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“Los narcos han ganado”, dijo temerariamente Aníbal Fernández el pasado 2 de marzo luego de un nuevo atentado en la ciudad de Rosario. A juzgar por algunas estadísticas, pareciera que el controvertido ministro de Seguridad tuviera razón.
De acuerdo a datos de la propia Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), en los últimos 10 años, las causas iniciadas por narcotráfico en la justicia federal de toda la Argentina cayeron un 74%. Mientras que en 2012 se iniciaron 24.652 expedientes vinculados a dicho delito, en 2022 se formaron solo 14.137 causas.
Los números van claramente a contramano del exponencial crecimiento del narcotráfico en todo el país, y no sólo en Rosario.
Los datos se desprenden tanto del informe de Gestión de la Procunar como de la Plataforma Interactiva que ofrece el organismo en su página web, de mucha utilidad para analizar qué se está haciendo en esta materia.
Dicha plataforma muestra “información descriptiva de las causas iniciadas por estupefacientes desde el año 2011 hasta el 2021 en el ámbito de la justicia federal, tomando como base los datos registrados al momento de su ingreso al sistema de administración de justicia, específicamente al Ministerio Público Fiscal (MPF)”.
Los delitos que comprende son básicamente por violación a la Ley de Estupefacientes (ley 23.737), así como aquellas investigaciones por el delito de contrabando de drogas, tipificado en el artículo 866 del Código Aduanero (ley 22.415).
Pero hay más.
También cayeron fuerte las investigaciones iniciadas por la propia Procunar en 2022 respecto a otros años. Mientras que en 2019 se iniciaron 328 nuevas intervenciones, durante el año pasado fueron 243. Lo que representa un 35% menos, a pesar de la gran penetración del narco en todo el país.
Respecto a 2021, la caída es mayor: un 37%, registrándose entonces 332 investigaciones. Si nos vamos más atrás, se puede verificar que en 2017 hubo 312 intervenciones. Pese a que en los últimos 6 años la actividad narco creció notablemente, resulta llamativo que las pesquisas hayan disminuido.
En el informe, la Procunar se justiifica afirmando que la disminución va “en línea la aplicación de criterios de selectividad a fin de identificar las intervenciones más relevantes en función de un enfoque estratégico (objetivo fijado desde 2019 para incrementar la calidad de las intervenciones en lugar de su cantidad)”.
En verdad, lo que estaría exponiendo aquellos números es la falta de acción por parte del Estado en todos sus niveles. Pero también desde el propio ministerio de Seguridad que hoy conduce Aníbal Fernández.
Un ejemplo de lo que estaría ocurriendo en la jurisdicción de Mar del Plata grafica a la perfección la problemática que afecta a todo el país.
Según trascendió y pudo averiguar este medio, importantes funcionarios judiciales de la localidad habrían hecho notar una alarmante carencia de nuevas investigaciones en materia de narcotráfico, en especial en el último año. Algo que se condice con los datos expuestos.
De hecho, ha llamado la atención la escasa cantidad de denuncias por aquel delito, cuando se sabe que la droga que circula por los barrios periféricos es cada vez mayor. Más en una ciudad que posee la desocupación más alta del país (8,8%) y una de las tasas de pobreza más importantes (alrededor del 30%).
En este contexto, tampoco se salvan los abogados de la Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO), creada por la ex procuradora Alejandra Gils Carbó a través de la Resolución 2636/15, cuyo objetivo es “facilitar el acceso a la justicia de las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad y su participación en el sistema de administración de justicia”.
En los último 9 meses, no se constató ninguna denuncia de ATAJO por narcotráfico en Mar del Plata. El titular en el distrito es Juan Pablo Gelemur, un dirigente muy allegado a la directora de la Anses, Fernanda Raverta. De hecho, se lo puede ver siempre junto a ella en todo acto en el que participe la marplatense.
En verdad, y como viene sucediendo en la ciudad balnearia, la repartición del Ministerio Público está más atenta a los delitos vinculados a la trata que a los del narco.
A partir de esta realidad, habrían existido diversas reuniones a fines del año pasado entre funcionarios de la justicia federal de la jurisdicción y los jefes de las fuerzas de seguridad que operan en Mar del Plata: Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura y la Policía Federal.
Y lo que habrían manifestado los agentes es alarmante: adujeron una notable escasez de recursos para poder afrontar investigaciones ante un delito que cada vez se complejiza más y una preocupante falta de personal.
Lo que estaría denotando una inaceptable ausencia de rumbo y de políticas para combatir al narcotráfico. Algo que estaría ocurriendo también en otras jurisdicciones del país. Tanto del Ministerio Público Fiscal que conduce Eduardo Casal como del ministerio de Seguridad de la Nación.
Las estadísticas públicas estarían apoyando decididamente estas conclusiones: según la Plataforma de la Procunar, entre 2016 y 2019, se iniciaron en Mar del Plata 220 causas por narcotráfico, mientras que entre 2020 y 2021, se abrieron apenas 16.
La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) fue creada en el año 2013 por Resolución 208/13, “para hacer frente a la necesidad, por parte del Ministerio Público Fiscal, de diseñar una política criminal, una organización institucional y estrategias de intervención acordes con la gravedad, complejidad, magnitud y extensión de la narcocriminalidad”. Su titular es el abogado Diego Iglesias.
Según su página web, “la intervención de la PROCUNAR en casos concretos puede darse en casos ya judicializados, en los que se presta colaboración a la fiscalía que interviene; o bien a partir de la recepción de información o denuncias respecto de hechos no judicializados, lo que motiva la formación de una investigación preliminar”.
Si bien Mar del Plata está muy lejos de ser Rosario, ha habido en los últimos años varias causas ligadas al narcotráfico muy rutilantes, como las llamadas “Clan Mariscal” y “Clan Camacho”.
Esta última se encuentra en etapa de juicio oral, con 15 imputados, ramificaciones en Tres Arroyos, Salta y el conurbano bonaerense, y donde se secuestraron 117 kilogramos de cocaína y 66 de marihuana.
Aquel operativo tuvo lugar en el año 2018. También en la región han caído fuertemente las operaciones de secuestro de estupefacientes, según los altos jefes policiales.
En la Cámara de Diputados avanza un proyecto que busca crear 27 puestos de fiscales (15 con asiento en Rosario), 9 cargos de defensores, 6 jueces con funciones de garantías, 6 jueces con funciones de revisión y 2 jueces con funciones de juicio y ejecución, lo que tendría un costo anual de más de $1500 millones, según informó el portal Infobae.
Pero una alta fuente judicial consultada no se muestra demasiado optimista: “La política siempre soluciona todo creando más burocracia. Esto no se soluciona con más edificios, se resuelve con más gente en el campo, con más recursos a las fuerzas de seguridad”.
Y concluye: “Hay que recuperar el terreno perdido por los narcos”.
Fuente Mendoza Today
