El FMI pide subir ingresos y recortar gastos en pensiones para garantizar su viabilidad

Cuando los hombres de negro del Fondo Monetario Internacional (FMI) visitaron España el año pasado, las autoridades nacionales les dijeron que la primera parte de la reforma de las pensiones gozaba de un amplio consenso, y que la segunda sería acordada antes de que acabase 2022, como recogía el plan de recuperación. Lo primero es cierto: nadie se iba a oponer a la parte sencilla de la reforma comprometida con Bruselas, que contemplaba una revalorización de las pagas contributivas conforme al índice de precios de consumo (IPC). Ya lo había recomendado el Pacto de Toledo.

Sin embargo, la segunda parte no se ha cumplido, precisamente ante la ausencia de consenso en el diálogo social y el Congreso de los Diputados. Es la difícil: ahora toca pagar la factura de haber ligado las pensiones y los precios para las próximas tres décadas.

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El fallido vaticinio del Ejecutivo aparece en un informe de 91 páginas publicado este jueves, en que los funcionarios del llamado Artículo IV —la misión del Fondo que visitó nuestro país— avalan los rasgos principales de la política económica del Gobierno, pero lanzan una advertencia sobre el gasto en pensiones: es necesario subir ingresos y recortar gastos para garantizar la sostenibilidad del sistema tras el costosísimo método de revalorización aprobado en 2021. Las medidas que lo acompañaron, como los incentivos para aumentar la edad efectiva de jubilación, solo pueden sufragar una parte de ese gasto extra, aseguran los técnicos en el documento aprobado por el Directorio Ejecutivo de la institución, por lo que es necesario un nuevo esfuerzo.

Hoy, todos reconocen que separar las dos partes del proceso fue un error, ya que se ha dejado para el último año de legislatura la más complicada. Vienen elecciones y, en ese escenario, será más difícil aprobar las “medidas adicionales” que, según el Fondo, serán necesarias para “compensar” el mayor desembolso por haber ligado las jubilaciones al IPC: un 3,25% del PIB de aquí a 2050, en comparación con lo que sucedería si no se hubiese derogado la reforma aprobada por el Gobierno del popular Mariano Rajoy en 2013 ante la atenta mirada de la troika formada por el Banco Central Europeo, la Comisión y el propio FMI.

Los hombres de negro ya no ejercen tamaña influencia sobre la política económica de España, pero lo cierto es que el Ejecutivo se comprometió con Bruselas a tres grandes reformas para impulsar los ingresos y reducir los gastos: destopar las bases máximas de cotización, ampliar el periodo de cómputo para calcular el importe de las pagas y establecer un mecanismo de equidad intergeneracional. De ellas, solo la última está en marcha, y supondrá un recargo de las cotizaciones del 0,5% para la empresa y del 0,1% para los trabajadores de aquí a 2032. Sin embargo, todavía está por ver si se renovará de forma automática o no hasta 2050.

Las otras dos, en cambio, forman parte de la segunda fase de la reforma, que se halla paralizada desde hace semanas ante la negativa de los sindicatos a discutir sobre el incremento del periodo de cómputo, de los 25 a los 30 años, descontando los dos peores, que recoge el borrador presentado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. En paralelo, el aumento de las cotizaciones máximas, 10 veces superior al de las pensiones más altas, no cuenta con el respaldo de la patronal. Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), ambas propuestas tendrían un impacto limitado: la primera solo lograría un ahorro del 0,3% del PIB y la segunda, unos ingresos adicionales del 0,15%.

“El que las medidas sean suficientes para preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones dependerá de los detalles”

En ese escenario, en que cualquier medida se antoja insuficiente para compensar el incremento del gasto —especialmente después de la extraordinaria revalorización de este año (8,4%), que se consolida para los siguientes—, el FMI muestra su preocupación sobre el resultado de la reforma: “Las medidas podrían tener un efecto financiero positivo, pero que sean suficientes para preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones dependerá de los detalles de diseño específicos“. La institución dirigida por Kristalina Georgieva sintoniza así con el temor a que la complicada negociación en un año electoral acabe rebajando la ambición de las correcciones y, por tanto, el balance final sea un golpe a la viabilidad de uno de los pilares básicos del estado de bienestar.

