Buenos Aires-15 de Marzo de 2026-Total News Agency-TNA-. El expediente del caso $LIBRA volvió a golpear en el corazón de la Casa Rosada con la aparición de un documento extraído del teléfono del lobista Mauricio Novelli que, de acuerdo con el contenido recuperado por el peritaje, menciona un presunto acuerdo económico por 5 millones de dólares a cambio del apoyo de Javier Milei al lanzamiento del token. El material, incorporado a la causa que llevan el fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez de Giorgi, describiría un esquema de tres pagos y se suma a otra nota hallada en el mismo dispositivo: un borrador de mensaje que habría sido pensado para contener el escándalo una vez que la crisis ya se había desatado.
Según la reconstrucción publicada en las últimas horas por distintos medios a partir del contenido del peritaje, la nota en inglés fue redactada el 11 de febrero de 2025, es decir, tres días antes del lanzamiento de $LIBRA. Allí se alude a un “acuerdo final” conversado con “H”, referencia que las fuentes judiciales vinculan con el empresario Hayden Davis, señalado como impulsor central del proyecto. El texto menciona pagos escalonados, parte en tokens y parte en efectivo, y asocia uno de esos tramos a un eventual anuncio público de Milei en redes sociales, además de otro vinculado a un contrato de asesoría sobre blockchain e inteligencia artificial. El hallazgo no prueba por sí mismo la concreción de esos pagos, pero sí agrega una pieza sensible en una causa que ya investiga posibles negociaciones incompatibles, tráfico de influencias y maniobras alrededor del lanzamiento del activo digital.
A ese elemento se añadió otro todavía más delicado en términos políticos: una nota en español, fechada el 16 de febrero de 2025, en la que aparece bosquejado un mensaje para despegar al Presidente de cualquier beneficio económico y ordenar una narrativa defensiva. El texto recuperado arranca con una frase reveladora sobre la urgencia de controlar daños y desarrolla la idea de respaldar el proyecto sin admitir interés financiero directo. Para los investigadores y observadores del caso, ese borrador refuerza la sospecha de que, una vez estallada la polémica, hubo intentos coordinados para fijar una versión pública desde el entorno que orbitaba entre el negocio cripto y el poder político.
El teléfono de Novelli no sólo aportó notas: también dejó una huella de comunicaciones que hoy resulta explosiva. Peritajes atribuidos a la DATIP detectaron llamados y contactos con Javier Milei, Karina Milei y más tarde con Santiago Caputo antes y después del posteo presidencial que impulsó la visibilidad de $LIBRA. Varios medios coinciden en que hubo intercambios en la franja previa al lanzamiento y nuevas comunicaciones cuando el escándalo ya dominaba redes y despachos oficiales. Esa secuencia debilita la idea de una relación periférica o casual entre el Presidente y el operador que aparecía como puente con Hayden Davis.
En paralelo, la causa judicial siguió creciendo. Fuentes citadas por la prensa señalaron que la fiscalía analiza el voluminoso material peritado y no descarta nuevas imputaciones, mientras que el CIPCE presentó un amicus curiae reclamando avanzar con medidas de mayor profundidad, incluida la indagatoria presidencial. Desde el Gobierno, en tanto, la postura pública fue bajar el tono y sostener que Milei no tuvo participación en la operatoria del token. Pero el problema político ya no pasa sólo por el resultado final del expediente: pasa por la proximidad entre negocios privados, operadores con acceso privilegiado y el máximo nivel del poder Ejecutivo.
Así, el caso $LIBRA dejó de ser un episodio incómodo del universo cripto para transformarse en una crisis institucional de otro tamaño. El contenido del celular de Novelli abre interrogantes sobre qué se prometió, quién debía cobrar, quién escribió los borradores y hasta dónde llegaba el conocimiento del círculo presidencial sobre una maniobra que terminó bajo sospecha judicial. En una administración que hizo de la batalla contra “la casta” una bandera fundacional, la sola existencia de papeles que hablan de millones, asesorías, tuits pautados y contactos reservados con la cúpula del poder configura un daño político severo, aun antes de que la Justicia defina responsabilidades penales.
