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Desde hace seis años, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) emite recomendaciones al Gobierno sobre dónde se debe gastar el dinero (y, sobre todo, dónde no). Son los llamados spending reviews, que evalúan el desempeño presupuestario de las instituciones públicas, y a los que el Ejecutivo se comprometió a dar “continuidad y permanencia” en el componente 29 del plan de recuperación enviado a Bruselas. El cumplimiento de estos consejos no es obligatorio, pero revela el grado de implicación de las autoridades con las prácticas de gasto eficiente del dinero público. El principal problema es que se tarda mucho en aplicar las sugerencias, pero los casos de rechazo son excepcionales: solo 23 desde 2017, de un total de 277 propuestas emitidas por el organismo. Entre ellos, está el cambio del modelo de subvenciones para los vuelos a las islas, que benefician más a los más ricos.
El Gobierno rehusó en marzo de 2022 tocar esta política pública a sabiendas de su carácter regresivo, sobre todo en Canarias. La inequidad de la ayuda fue señalada por la AIReF en el informe de la II Fase del Spending Review 2018-2021, publicado en julio de 2020, donde planteaba “estudiar mecanismos para lograr una distribución más igualitaria de la subvención por niveles de renta”. El Ejecutivo tardó casi dos años en contestar, a través del dosier de seguimiento que publica el Ministerio de Hacienda con las respuestas de todos los ministerios. En ese momento, Transportes justificó su oposición de la siguiente manera: “El análisis preliminar llevado a cabo permite predecir que esta medida podría ser objeto de una fuerte oposición desde los territorios insulares”.
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Más que el rechazo de la recomendación, lo que llama la atención es el argumento esgrimido por el Ejecutivo. A diferencia de lo que ocurre en las otras 22 propuestas refutadas, donde se alude a cuestiones competenciales, legales o burocráticas, el Gobierno deja en un segundo plano los motivos técnicos para desechar la propuesta de la AIReF, y centra su réplica en la reacción de la ciudadanía: “Se percibiría como una limitación y retroceso de un derecho de los residentes, independientemente de la renta de estos”. Además, añade que la dificultad para discernir si un vuelo es de un particular o de una empresa podría provocar “un fuerte impacto en el tejido industrial canario, haciéndolo menos competitivo, lo cual seguramente obligaría a compensar a las empresas canarias con algún otro tipo de beneficio fiscal”. La posible incompatibilidad de la propuesta de la Autoridad Fiscal con los regímenes especiales de las islas completa el razonamiento.
Pero estas dos últimas explicaciones no convencen al organismo presidido por Cristina Herrero. El director de la División de Evaluación de Gasto Público, José María Casado, explicó este miércoles que detrás del rechazo del Gobierno hay una intención política. “En este caso, se rechazó porque se explicaba que la población entendía este descuento como un beneficio adquirido y políticamente tenía grandes costes asumir la sugerencia de la AIReF”. En otras palabras: según la institución independiente, el Ejecutivo ha mantenido el diseño actual de una medida contraria a las buenas prácticas fiscales por miedo al rechazo popular.
El PSOE se juega mantener Baleares y Canarias en las elecciones autonómicas del 28-M
Actualmente, el PSOE gobierna tanto en Baleares como en Canarias, las dos comunidades afectadas por las subvenciones a los vuelos de los residentes extrapeninsulares (también lo están las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). Ambas autonomías, en las que los socialistas mantienen pactos con otras fuerzas políticas, están en riesgo de cara a las elecciones autonómicas del 28 de mayo por el avance de la derecha. El segundo caso preocupa especialmente en Ferraz, después del desgaste por los escándalos de corrupción protagonizados por el exdiputado conocido como Tito Berni, que podría dejar a los socialistas en manos de los nacionalistas de Coalición Canaria si quieren mantenerse en el poder.
Ni efectiva ni progresiva
Es allí, más que en Baleares, donde en los últimos meses ha cobrado fuerza el debate sobre las subvenciones a los billetes de avión, que diferentes economistas piden replantear. El descuento universal del 75% para los viajes de los residentes en las islas con origen o destino en la Península está vigente desde 2018, y fue una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura que lo llevó a la Moncloa. Hasta ese momento, solo alcanzaba el 50%. La presencia de Unidas Podemos en el Ejecutivo no ha evitado que la coalición haya mantenido la bonificación durante la presente legislatura, pese a la proliferación de estudios —no solo de la AIReF— que la ponen en cuestión.
