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Las pensiones contributivas subirán un 8,5% el año que viene. El dato definitivo de actualización, conocido este martes, confirma la previsión que hizo el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y supondrá un gasto de casi 20.000 millones más que el año anterior. Con las nuevas tablas, la pensión máxima superará los 3.000 euros por primera vez en la historia.
El dato del índice de precios de consumo (IPC) conocido este martes permite hacer el cálculo de la media de la inflación interanual en los últimos 12 meses, que es el coeficiente que se aplica para calcular la revalorización, según se acordó en el primer tramo de la reforma del sistema, aprobado en 2021. Será, por tanto, el segundo año que se actualizan según la nueva fórmula: la primera vez, correspondiente al ejercicio de 2022, subieron un 2,5%, debido a la menor inflación del año anterior.
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El objetivo de la reforma es que los jubilados no pierdan poder adquisitivo. Sin embargo, la altísima cuantía de la pensión máxima ha suscitado el debate, en un momento en que la subida media de los salarios no llega al 3%, tres veces menos que el IPC. En otras palabras: mientras la inmensa mayoría de los trabajadores —incluso los propios funcionarios— está perdiendo poder adquisitivo, quienes ya no trabajan lo mantienen por ley.
La norma, en cambio, no contempla que las pensiones bajen si el IPC baja, algo que ha sido criticado por numerosos expertos. Diferentes organismos, desde el Banco de España hasta el laboratorio de ideas EsadeEcPol, han pedido que los jubilados también se acojan al pacto de rentas que, aunque de forma implícita, afecta ya a empresarios y trabajadores. Sin embargo, el Gobierno siempre ha rechazado esta posibilidad, y garantizará el poder adquisitivo de los pensionistas un año más.
En el caso de las no contributivas, incluso ganarán, después de que Bildu haya conseguido durante la tramitación parlamentaria un incremento del 15% que no estaba contemplado en el proyecto de presupuestos. Esto incrementará el gasto por encima del 11,4% que ya preveía el Gobierno cuando presentó las cuentas públicas. Las pensiones se llevan, junto con los intereses de la deuda, uno de cada dos euros de los PGE.
La revalorización del 8,5% afecta a las de carácter contributivo, que irán desde los 9.694 euros al año de la pensión mínima de jubilación para un titular menor de 65 años sin cónyuge hasta los 42.829 de la pensión máxima. Todas ellas se cobran en 14 pagas, por lo que la pensión más alta llegará a exactamente 3.059,23 euros al mes.
Es importante destacar que este incremento se consolida. Es decir, el año siguiente la actualización se producirá sobre las cifras de este año, lo que incrementa el coste para el Estado de actualizarlas conforme al IPC en un momento como el actual, con la inflación disparada. En ese sentido, durante los últimos meses han proliferado las propuestas que proponen no actualizar todas las pensiones al nivel de subida de los precios, sino solo las más bajas. Con los miles de millones —la cifra exacta dependería del porcentaje de revalorización que se estableciese— que se ahorraría no solo este año, sino durante los siguientes, se podrían desarrollar políticas públicas para los más jóvenes.
Un dato: la mitad de los españoles cobra menos de 21.000 euros, es decir, menos de la mitad de la pensión máxima, mientras que el salario medio apenas supera los 25.000 euros, 17.000 menos que los ingresos de los pensionistas que más cobrarán el año que viene.
El cálculo de la actualización llega en un momento en que se está negociando la segunda parte de la reforma de las pensiones, que debería quedar cerrada antes del 31 de diciembre para cumplir con los hitos pactados por Bruselas en el plan de recuperación. El Gobierno quiere eliminar el tope que existe para las bases de cotización, de manera que los salarios más altos aporten más al sistema, y al mismo tiempo, hacer lo propio con la pensión máxima. Sin embargo, las cotizaciones sociales subirían más que las jubilaciones más elevadas, según la propuesta del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá.
Los sindicatos rechazaron este lunes el borrador presentado por el Gobierno, que prevé aumentar a 30 años, desde los 25 actuales, el periodo de cálculo de la prestación. A pesar de que el trabajador podría descartar los dos peores años, las centrales denuncian que la reforma conduciría a unas pensiones más bajas para una gran parte de los jubilados.
Las pensiones contributivas subirán un 8,5% el año que viene. El dato definitivo de actualización, conocido este martes, confirma la previsión que hizo el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y supondrá un gasto de casi 20.000 millones más que el año anterior. Con las nuevas tablas, la pensión máxima superará los 3.000 euros por primera vez en la historia.
Fuente El Confidencial
