Por Daniel Romero
Buenos Aires-28 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA- En el mismo día en que Israel afirma haber eliminado al ayatolá Alí Jamenei —figura máxima del sistema iraní desde 1989—, en Argentina se cuela una sensación difícil de decir en voz alta, pero imposible de ignorar: algo parecido a una justicia tardía para un país que todavía camina con dos cicatrices abiertas, el atentado contra la Embajada de Israel de 1992 y la masacre de la AMIA de 1994. No se trata de celebrar la guerra ni de confundir venganza con Estado de Derecho. Se trata de reconocer que, durante décadas, el principal responsable político de la maquinaria que la Justicia argentina identificó como decisora y promotora del terror permaneció intocable, protegido por fronteras, por poder y por silencios.
A esta hora, la muerte de Jamenei confirmada por Estados Unidos e Israel pero no oficialmente por Teherán. Pero incluso en ese plano el mensaje es contundente: por primera vez, el vértice del régimen responsable por planificar el ataque contra la AMIA queda bajo la sombra de un desenlace terminal. Y para los familiares de víctimas, para una comunidad herida y para una sociedad que vio pasar gobiernos, jueces y promesas, esa noticia toca un nervio muy profundo.
Los hechos, en Buenos Aires, tienen nombres y fechas que nadie debería relativizar. El 17 de marzo de 1992, un coche bomba destruyó la Embajada de Israel y dejó 29 muertos y cientos de heridos. El 18 de julio de 1994, otro atentado pulverizó la sede de la AMIA y mató a 85 personas, además de causar más de 300 heridos. En total, 114 vidas segadas en pleno centro porteño. Dos ataques que cambiaron la historia del país y expusieron una fragilidad institucional que todavía duele: fallas de inteligencia, zonas liberadas, encubrimientos, pistas contaminadas y una cadena de impunidad que se extendió como una mancha.
Con los años, la investigación judicial fue levantando una acusación grave y sostenida: Irán como decisor y Hezbollah como ejecutor. Esa conclusión fue ratificada en términos institucionales por la Cámara Federal de Casación Penal, que en 2024 volvió a atribuir responsabilidad al Estado iraní en ambos atentados y caracterizó el ataque a la AMIA como un hecho de la máxima gravedad, en un expediente atravesado por décadas de sabotajes y desvíos. En paralelo, INTERPOL sostuvo la validez de las notificaciones rojas pedidas por Argentina para detener a sospechosos iraníes, un punto clave porque confirma que las acusaciones no fueron un capricho local sino una construcción judicial con respaldo internacional.
En ese mapa aparecen nombres concretos. Entre los acusados o señalados en distintas etapas figuran figuras del aparato de seguridad iraní y de su red exterior: Ahmad Vahidi —mencionado por la Justicia argentina como uno de los imputados centrales y luego ascendido en la estructura política-militar iraní—, el ex agregado cultural Mohsen Rabbani, el ex ministro de inteligencia Ali Fallahian, y otros funcionarios y operativos vinculados al engranaje que, según la investigación, conectó planificación, logística y ejecución. La sospecha histórica sobre el papel de una estructura diplomática iraní como plataforma de apoyo en Buenos Aires nunca dejó de ser un punto sensible: porque cuando el terrorismo se apoya en cobertura estatal, la frontera entre “embajada” y “operación” se vuelve una línea peligrosa.
Pero si el eje externo explica quién planificó y quién ejecutó, el eje interno explica por qué Argentina tardó tanto en acercarse a la verdad. Y ahí aparece el capítulo más oscuro de la política local: el intento de cerrar el caso por la puerta de atrás. El Memorándum de Entendimiento con Irán, impulsado en 2013 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se presentó como una vía para destrabar la investigación. En los hechos, para la comunidad judía y para el sistema judicial, fue lo contrario: una maniobra para licuar responsabilidades, correr el foco y darle oxígeno diplomático a un régimen acusado de haber planificado la matanza. El acuerdo nunca entró en vigor, pero dejó una herida institucional: la idea de que el Estado argentino podía negociar, de igual a igual, con el mismo poder señalado como responsable de la muerte de argentinos.
Esa discusión estalló con fuerza cuando el fiscal Alberto Nisman, a cargo de la investigación, denunció que existió un plan para encubrir a los sospechosos iraníes. Pocos días después, en enero de 2015, Nisman apareció muerto en su departamento. Durante años se intentó instalar la hipótesis del suicidio, pero la Justicia argentina terminó reafirmando, con el peso de peritajes y dictámenes, que se trató de un homicidio. Y aunque todavía no hay condenas firmes que indiquen quiénes lo ordenaron y ejecutaron, el mensaje político es insoportable: el fiscal que acusó a un poder externo y a una dirigencia interna terminó silenciado en el momento más crítico de su denuncia.
Por eso, cuando hoy el mundo habla de la muerte de Jamenei, en Argentina el debate no debería limitarse a la geopolítica. Debería volver, con crudeza, a la pregunta que el país se debe desde hace más de 40 años: ¿por qué la justicia de los 114 muertos tuvo que esperar tanto, y cuántas veces se la quiso apagar desde adentro? Si el régimen iraní fue —como determinó la Justicia— el decisor de la masacre, la política argentina tuvo, en distintos momentos, tentaciones de negociar con esa verdad, de acomodarla, de “administrarla” según miserables conveniencias.
La muerte de un líder no reemplaza a un juicio. No devuelve a los muertos, no repara a los heridos, no reconstruye familias rotas. Pero a veces la historia produce un hecho que funciona como símbolo: el poder absoluto también puede caer. Y ese símbolo, en un país con memoria herida, puede ser el punto de apoyo para exigir lo único que corresponde: que los responsables —los externos y los internos— dejen de esconderse detrás de la burocracia, de los pactos y de la impunidad.
