Buenos Aires, 9 de abril de 2026-Total News Agency-TNA-. La causa por presunto enriquecimiento ilícito que tiene bajo investigación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este jueves otro capítulo incómodo. La escribana Adriana Mónica Nechevenko, pieza clave en varias operaciones inmobiliarias vinculadas al funcionario y a su esposa, regresó a los tribunales federales de Comodoro Py para ampliar su declaración y entregar documentación reclamada por la fiscalía de Gerardo Pollicita. Lo hizo temprano, antes de las 8, y se retiró poco después de las 9, en una escena que volvió a poner en el centro de la escena las preguntas sobre el origen de los fondos, la estructura de las operaciones y los nexos que rodearon esas compraventas.
El dato político y judicial que más ruido hizo no fue sólo el regreso de la escribana a tribunales, sino su negativa a explicar un punto particularmente sensible: las siete visitas que registró a la Casa Rosada entre julio de 2024 y septiembre de 2025. Cuando la prensa le preguntó por esos ingresos, respondió con una frase que ahora quedó como una de las más comentadas del expediente: “No lo puedo decir, a mi cliente no le gustaría que yo lo diga”. La existencia de esos ingresos fue publicada sobre la base de registros oficiales, y en el contexto de una investigación patrimonial ese silencio no hizo más que agrandar las sospechas y la presión sobre el entorno del funcionario.
La declaración de Nechevenko del miércoles ya había dejado material de sobra para el avance de la pesquisa. Bajo juramento, sostuvo que Adorni compró su departamento de Caballito con un adelanto de USD 30.000 y otros USD 200.000 a pagar en noviembre próximo, sin interés, mediante una hipoteca entre privados firmada con las dos vendedoras, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas. La escribana insistió en que no hubo una entrega de dinero en efectivo en calidad de préstamo tradicional, sino una compraventa con “saldo de precio” garantizado con hipoteca. Sin embargo, más allá de esa explicación técnica, el expediente sigue mirando con lupa la lógica económica de una operación en la que el grueso del precio quedó financiado por las propias vendedoras y sin interés, algo que jurídicamente puede encuadrarse, pero que políticamente abrió una tormenta.
No fue la única operatoria bajo análisis. Nechevenko también reconoció su intervención en el departamento de la calle Asamblea, en Parque Chacabuco, inmueble que luego fue hipotecado por USD 100.000 a favor de la comisario retirada Graciela Isabel Molina y de su hija Victoria Cancio, también integrante de una fuerza de seguridad. Según la propia testigo, Molina figura como acreedora del 85% del crédito y Cancio del 15%, con devolución pautada en 24 cuotas y una tasa del 11%. Esa operación se registró en noviembre de 2024 y coincide temporalmente con la compra de la propiedad de Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que quedó a nombre de Bettina Angeletti, esposa del actual jefe de Gabinete. El entrecruzamiento de fechas, nombres y montos es justamente lo que la fiscalía busca reconstruir con mayor precisión.
Cuando se le preguntó por el origen del dinero utilizado por Adorni, la escribana eligió despegarse. “Pregúntenle a él”, contestó ante los periodistas. A la vez, defendió su trabajo y sostuvo que “todas las operaciones están explicadas” y que no existió ninguna irregularidad. Esa línea defensiva coincide con la estrategia que, por estas horas, empieza a perfilar el propio funcionario, quien en su entorno viene deslizando que podrá demostrar judicialmente la trazabilidad de su patrimonio. Pero en los tribunales el clima es otro: la causa no se achica, sino que suma medidas.
En esa dirección, el fiscal Pollicita ya pidió nuevos informes a Migraciones, aeropuertos y compañías aéreas para determinar destinos, condiciones de vuelo y quién pagó distintos tramos de viajes de Adorni y Angeletti. También requirió datos completos a registros de la propiedad y a consorcios para reconstruir gastos, hipotecas, transferencias y antecedentes dominiales de los inmuebles vinculados a la pareja. Como si eso fuera poco, el expediente avanzó además con procedimientos sobre tres sucursales de la inmobiliaria Rucci, que intervino en la venta del departamento de Caballito, en busca de documentación, comunicaciones y datos sobre un intermediario aún no identificado en forma pública dentro de la causa.
Así, el problema para Adorni ya no pasa sólo por una operación llamativa o por una explicación pendiente ante la opinión pública. El cuadro que empieza a formarse combina financiamiento privado poco habitual, testigos convocados, documentación adicional, registros de visitas a la sede del poder y una fiscalía que amplía cada vez más el radio de preguntas. En política, muchas veces el daño no lo produce una prueba final sino la acumulación de episodios difíciles de explicar. Y en ese terreno, la frase de la escribana sobre sus siete visitas a la Casa Rosada terminó diciendo bastante más de lo que intentó callar.
