Por RR
Buenos Aires-2 de Marzo de 2026-Total News Agency-TNA La Casa Rosada dejó trascender este lunes que no descarta avanzar judicialmente contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) bajo figuras gravísimas como “traición a la patria”, “sedición” o “espionaje ilegal”, a raíz del rol que tuvo la entidad en las negociaciones que derivaron en el regreso del gendarme Nahuel Gallo desde Venezuela. La señal, atribuida a “fuentes oficiales”, busca que la AFA explique sus vínculos con el entramado político venezolano y con actores del régimen chavista. Pero el anuncio abre un cortocircuito de fondo: una entidad como la AFA no actúa por sí sola; cualquier responsabilidad penal real recaería, por lógica, en quienes la conducen. Y eso coloca el reflector —inevitablemente— sobre Claudio “Chiqui” Tapia, el mismo dirigente que, según información publicada por Total News Agency (TNA) basada en fuentes de altísimo nivel, viene construyendo un entendimiento reservado con el núcleo más íntimo del gobierno de Javier Milei, con Karina Milei como puente decisivo.
La amenaza de denuncia surgió tras conocerse que el operativo de retorno de Gallo se concretó en un avión privado vinculado a la AFA, un dato que encendió preguntas incómodas en el Estado: por qué una organización no gubernamental se involucró en una negociación sensible con un país bajo una estructura de poder denunciada reiteradamente por violaciones a derechos y con fuertes tensiones diplomáticas. “Sabíamos que estaban allá y estaban interfiriendo en las negociaciones. Vamos a tratar de responder la pregunta quién y de qué forma”, deslizaron en el Gobierno, junto a la lista de posibles figuras penales. En el mismo sentido, desde la Casa Rosada plantearon que una entidad ajena al Estado “no puede intervenir” en un país al que, en términos políticos, el oficialismo define como una “dictadura narcoterrorista”, “arrogándose una función de cumplimiento público”.
En términos de comunicación política, el mensaje parece buscar tres objetivos en simultáneo: recuperar control del relato sobre quién gestionó realmente la liberación de Gallo; marcar límites hacia actores privados que se mueven en escenarios diplomáticos de alta sensibilidad; y, sobre todo, mostrar músculo frente a un hecho que dejó al Gobierno expuesto. Porque si la AFA “interfirió” —como sugieren voces oficiales—, entonces la pregunta inevitable es qué estaba haciendo, con quién hablaba, y por qué tuvo capacidad de operar donde el Estado tenía dificultades. Y allí aparece el núcleo de la contradicción.
Por otro lado la pregunta del millón seria: ¿Porqué la SIDE no evitó la operación de “inteligencia exterior de Tapia?
Según la reconstrucción previa publicada por TNA, el episodio del avión no encajaría en una aventura improvisada, sino en una hoja de ruta trazada en secreto entre el entorno presidencial y la conducción de la AFA para preservar a Tapia, aislar a Pablo Toviggino y “administrar” el impacto de las causas judiciales que rondan al poder futbolero. Esa arquitectura —según fuentes con acceso directo a la mesa chica del Gobierno Nacional y al sector aeronáutico— tendría una pieza central: Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, presentada como bisagra y garantía del acercamiento con Tapia. Pero algo habría roto “el enlace”
En esa línea, la información ya publicada por este medio sostiene que el vínculo entre Karina Milei y Tapia se habría consolidado a partir de gestos y contactos que tomaron forma en torno al proyecto del Mundial 2030. En ese marco, Tapia habría trabajado para construir canales directos con “La Jefa”, entendiendo que, en un contexto de presión judicial y disputa de poder interno, su supervivencia no depende solo de la rosca de Viamonte, sino de la temperatura real en Balcarce 50. Y que ese acercamiento, a su vez, habría tenido condiciones: moderar su sintonía con el gobernador Axel Kicillof y —punto clave— aislar a Toviggino, señalado como figura a sacrificar para contener el incendio.
Con estos dos planos sobre la mesa, la pregunta que recorre en voz baja el sistema político es tan simple como explosiva: ¿cómo puede el Gobierno sugerir una denuncia por “traición a la patria” contra la AFA si, al mismo tiempo, existen indicios de una relación de conveniencia con Tapia para sostener el statu quo? En otras palabras: si la Casa Rosada está dispuesta a judicializar el rol de la AFA en el caso Gallo, esa decisión debería impactar, por definición, en su conducción. Y si impacta en su conducción, la línea se corta en Tapia. Ese punto es el que no cierra con la lógica de un pacto de preservación.
En este contexto, crece una lectura alternativa —que empieza a circular incluso entre operadores que no simpatizan con la AFA—: la amenaza de denuncia podría funcionar como un movimiento de control de daños, una forma de cubrir la relación Tapia–Gobierno y, especialmente, el canal político con Karina Milei. Es decir: convertir a la AFA en el “sospechoso” público, levantar un discurso de indignación institucional, y a la vez mantener el diálogo real por debajo de la superficie. Un doble juego que, si existe, explica por qué se habla de “investigar vínculos” y de “pedir explicaciones”, pero aún no se ve una definición concreta sobre acciones inmediatas contra el vértice de la entidad.
La tensión también revela algo más profundo: la fragilidad de los pactos cuando aparecen hechos que los vuelven visibles. El caso Gallo no solo trajo de vuelta a un argentino que estuvo 448 días detenido. También dejó al descubierto que, en situaciones límite, actores no estatales pueden convertirse en canales operativos que terminan condicionando al Estado. Y cuando eso ocurre, la política reacciona con reflejos defensivos: o absorbe a esos actores, o los expone para disciplinarlos. El problema para el Gobierno es que, según la trama informada por TNA, habría intentado lo primero (absorber o al menos coordinar) con Tapia, y ahora ensaya lo segundo (exponer) con la AFA como institución. La relación habría terminado estrepitosamente por la desmedida ambición de Tapia quien se quedó con todo el redito ante el mundo opacando al gobierno y desestabilizando, no la figura de Karina, sino ya la de Javier Milei, Presidente de los argentinos. Lo que iba a ser una “colaboración oblicua” termino con la AFA como actor central.
En el medio queda un elemento que complejiza todavía más la escena: la disputa interna en la AFA y el aislamiento de Toviggino. Si el Gobierno efectivamente empuja a que el peso caiga sobre el tesorero y no sobre el presidente, estaría ante una ingeniería de precisión con riesgo alto: porque un dirigente cercado puede decidir hablar, documentar, explicar circuitos y abrir grietas que arrastren a todos. En un tablero donde cada actor guarda información sensible, los gestos públicos —como una amenaza de denuncia por “traición”— pueden ser interpretados como presión, pero también como traición interna. Y esa clase de heridas, en política y en fútbol, rara vez cicatriza sin consecuencias.
Por ahora, lo único seguro es que el Gobierno eligió subir el volumen y dejar en agenda palabras que no se pronuncian livianamente: “traición a la patria”, “sedición”, “espionaje”. Si esa escalada se convierte en expediente real o queda en advertencia, definirá mucho más que una pelea con la AFA: puede revelar si la Casa Rosada está dispuesta a romper su propio entendimiento informal con Tapia, o si la amenaza es, en realidad, una cortina para esconder el puente que une a Viamonte con el corazón del poder político a través de Karina Milei.
