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José Luis Escrivá cargará sobre los salarios el mayor esfuerzo para cuadrar las pensiones durante las próximas décadas, especialmente sobre los más altos. El ministro de Seguridad Social ultima los detalles de la propuesta que el Gobierno enviará a Bruselas, una vez que hay acuerdo entre los dos socios, según ha podido confirmar El Confidencial.
Como le pedían los sindicatos, el pacto político es el primer paso para iniciar la negociación con los agentes sociales, que se reúnen este viernes a las 12:30 con el papel del Gobierno sobre la mesa. Sin embargo, las líneas de la segunda parte de la reforma son muy difíciles de asumir para la patronal, ya que imponen la mayor parte del coste sobre las cotizaciones sociales, una línea roja para la CEOE. Durante las negociaciones con Bruselas, la Comisión Europea había mostrado su recelo a gravar aún más la fiscalidad del trabajo, pero desde el Ejecutivo aseguran que el pacto al que han llegado con los socios entra dentro de los parámetros que serían aceptables en la UE.
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Fuentes del Gobierno confirman a este periódico que plantearán a los representantes de los empresarios y los trabajadores una opción flexible para el periodo de cómputo, como adelanta el diario El País: el pensionista podrá elegir si continúa con el sistema actual, que coge los últimos 25 años, o si lo amplía a 29, pudiendo descartar los dos peores. Sin embargo, esto no es suficiente para cuadrar las cuentas, debido al aumento del gasto que supondrá la revalorización de las pensiones conforme al IPC que se consagró en la primera parte de la reforma, además del envejecimiento de la población y la incorporación a la jubilación de la generación del baby boom, con pensiones más elevadas.
La segunda parte, que el Gobierno debería haber tenido lista antes del 31 de diciembre para pedir el cuarto desembolso de los fondos europeos, pasaba por buscar nuevas vías para mejorar los ingresos. Y, ante la insuficiencia de la extensión del periodo de cálculo —sobre todo por su carácter voluntario, que pretende evitar la oposición de unos sindicatos que siempre se han negado a cualquier discusión sobre el asunto—, Escrivá ha buscado otros tres caminos.
El primero ya la conocíamos, y forma parte del compromiso que el Gobierno adquirió con Bruselas: el destope de las bases máximas de cotización, que vendrá acompañado de una revalorización solo parcial de la pensión máxima (10 veces menos que el aumento de las bases). Sin embargo, los otros dos se habían sugerido en algunas filtraciones a los medios durante las últimas semanas, pero sin ningún anuncio oficial.
El segundo es que los salarios más altos deberán afrontar un recargo de solidaridad sobre la diferencia entre la base máxima y el sueldo real, para hacer sostenible el sistema, según han confirmado fuentes conocedoras del estado de las negociaciones. Es decir: un aumento adicional de las cuotas de la Seguridad Social, en principio temporal, que se suma al incremento progresivo del 30% de las bases máximas de cotización durante las próximas tres décadas.
El horizonte que baraja el Ejecutivo es el de 2050, y para ello no ha dudado en penalizar a las rentas del trabajo. Y no solo a las más altas. De hecho, el tercer parche para cuadrar las cuentas, el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) —que es un recargo del 0,6% en todas las cotizaciones que se aplica desde este año como fruto de la primera parte de la reforma—, se extenderá hasta mediados de siglo. Esta era una petición expresa de Bruselas. Hasta ahora, el Gobierno solo contemplaba su vigencia hasta 2032, y preveía un mecanismo semiautomático para extenderlo en caso de que las previsiones de ingresos y gastos no se cumplieran y fuese necesario aplicar el recargo para cuadrar las cuentas.
En resumen, el Gobierno plantea una mayor presión sobre los salarios para garantizar la sostenibilidad del sistema, ante el limitado ahorro que supondrán los cambios en el periodo de cómputo. El Ejecutivo se había comprometido públicamente a que la reforma no llevaría a una reducción de la cuantía de las pensiones, algo que con toda seguridad ocurriría si la primera propuesta de Escrivá —30 años— se llevara a cabo. Durante los últimos meses, Seguridad Social se ha ido acercando a las reivindicaciones de los sindicatos y alejando de Bruselas, que ha advertido sottovoce que un país con un 13% de paro, el más alto de la UE, no puede aumentar los impuestos al trabajo.
