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El manejo irregular de fondos públicos por parte del Gobierno durante la pandemia empieza a generar alertas: al informe reservado de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los contratos con laboratorios por las vacunas contra el virus se le sumó ahora un documento del Colegio de Auditores que revela severas fallas, desprolijidades y manejo poco transparente en las contrataciones para obtener insumos de lucha contra el COVID.
La semana pasada la AGN aprobó un informe sobre contrataciones públicas de emergencia para atender la pandemia producida por el COVID-19 durante los años 2020 y 2021. Allí se revelaron graves irregularidades en la compra de insumos, el llamado a licitación para atender el virus y llamativos incumplimientos administrativos de parte del gobierno de Alberto Fernández en la pandemia.
La AGN que preside el radical Jesús Rodríguez emitió un informe que forma parte de la revisión de más de 370 expedientes que auditó el Colegio de Auditores y que conforma el 76% del presupuesto global de unas compras por $4.500 millones en insumos que gastó el Gobierno en medio de la pandemia del COVID.
El documento de la AGN al que tuvo acceso El Cronista no contempla la revisión de los contratos de vacunas que se evaluó por separado y que por un informe secreto del oficialismo ahora la oposición quiere llevar a la Justicia.
En el nuevo informe de Auditoría se revelaron llamativas anormalidades en las compras de insumos por parte del Ministerio de Salud que en un primer momento estuvo manejado por Ginés González García y luego por Carla Vizzotti durante la pandemia.
“Entre los resultados de las licitaciones analizadas se observaron incumplimientos en los procedimientos administrativos, tales como la falta de presentación de la Declaración Jurada de Intereses, insuficiencia de vinculación con sus respectivos expedientes de pago, errores de confección y la falta de informe por parte de la Dirección de Contabilidad y Tesorería. Todo esto es muy grave”, explicó a El Cronista el auditor radical Alejandro Nieva.
LOS DETALLES DEL INFORME
En el informe que evaluó 376 expedientes para la compra de insumos por más de 4.500 millones de pesos se determinaron las siguientes irregularidades:
1- En los expedientes examinados de compras de emergencias no se verifica que las firmas que participan de la contratación cumplan en acompañar los certificados de los productos debidamente aprobados por ANMAT.
2-También se detectó la ausencia de informes técnicos sobre la capacidad de algunas firmas de proveer productos, “lo que hubiera sido deseable su inclusión como una Buena Práctica de Administración”.
3- Se pudo observar la falta de vinculación entre los expedientes de compra y los correspondientes expedientes de pago. En varias contrataciones se presentan “errores de confección”. Es decir, se incluye documentación que no se vincula con el expediente u otros relacionados con la compra y documentación faltante en el expediente. También surgieron “diferencias entre las notas de créditos emitidas y el anticipo financiero previsto en los contratos”.
Entre los resultados de las licitaciones analizadas se observaron incumplimientos en los procedimientos administrativos. Todo esto es muy grave
4-En ninguno de los 374 expedientes auditados se pudo constatar la emisión de informes por parte de la Dirección de Contabilidad y Tesorería ni tampoco una intervención a la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Esto implica una ausencia de controles total explicaron dos auditores.
5-En los procedimientos por contratación por emergencia en que se adquieren “Elementos de protección personal – Insumos Médicos”, los precios de mercado que conforman el presupuesto de las áreas solicitantes de los insumos no son acompañados de documentación de respaldo de las estimaciones realizadas.
6-Otro dato llamativo que alerta la AGN es que, en varios casos, el gasto autorizado por la Subsecretaría de Gestión Administrativa para comprar insumos médicos exceden el monto que la norma habilita a autorizar, que es de $ 24 millones y en esos casos lo superan y suman más de $ 113 millones, lo que no está autorizado.
7- Si bien el DNU 287/2020 estableció que las jurisdicciones, organismos y entidades comprendidos en la Ley 24.156 estarán facultados para efectuar la contratación directa de bienes y servicios que sean necesarios exclusivamente para atender la emergencia, hay datos llamativos. Por ejemplo, la Orden de Provisión 19288121/2020 ($ 87,9 millones): adquisición de insumos médicos (barbijos, camisolines, guantes, antiparras protectoras, alcohol en gel, termómetros, hisopos de dacrón, barbijos máscara N95 y detergente desinfectante) a fin de dotar a la red de hospitales públicos de capacidad de respuesta para la asistencia de pacientes con diagnóstico de COVID-19, es anterior a la intervención de la Subsecretaría de Estrategias Sanitarias.
8- El informe técnico emitido por la Subsecretaría de Calidad, Regulación y Fiscalización y por la Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica no incluye a los insumos ofertados en algunos casos a la vez que en algunos contratos “no se tomaron los recaudos necesarios para garantizar la integridad en la contratación y observancia de la normativa emanada de la ley 25.188, Ley de Ética de la Función Pública y el Decreto 41/1999, Código de Ética de la Función Pública”.
El informe de la AGN aclaró que el informe se hizo en base a la cooperativa de Cumplimiento Global relativa a la Transparencia, Rendición de Cuentas e Inclusión en el Uso de los Fondos de Emergencia para el COVID-19 (TAI) y la Iniciativa de Desarrollo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).
REMISION AL CONGRESO
La auditoría aprobada, que ahora será remitida al Congreso para su aprobación en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, se hizo sobre las contrataciones de equipos de Protección Personal; Insumos Médicos; y Servicios de Operación Logística (no incluye vacunas).
Así, se pudo determinar la “inobservancia de requisitos técnicos” sobre la calidad de los productos en algunos casos, así como la falta de presentación de los certificados de los productos aprobados por ANMAT o la inexistencia como Buena Práctica de informe técnico sobre la capacidad de la firma para proveer los productos requeridos.
“Hay situaciones de conflicto de intereses en las contrataciones realizadas observando que no se tomaron los recaudos necesarios para garantizar la integridad en la contratación y observancia de la normativa. Todo ello nos permite observar como la laxitud en las regulaciones en materia de compras y contrataciones del Estado durante la situación de emergencia COVID y nos obligan a seguir controlando el uso de los recursos públicos como medio necesario para asegurar la transparencia en el Estado”, dijo Nieva.
El informe de esta auditoría que se hizo sobre 376 expedientes forma parte de un plan de controles que se empezó a hacer en la AGN desde el 2021 y que contempla la revisión de contrataciones del Gobierno en más de 20 informes finales que serán remitidos oportunamente al Congreso.
Fuente El Cronista
