Buenos Aires-28 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA- Con una mayoría holgada construida entre el oficialismo y bloques aliados, el Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, en una jornada atravesada por protestas en las inmediaciones del Congreso y un debate que expuso, sin matices, el choque de miradas sobre el modelo productivo y el rol del Estado. La votación final confirmó el desenlace anticipado: 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, correspondientes a Natalia Gadano y José Carambia.
El tratamiento parlamentario llegó después de otra discusión de alto voltaje institucional: la reciente sanción de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, un antecedente que marcó el clima político de las sesiones y empujó al oficialismo a sostener que el paquete de cambios responde a una agenda “de orden” y “modernización” que, en su narrativa, busca destrabar la inversión y el empleo formal.
En la Cámara alta, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tuvo un papel central en las negociaciones para alinear respaldos con sectores dialoguistas y se convirtió en la cara visible del festejo. Tras la aprobación, reunió a los senadores libertarios para una foto de celebración y arengó a su bancada en un cierre de sesión cargado de euforia política, presentado puertas adentro como un hito de gestión para la administración de Milei.
El texto finalmente aprobado incorporó una modificación clave que había sido aplicada previamente en Diputados: la eliminación del polémico artículo 44, que proponía recortes en el pago de salarios durante determinadas licencias por accidentes o enfermedades graves. Suprimir ese punto fue, en los hechos, una llave para destrabar votos, en un contexto donde la oposición había apuntado ese artículo como símbolo de ajuste sobre el trabajador.
Aun sin ese capítulo, la norma sancionada incluye disposiciones que despertaron fuertes críticas en el arco opositor. Entre los puntos más cuestionados aparecen los cambios en el régimen de indemnizaciones y la creación del Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos, la restricción de tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales y medidas que impactan sobre el financiamiento del INCAA, un apartado que amplificó el rechazo de sectores culturales además del sindicalismo.
En el recinto, el senador chaqueño Juan Cruz Godoy, de La Libertad Avanza, defendió la reforma como resultado de un “proceso democrático de debate y negociación” y sostuvo que el proyecto busca reducir la litigiosidad laboral mediante nuevas definiciones sobre salario y beneficios. Como miembro informante del dictamen oficialista, presentó al Fondo de Asistencia Laboral como una herramienta destinada a dar previsibilidad tanto a empleadores como a empleados frente a eventuales desvinculaciones.
En ese encuadre, el oficialismo insistió con un argumento que repitió en toda la discusión: si se baja el costo de contratar y se acotan incentivos a la judicialización, se acelera el empleo formal y se blanquea parte de la economía. En esa línea, Godoy remarcó el peso de las pymes y vinculó la reforma con el RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones), planteado como un complemento del RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones), con el que la Casa Rosada busca impulsar un ciclo de inversión de mayor escala.
La oposición, en cambio, planteó que la ley flexibiliza, precariza y abre un frente judicial inevitable. El senador Mariano Recalde ratificó el rechazo del bloque Justicialista al sostener que el texto que volvió al Senado “prácticamente está igual” al aprobado originalmente, y lo calificó de “ley monstruosa” por la cantidad de normas que modifica y por su contenido. También cuestionó el trámite acelerado y advirtió que la reforma “conspira contra la seguridad jurídica” que el propio Gobierno dice querer ofrecer a inversores, al proponer —según su interpretación— disposiciones que chocarían con principios constitucionales.
La senadora Ana Marks sostuvo que desde el peronismo rechazan la reforma por considerarla “esclavista” y “flexibilizadora”, mientras que la fueguina Cristina López anticipó su voto en defensa de la industria de su provincia y habló de “miedo y angustia” en el mundo del trabajo. El exgobernador chaqueño Jorge Capitanich advirtió que el proyecto, lejos de crear empleo, puede funcionar como un “subsidio” para elevar el desempleo, por el abaratamiento de despidos y el impacto sobre la negociación laboral.
En la misma línea, el santafesino Marcelo Lewandowski afirmó que la reforma “no moderniza, precariza”, y el pampeano Daniel Pablo Bensusán subrayó que los derechos laborales no pueden recortarse por ley sin tensionar los principios de progresividad y no regresividad. Desde el PRO, en tanto, la pampeana Victoria Huala valoró la eliminación del artículo 44 y defendió la reforma como una señal de apoyo a las pymes y al “empleo real”. También la chubutense Andrea Cristina planteó que actualizar la legislación es clave para mejorar competitividad y previsibilidad.
El cierre de la discusión escaló en tono político. El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, cargó con dureza contra el proyecto, lo definió como una norma “anti trabajador” y pronosticó conflicto judicial, mientras que Bullrich respondió con una defensa frontal del rumbo oficialista: afirmó que durante gestiones anteriores, en nombre de la defensa del trabajador, se empujó a miles a la informalidad, y sostuvo que la reforma envía una señal de crecimiento tras años de estancamiento.
Con la sanción consumada, el escenario inmediato queda atravesado por dos realidades paralelas: por un lado, el Gobierno que celebra un triunfo legislativo de alto impacto simbólico y económico; por el otro, sindicatos y oposición que anticipan resistencia social y judicialización. En el medio, millones de trabajadores y empleadores que miran la letra fina, tratando de entender —sin slogans— cómo cambia, en la vida cotidiana, la forma de contratar, negociar y sostener el empleo en la Argentina de 2026.
