Buenos Aires-26 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA- En una presentación que, según sus firmantes, habría sido incorporada hace pocas horas como ampliación de un expediente en trámite, integrantes de la lista opositora Naranja de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Campana denunciaron un presunto esquema “irregular y posiblemente delictivo” vinculado a un contrato firmado en 2023 entre el gremio y una empresa asociada a la exconcejal kirchnerista María Soledad Calle. La acusación apunta a que ese acuerdo habría delegado la administración de fondos provenientes de aportes de los trabajadores y, a la vez, habría habilitado el cobro de una suma mensual millonaria por la gestión.
De acuerdo con el planteo atribuido a la ampliación judicial, la denuncia solicita que se corra vista a un fiscal penal para investigar posibles delitos como administración fraudulenta, defraudación por administración desleal, fraude y asociación ilícita, entre otras figuras que eventualmente pudieran surgir. Los denunciantes sostienen que el convenio permitió que una firma vinculada a Calle manejara recursos sensibles del gremio, mientras —siempre según esa versión— se aplicaban represalias internas contra dirigentes opositores, incluyendo el cese del pago de salarios a miembros de la comisión directiva local que se enfrentaron políticamente a la conducción nacional.
El eje del conflicto es un acuerdo atribuido a la conducción de Abel Furlán en la UOM, firmado durante 2023, por el cual una sociedad privada habría quedado a cargo de administrar parte de los fondos que ingresan por aportes sindicales. Los denunciantes afirman que esa tercerización no sólo compromete la transparencia en el manejo de recursos que pertenecen a los afiliados, sino que además crearía un cuadro de incompatibilidades: señalan que Calle tendría participación societaria en la empresa contratada y, al mismo tiempo, mantendría un vínculo laboral con la propia entidad sindical. Esa doble condición, remarcan, podría configurar un conflicto de interés y alimentar un circuito de decisiones administrativas sin controles suficientes.
En el texto atribuido a la presentación, la oposición interna sostiene que la conducción gremial justificó el no pago de salarios por una supuesta “crisis”, pero que al mismo tiempo habría sostenido desembolsos mensuales muy elevados hacia la firma vinculada a Calle para la administración de los fondos. La presentación plantea que esa asimetría sería una señal de que el recorte no sería financiero sino político: una forma de disciplinamiento interno frente a la competencia electoral en el sindicato. En esa línea, los denunciantes apuntan a una presunta complicidad entre la estructura administrativa del gremio y la empresa contratada para ejecutar esas decisiones.
El caso irrumpe, además, en un momento político especialmente sensible: la discusión por la reforma laboral que impulsa el Gobierno en el Congreso y que enfrenta una resistencia frontal de buena parte del sindicalismo. En el oficialismo y en sectores que respaldan la reforma señalan que este tipo de denuncias refuerzan el argumento central de la “modernización”: que el sistema actual habilita zonas grises donde, bajo el paraguas de aportes obligatorios y estructuras poco auditables, pueden producirse abusos y negocios con fondos de los trabajadores. Desde esa mirada, sostienen que los mismos dirigentes que hoy se movilizan para frenar la reforma serían parte de un entramado que se beneficia del statu quo.
Del lado sindical, en cambio, la respuesta habitual ante acusaciones de este tipo es que se trata de disputas internas y operaciones políticas para desacreditar la representación gremial en un contexto de reformas que, advierten, recortan derechos. En esa tensión, el expediente suma un componente incómodo: si la Justicia avanza y ordena medidas de prueba sobre contratos, circuitos de pago y administración de fondos, el debate dejaría de ser sólo ideológico y pasaría a apoyarse en documentación concreta.
En términos procesales, los denunciantes aseguran que la ampliación fue presentada “hace pocas horas” y que el pedido central es que el caso no se limite a un conflicto laboral o administrativo, sino que se abra una investigación penal sobre el destino del dinero y el circuito de decisiones que permitió el contrato. También reclaman medidas para preservar documentación, registros contables, órdenes de pago y toda evidencia que permita reconstruir si existió daño patrimonial o administración irregular de recursos aportados por afiliados.
Mientras se espera que el fuero interviniente confirme formalmente el alcance de la presentación y las primeras medidas, la denuncia ya impacta en la interna metalúrgica: instala sospechas sobre un acuerdo de alto monto, agita la campaña sindical y vuelve a poner bajo la lupa una pregunta de fondo que reaparece cada vez que se discute legislación laboral: quién controla, cómo se audita y qué resguardos tienen los trabajadores sobre el uso de los aportes que sostienen la estructura sindical.