Sin embargo, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el acuerdo se ha producido “gracias al acuerdo y consenso con las instituciones comunitarias”. Ante los medios, ha afirmado que ha sido “fruto de un intenso diálogo con la Comisión Europea y, por tanto, cumple con los hitos y objetivos establecidos en el plan de recuperación”. Según El País, la propuesta ya tiene la anuencia de Bruselas, será presentada el próximo miércoles en el Pacto de Toledo y aprobada próximamente en el Consejo de Ministros. Escrivá ya advirtió que sacaría la reforma como un decreto ley, aunque este tendrá que ser convalidado en Cortes, para lo que los dos partidos de la coalición necesitarían el apoyo de la mayoría que sustenta al Gobierno.
Fuentes del PNV aseguran que el Ministerio de Seguridad Social les comunicó este jueves las líneas maestras de la reforma, y que esta tiene el visto bueno de Bruselas. Sin embargo, matizan, todavía no cuenta con el aval de los nacionalistas vascos, claves para obtener una mayoría parlamentaria. Desde la formación jetzale reducen los contactos a “una conversación informativa en la que no hubo negociación alguna”. “EAJ-PNV no ha comunicado al Gobierno español su posición con respecto a este asunto, que supedita al análisis de la letra pequeña del Real Decreto Ley, recibido esta madrugada”, añaden.
Más difícil todavía será la aprobación de la patronal en la negociación de este viernes. Los empresarios siempre se han opuesto al incremento de las cotizaciones sociales, que la reforma bendice por partida triple. Durante la última década, España ha elevado en 3,1 puntos de PIB la presión fiscal al trabajo, según la oficina estadística comunitaria (Eurostat). Es el cuarto país que más lo ha hecho, solo por detrás de Eslovaquia, Lituania y Chipre. Para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones sin incrementar las cotizaciones, el Gobierno debería reducir las cuantías un 20% en los próximos años, según los cálculos de este periódico con base en los datos del Banco de España.
Reacciones políticas y sociales
Los agentes sociales se reunirán este mediodía para debatir todas estas novedades en materias de pensiones. Aunque todavía no disponen del texto que el Ejecutivo va a poner sobre la mesa, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha valorado positivamente las iniciativas que se han ido filtrando. “Si el paquete de medidas del Gobierno va en esa línea, el acuerdo es posible”, ha apuntado frente a los periodistas. No obstante, ha asegurado que seguirán siendo exigentes respecto a tres de sus principales iniciativas: la subida de las pensiones mínimas, un complemento de pensiones para vencer la brecha de género y superar las lagunas de cotización de las personas que están sin cotizar en los últimos años de su vida laboral. “No vamos a especular hasta que no veamos el texto definitivo”, ha reafirmado.
Los representantes de los empresarios todavía no se han pronunciado al respecto, pero Sordo ve “difícil” que la CEOE y CEPYME apoyen el acuerdo. Sí que se ha posicionado el Partido Popular. A través de su vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, ha expresado el temor de su formación a que la reforma pueda poner en riesgo las pensiones de los próximos años. “Nos da mucho miedo que el plan de Escrivá sirva para asegurar las pensiones de hoy a costa de los que ahora tenemos entre 40 y 60 años”, ha afirmado en una entrevista en RNE.
Vox también ha mostrado sus reticencias. “Aunque estamos pendientes de conocer el detalle, desconfiamos de cualquier acuerdo que se haya podido llegar entre PSOE y Unidas Podemos“, ha apuntado el portavoz del partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. “Sospechamos que cualquier medida consensuada con Podemos estará alejada del conocimiento básico del funcionamiento del sistema”, ha añadido en su habitual línea de confrontación con la formación morada.
Como no puede ser de otra manera, los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición se congratulan de haber alcanzado un acuerdo. Por ejemplo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado en Twitter que la reforma de las pensiones se hará incrementando “los ingresos que aportarán las empresas por los salarios más altos y protegiendo más las pensiones más bajas”.
Fuente El Confidencial
