Buenos Aires, 31 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA-. El Gobierno de Javier Milei se prepara para dar en los próximos días otro paso fuerte en su política exterior y de seguridad: avanzar con la declaración de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista e incorporarla al RePET, el registro argentino de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento. La decisión, que en la Casa Rosada presentan como inminente, profundiza el alineamiento con Estados Unidos e Israel y consolida una línea política cada vez más dura frente al régimen iraní.
La medida no aparece aislada ni improvisada. En enero de este año, la administración libertaria ya había declarado organización terrorista a la Fuerza Quds, el brazo externo de la propia Guardia Revolucionaria, mediante una resolución conjunta de los ministerios de Seguridad y Cancillería. Aquella decisión fue presentada oficialmente como una respuesta ante una amenaza real o potencial para la seguridad nacional y quedó vinculada, además, con los antecedentes judiciales argentinos sobre la responsabilidad iraní en los atentados terroristas que marcaron a fuego la historia reciente del país.
En ese punto está una de las claves políticas más sensibles de la jugada. En abril de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal responsabilizó a Irán por el atentado contra la AMIA de 1994 y sostuvo que el ataque fue ejecutado por Hezbollah bajo directivas iraníes, en un fallo que además lo calificó como crimen de lesa humanidad. Ese antecedente judicial reforzó dentro del oficialismo la idea de que la Argentina ya no debía quedarse solamente en condenas diplomáticas o evocaciones históricas, sino pasar a herramientas concretas de sanción, congelamiento y cooperación internacional. La lectura en despachos oficiales es bastante simple: si la Justicia argentina ya trazó responsabilidades sobre el régimen iraní, entonces el Estado debía endurecer también su arquitectura administrativa y financiera.
Desde el punto de vista práctico, la inclusión de la Guardia Revolucionaria en el RePET no es un gesto simbólico menor. El registro, creado por el Decreto 489/2019, permite activar mecanismos de prevención, vigilancia y restricción sobre activos y operaciones vinculadas a personas o entidades incluidas allí. En otras palabras, no se trata solamente de una definición política: la designación abre la puerta a controles reforzados sobre eventuales vínculos financieros, movimientos sospechosos y circuitos de apoyo logístico o patrimonial que pudieran tener conexión con la estructura militar iraní. Para una administración que busca exhibir dureza frente al terrorismo y reforzar su cooperación con aliados occidentales, ese punto es central.
La decisión, además, se inscribe en un contexto internacional que empuja en la misma dirección. Estados Unidos ya había incluido a la Guardia Revolucionaria en su lista terrorista y en marzo de este año el secretario de Estado Marco Rubio instruyó a sus diplomáticos a presionar a aliados para que hicieran lo mismo. En paralelo, la Unión Europea dio este año un paso de enorme peso político: primero acordó políticamente la inclusión del grupo en su lista terrorista y luego formalizó la medida con sanciones concretas, congelamiento de activos y prohibición de apoyo financiero. Es decir, la movida argentina no sale de la nada: se monta sobre una corriente occidental que busca cercar a Teherán también por la vía legal y financiera.
En el Gobierno entienden que esta definición también tiene una utilidad doméstica. Le permite a Milei reafirmar un perfil internacional nítido, mostrarse en sintonía con Washington y Jerusalén, y enviar una señal política clara en un momento en que el conflicto en Oriente Medio volvió a poner a Irán en el centro del tablero global. A eso se suma una convicción ideológica que el propio Presidente viene repitiendo desde hace meses: tolerancia cero con el antisemitismo, el terrorismo islamista y las redes estatales o paraestatales que, según la visión oficial, patrocinan operaciones violentas en distintas regiones del mundo.
Naturalmente, la medida también puede abrir un nuevo foco de tensión diplomática. Ya en enero, cuando la Argentina avanzó contra la Fuerza Quds, Irán rechazó la decisión y advirtió que habría respuesta. Con la Guardia Revolucionaria completa en la mira, el impacto político será mayor. Pero en la Casa Rosada parecen haber tomado una decisión estratégica: asumir ese costo y transformar la política hacia Irán en una pieza estable de su alineamiento global. La señal es nítida. Para el Gobierno, ya no alcanza con recordar la Embajada de Israel y la AMIA; ahora quiere traducir esa memoria en una herramienta concreta de presión estatal.