En este caso, se cruzan dos debates. El primero es el de la equidad. La Autoridad Fiscal constató que la medida causa un efecto regresivo, al beneficiar más a las rentas más altas, que tienden a usar el transporte aéreo en mayor proporción que las bajas. De hecho, excluye a la mitad de la población, que no viaja nunca en avión. En el caso del archipiélago atlántico, el impacto resulta más acusado: el 20% de los residentes con ingresos más elevados acapara la mitad de la subvención, el 10% recibe el 35% y el 1% más rico se hace con el 6,3% de la ayuda. Es por ello que el organismo recomendaba “limitar el número de vuelos subvencionables, establecer un máximo de subvención per cápita, ligar la cuantía de la subvención a la renta del residente o hacer decreciente la subvención con el número de vuelos en el año”. El Gobierno ha hecho caso omiso.
Sin embargo, el Ejecutivo sí se ha abierto a estudiar la segunda propuesta de la AIReF: sustituir la rebaja actual por una ayuda de cuantía fija para cada una de las rutas. “El anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, actualmente en tramitación, recoge determinados instrumentos para la mejora de la calidad del gasto en subvenciones que son en parte aplicables al transporte insular. Durante la tramitación pendiente de la ley, se contemplará la oportunidad de introducir prescripciones específicas para este tipo especial de subvenciones”, dice el Gobierno en su respuesta, por lo que la Autoridad Fiscal considera “en proceso” la satisfacción de la sugerencia.
Como con la ayuda a la gasolina, el problema es que las compañías se quedan parte del descuento
La cuestión mollar está ahí. El spending review demostró que el incremento de la bonificación hasta el 75% causó un encarecimiento del precio de los billetes de un 12% con destino Canarias y un 15% con destino Baleares: “El aumento de los precios de los billetes rompe la tendencia a la baja que se venía registrando desde hace 10 años y es más importante en aquellos vuelos con mayor porcentaje de residentes”. Como ha ocurrido con la subvención de 20 céntimos por cada litro de combustible, el problema es que las compañías se quedan con una parte del descuento, por lo que, aunque el beneficiario vea que paga menos gracias a la ayuda, el precio real se ha incrementado como consecuencia de su mala implementación. En este caso, resulta mucho más fácil comprobarlo: solo hay que mirar lo que pagan por el billete quienes no residen en las islas —o Ceuta y Melilla— y, por tanto, no tienen derecho a la bonificación.
Este despilfarro de 700 millones anuales, que incluso han criticado asociaciones —como Canarios sin Alas— que en su día demandaron apoyo para los desplazamientos, también tiene otros efectos indirectos nocivos. Según un estudio publicado en Nada es Gratis por los economistas Juan Luis Jiménez y Jorge Valido, el gasto turístico por día y persona se ha reducido entre un 7,3% y un 8,6% en el archipiélago desde el incremento del subsidio, debido a la menor renta disponible por el encarecimiento de los vuelos que ellos pagan sin subvención. “Si considerásemos cuántos potenciales turistas han dejado de viajar a Canarias debido del aumento de precios de las aerolíneas, el efecto negativo sería mayor“, advierten los autores.
Para solucionar el problema, la AIReF confía en que el establecimiento de una cuantía fija garantizaría una competencia “más efectiva” entre aerolíneas. “Las simulaciones realizadas permiten prever que supondrá un reparto más igualitario de la subvención entre las rentas altas y bajas, dada la actual tendencia de los residentes de mayor renta a adquirir billetes más caros“, concluye la Autoridad Fiscal. El Gobierno mantiene la primera preocupación en stand by, a la espera de lo que pase con la tramitación parlamentaria de la Ley de Movilidad Sostenible. En cambio, rechaza la segunda. Como pasó con el descuento a la gasolina, la equidad se antoja la última de las preocupaciones del Ejecutivo a la hora de diseñar las políticas públicas.
Desde hace seis años, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) emite recomendaciones al Gobierno sobre dónde se debe gastar el dinero (y, sobre todo, dónde no). Son los llamados spending reviews, que evalúan el desempeño presupuestario de las instituciones públicas, y a los que el Ejecutivo se comprometió a dar “continuidad y permanencia” en el componente 29 del plan de recuperación enviado a Bruselas. El cumplimiento de estos consejos no es obligatorio, pero revela el grado de implicación de las autoridades con las prácticas de gasto eficiente del dinero público. El principal problema es que se tarda mucho en aplicar las sugerencias, pero los casos de rechazo son excepcionales: solo 23 desde 2017, de un total de 277 propuestas emitidas por el organismo. Entre ellos, está el cambio del modelo de subvenciones para los vuelos a las islas, que benefician más a los más ricos.
Fuente El Confidencial
