Buenos Aires, 1 de abril de 2026-Total News Agency-TNA-. La situación de Manuel Adorni entró en una zona de máxima fragilidad política y judicial. Ya no se trata sólo de las propiedades bajo sospecha o del crecimiento de su patrimonio, sino de algo que en la Casa Rosada inquieta todavía más: la forma en que intentó justificar esas adquisiciones y el ruido cada vez más difícil de contener que generan los mecanismos usados para explicarlas. En ese contexto, el jefe de Gabinete suspendió su conferencia de prensa prevista para este miércoles y se reunió con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos, en medio de una escalada de denuncias, citaciones judiciales y un inminente examen político en el Congreso.
El caso que más lo aprieta es el del departamento de Caballito, escriturado por USD 230.000, una cifra que quedó bajo la lupa por su distancia con valores de mercado para una unidad de casi 200 metros cuadrados con cochera en esa zona de la ciudad. Pero lo que convirtió esa operación en un problema mayor fue el esquema de financiamiento: un supuesto crédito hipotecario no bancario por USD 200.000 otorgado por las antiguas propietarias, dos jubiladas de 72 y 64 años. Según la documentación conocida, la familia Adorni habría puesto apenas USD 30.000 al momento de la compra, sin desprenderse de otras propiedades. Y la situación se agravó cuando ambas mujeres aseguraron públicamente no conocer al funcionario. Esa combinación dejó de ser una rareza patrimonial para convertirse en una sospecha política de primer orden.
A ese cuadro se suma otro elemento delicado que circula en torno al expediente y que, dentro del oficialismo, también genera incomodidad: versiones sobre asistencia estatal recibida por una de las mujeres vinculadas a la operación, un punto que todavía requiere esclarecimiento documental pero que agranda el desconcierto sobre el perfil de las supuestas prestamistas. Al respecto, Graciela Ocaña señaló que una de estas prestamistas solicitó un subsidio de 60 mil pesos, destinado a jubilados con ingresos inferiores a 600 mil pesos, generando cuestionamientos sobre la operación. En otras palabras, el problema para Adorni ya no pasa solamente por cuánto compró o cuándo lo compró, sino por el andamiaje elegido para justificarlo. Y ahí es donde varios funcionarios empiezan a admitir en privado que el costo político del caso se volvió demasiado alto.
La causa judicial, además, empezó a tomar una velocidad que derrumba cualquier intento de encapsular el tema como una mera “opereta”. El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió nuevas medidas de prueba tanto en la investigación patrimonial como en la causa por el vuelo privado a Punta del Este junto a Marcelo Grandío y sus familias. En ese marco, requirió a la Dirección Nacional de Migraciones todos los registros de egreso e ingreso al país de Adorni y Grandío desde el 1 de enero de 2023, con detalle de fechas, horarios, pasos fronterizos y medios de transporte. También se incorporó el dato de que la escribana Adriana Mónica Nechevenko, que intervino en la operación de Caballito y en la casa de Indio Cuá, fue citada como testigo. El expediente ya no está en etapa preliminar difusa: empezó a meterse en la ingeniería concreta de las operaciones.
Como si eso fuera poco, el jefe de Gabinete tendrá que dar explicaciones políticas en el Congreso. El próximo 29 de abril deberá presentar su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, pero esa cita ya quedó totalmente atravesada por sus propios escándalos. Los bloques opositores cargaron unas 4.800 preguntas, muchas de ellas vinculadas con su evolución patrimonial, el viaje a Uruguay, las propiedades no declaradas y la trama de financiamiento de sus compras. El dato es demoledor porque convierte una obligación institucional prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional en una suerte de indagatoria política a cielo abierto.
En ese clima, dentro del Gobierno conviven dos discursos que cada vez chocan más entre sí. Hacia afuera, el entorno de los hermanos Milei insiste en que Adorni está “firme” y que no cederán ante presiones mediáticas o judiciales. Hacia adentro, sin embargo, se multiplican las dudas, las quejas por el desgaste que provoca y la sensación de que el problema dejó de ser administrable. Una alta fuente de la Casa Rosada dijo a Total News Agency que no puede descartarse una definición en Olivos y que incluso es probable que el funcionario termine presentando su renuncia en su visita al Presidente, cosa qué habiendo transcurrido ya mas de una hora de reunion, nada trascendió. Esa versión convive con otras que todavía lo dan sostenido por Karina Milei, pero en la práctica la suspensión de la conferencia y el resguardo detrás de gestos controlados de respaldo muestran otra cosa: un funcionario golpeado, cada vez más encerrado y con menos margen para hablar libremente.
La aparición prevista junto al Presidente en el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas será leída, sin dudas, como un gesto de contención política. Pero incluso dentro del oficialismo ya hay quienes admiten que la foto no resolverá el fondo del problema. Porque lo que tiene cercado a Adorni no es sólo la existencia de propiedades, sino el modo en que quedaron justificadas: préstamos familiares, hipotecas privadas de jubiladas que dicen no conocerlo, viajes con pagos controvertidos y declaraciones parciales que, lejos de cerrar la historia, la fueron haciendo más oscura. Por eso, aunque algunos en Balcarce 50 todavía juren que sigue firme, cada nueva prueba judicial y cada nueva explicación fallida hacen que esa continuidad suene cada vez menos verosímil.
