pilar, y concluyó que allí no había oficinas ni instalaciones en funcionamiento. En otras palabras: para la IGJ, no hubo mudanza real; hubo un cambio de domicilio “de papel”, pensado para salir del radar del control porteño-nacional y reubicarse bajo fiscalización bonaerense.
La controversia se vuelve todavía más delicada porque se cruza con el mapa de poder: Kicillof mantiene a Tapia al frente de CEAMSE, una caja estratégica por su rol metropolitano y por su peso político. Ese vínculo institucional, sumado a la decisión de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, instala una sombra que la política bonaerense no logra despejar: la idea de que el gobernador no solo acompaña, sino que protege a la conducción de la AFA en el peor momento de su exposición pública.
El caso que intenta auditar la IGJ no gira alrededor de un mero trámite administrativo. La investigación apunta a la existencia de sociedades comerciales y estructuras que, de acuerdo con presentaciones y reportes periodísticos, podrían haber sido utilizadas para desviar fondos. A eso se suma una pesquisa sobre una mansión en Pilar vinculada al tesorero Toviggino, denuncias por supuestas irregularidades con aportes y un clima de creciente sospecha sobre la administración de recursos en la entidad madre del fútbol argentino. En ese marco, el pedido de veedores no es decorativo: es un paso de control que suele anticipar medidas más profundas, desde intimaciones severas hasta eventuales acciones judiciales si se verifican incumplimientos.
Por eso la jugada bonaerense se interpreta como un intento de frenar —o al menos demorar— el avance de una investigación que ya roza cuestiones sensibles como eventuales maniobras de lavado y circuitos opacos de financiamiento. Nadie puede afirmar todavía qué concluirán los veedores porque ni siquiera fueron designados, pero el corazón del asunto es otro: la oportunidad política de la decisión y el beneficio directo que recibe la conducción de la AFA en pleno cuestionamiento.
En la práctica, el conflicto abre una pelea de jurisdicciones: quién controla a quién y desde dónde. Pero detrás de ese debate técnico late el problema de fondo: si la AFA tiene o no tiene cosas que esconder. Y si el Estado —en cualquiera de sus niveles— está actuando para garantizar transparencia o para poner obstáculos.
Lo que queda, a esta altura, es un escenario de máxima tensión. El Ministerio de Justicia deberá definir si designa veedores; la AFA buscará blindarse con la resolución bonaerense; y el gobierno de Kicillof, que hasta ahora evita dar explicaciones públicas, quedó en el centro de una pregunta que no se va a apagar sola: por qué decidió habilitar el cambio de domicilio pese al rechazo de la IGJ, y por qué lo hizo justo cuando la investigación contable y financiera empezaba a apretar.