Sin embargo, el documento del FMI no contiene recomendaciones específicas sobre cómo se deberían concretar esas medidas, y se limita a citar la edición del año pasado, que sí contenía un amplio capítulo dedicado a las pensiones. Entre las vías que se señalaban entonces, estaba subir aún más la edad de jubilación (la reforma de Rajoy ya la elevó de 65 a 67 años), buscar diferentes mecanismos para bajar la cuantía de las pensiones o incluso caminar hacia un sistema de cuentas nocionales, es decir, destruir la caja única en favor de una cuenta virtual en la que cada trabajador registraría sus aportaciones. El organismo advertía, eso sí, de que no había demasiado margen para incrementar las cotizaciones sociales, que es la vía que ha privilegiado el Gobierno en su reforma.

En un momento en que los jubilados son los únicos que han mantenido su poder adquisitivo en España, el FMI recuerda que el modelo de gasto público de nuestro país está centrado en la protección social, como las pensiones o los subsidios de desempleo, y muy por detrás de sus vecinos en lo que dedica a actividades que favorecen el crecimiento, como la inversión pública o la educación. Esto resulta especialmente evidente en los presupuestos generales del Estado de 2023, que dedican uno de cada dos euros a las propias pensiones y el pago de los intereses de la deuda. El incremento de la inflación, recuerda el organismo con sede en Washington, agrava este problema: por cada punto que sube el IPC, aumenta el gasto anual entre 1.500 y 1.700 millones de euros.

Aval a la política económica

Pese al montante de esta partida, la prudencia presupuestaria en relación con una recaudación histórica lleva al Fondo a calificar la política fiscal española de “moderadamente contractiva”, en línea con lo expresado en su día por la Autoridad Independiente (AIReF). Los hombres de negro celebran la mejora del estado de las cuentas públicas, pero advierten de que en los próximos años será necesaria una consolidación fiscal “gradual y sostenida”, respaldada por un plan de consolidación a medio plazo que no acaba de llegar, según denuncia en España la propia AIReF.

La reforma laboral, el despliegue de los fondos europeos y la excepción ibérica merecen el aplauso del guardián de la ortodoxia económica

Las críticas del FMI no evitan que el organismo avale a grandes rasgos la política económica del Gobierno, que incluso llega a elogiar como “flexible y cuidadosamente calibrada”. Entre las reformas que suscitan una mejor opinión de los técnicos está la laboral, que, dicen, ha permitido a una “parte significativa” de los trabajadores acceder a un puesto de trabajo indefinido. El despliegue de los fondos europeos y la excepción ibérica —cuyo ahorro estiman en un 16%— también merecen su aplauso, pese a ser dos de los asuntos más discutidos por la oposición.

Sin embargo, la mayor mejora de España a ojos del FMI tiene que ver con la respuesta a la crisis inflacionista, que, según sus cálculos, ya ha supuesto un esfuerzo de cerca de 20.000 millones de euros. Si hasta hace poco nuestro país estaba bajo la lupa por sus paquetes de brocha gorda, ahora el organismo celebra la creciente focalización de las medidas que se ha producido a raíz del nuevo escudo social aprobado a finales de diciembre.

El fin de la subvención a los combustibles es el ejemplo más representativo que citan los hombres de negro, pero sorprende otro: la rebaja del IVA de los alimentos. En pleno debate sobre su efectividad en el seno del Gobierno, el garante de la ortodoxia económica internacional se deshace en elogios: “Es una medida progresiva, con un alto impacto en los hogares de rentas medias y bajas, un coste fiscal contenido y una estrategia de salida clara”.

Fuente El Confidencial