Buenos Aires-23 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA- La muerte de Alexis Oscar Rogers, ocurrida en la puerta de Sutton, volvió a encender una alarma que en San Miguel ya no puede leerse como un hecho aislado. Cuatro patovicas quedaron detenidos por orden de la fiscal Lorena Carpovich, de la UFI N° 21 de Malvinas Argentinas, luego de que los primeros indicios apuntaran a una asfixia mecánica como causa del deceso. La Municipalidad de San Miguel clausuró preventivamente el local y aportó cámaras públicas a la causa. Pero el caso, más allá de la brutalidad puntual del episodio, reabrió una pregunta más incómoda: qué clase de controles se ejerce sobre la nocturnidad del distrito y cuánto se mira hacia otro lado hasta que ocurre una tragedia.
El punto más delicado no pasa sólo por la pelea fatal en la vereda. También pasa por la naturaleza misma del lugar. En la cobertura del caso, Sutton fue descripto indistintamente como bar, boliche y local bailable, una ambigüedad que no es menor cuando se trata de habilitaciones, aforos, seguridad privada, horarios y controles específicos. Bajo esa luz, quedó instalada una sospecha que en el distrito viene circulando desde hace tiempo: que el lugar se presentaba como bar-restó y que, a determinada hora, operaba de hecho como bailable. No encontré hasta el momento una constancia pública verificable que detalle con precisión la habilitación exacta de Sutton, y ese punto deberá ser esclarecido por la vía administrativa y judicial. Pero justamente esa zona gris —bar hacia afuera, boliche de madrugada en la práctica— es una de las claves que hoy vuelven a poner a San Miguel bajo la lupa.
La gravedad del caso se amplifica porque en San Miguel ya existen antecedentes trágicos vinculados a locales gastronómicos y nocturnos. El ejemplo más recordado es el de Lucía Costa Osores, la joven que murió en octubre de 2020 tras la explosión de un centro de mesa con fuego en el bar Zar Burgers. En aquel momento, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, sostuvo que el local no debía haber estado abierto porque esa actividad estaba prohibida en fase 3, y el expediente derivó años después en condenas penales. En una cobertura propia publicada en 2021, Total News Agency habló directamente de una “habilitación trucha” y sostuvo que el lugar funcionaba en condiciones precarias y sin la habilitación de bomberos, con fuego sobre las mesas y alcohol en circulación. Más allá del tono de esa denuncia, lo concreto es que aquel episodio ya había dejado una señal severa sobre controles flojos, actividades incompatibles y habilitaciones bajo sospecha.
Tampoco el frente de los geriátricos está libre de antecedentes estremecedores. En septiembre de 2023, un incendio en una vivienda de Muñiz, en Haedo y Muñoz, que funcionaba como geriátrico clandestino, provocó la muerte de dos adultos mayores. Medios locales reportaron entonces que desde la propia comuna se reconoció que no existía habilitación ni se habían iniciado los trámites para obtenerla. El predio fue clausurado. Y aunque no se trató de un incendio, en 2020 Total News Agency ya había publicado otro antecedente grave en el distrito: la denuncia penal tras la evacuación de un geriátrico por un caso de coronavirus, un operativo después del cual murieron 16 residentes. Ese caso no fue un siniestro de fuego, pero sí volvió a mostrar un patrón inquietante alrededor del cuidado institucional de personas vulnerables y de la respuesta estatal frente a establecimientos sensibles.
Otro antecedente que lleva años de irregularidades es una carbonería en la calle Isabel La Católica al 900, que ni siquiera contaría con habilitación, dado que esta rodeada de viviendas en zona residencial con ingreso de camiones de alto porte en una calle que no admite ese tránsito, pero como agravante operan un autoelevador clark para cargar mercaderia en plena calle, entorpeciendo el tránsito a toda hora, pero lo más grave es que hay vecinos con asma y alérgicos, según pudo saber esta agencia que están cansados de pedir cesen con la actividad. Como agravante, en la carbonería venden alimentos. La municipalidad hace caso omiso a las quejas y denuncias. En San Miguel los rumores que corren, hablan de un sistema de habilitaciones trucho donde se beneficiarían funcionarios.
Por eso la muerte de Rogers en Sutton no sólo interroga a los cuatro custodios hoy detenidos. También vuelve a poner bajo examen una cultura de controles que en San Miguel parece reaccionar después de los hechos y no antes. En 2020 hubo una joven muerta en un bar en condiciones que jamás debieron tolerarse. En 2023 murieron dos ancianos en un geriátrico clandestino sin habilitación. Y ahora un hombre de 51 años aparece muerto a manos de personal de seguridad en la puerta de un local nocturno cuya operatoria real, además, merece ser esclarecida con rigor. El problema, visto en conjunto, ya no es una tragedia. Son varias. Y demasiadas veces con el mismo telón de fondo: habilitaciones difusas, controles débiles y un Estado municipal que llega cuando el daño ya está consumado.
En ese contexto, el expediente por Sutton podría convertirse en algo más que una causa por homicidio. Podría transformarse en una nueva prueba sobre cómo funciona la noche en San Miguel, qué se habilita, qué se tolera y qué se deja correr hasta que estalla el escándalo. Si el lugar estaba realmente habilitado sólo como bar y a determinada hora se transformaba en bailable, como señalan versiones locales que ahora deberán ser comprobadas, entonces la discusión ya no será únicamente penal sino también política y administrativa. Y si no era así, será el propio municipio el que deba mostrar con papeles, controles y expedientes qué era exactamente Sutton y bajo qué condiciones operaba. Porque a esta altura, en San Miguel, la duda ya no alcanza para tranquilizar a nadie.
