El Pacto de Estabilidad y Crecimiento introdujo en 1997 dos preceptos grabados en piedra desde entonces, y que ni siquiera la reforma de las reglas fiscales en curso se atreverá a borrar: el déficit de los Estados miembros no debe pasar del 3% y la deuda, del 60%. Ahora mismo, España incumple ambas, tras la barra libre de gasto durante la crisis del covid, que provocó la suspensión temporal de las normas comunitarias. Sin embargo, el Gobierno ve posible aprovechar el incremento de la recaudación —motivado, en gran parte, por la inflación— para aplicar la primera, ante el temido retorno de las reglas fiscales. Y, de hecho, ha prometido a Bruselas que lo hará ya en 2024, un año antes de lo previsto.
Pese a que el fin de la barra libre no tendrá lugar oficialmente hasta 2025, la Comisión Europea pidió a los Estados que diseñasen sus presupuestos para el año que viene teniendo en cuenta las nuevas normas. La propuesta legislativa del Ejecutivo comunitario, que se presentó este miércoles e inicia ahora un largo proceso de negociación con los Veintisiete, dictamina que los países que superen el 3% de déficit deberán someterse a un ajuste anual de al menos el 0,5%. Para evitar esta situación, el Gobierno español quiere acelerar su propia senda de consolidación fiscal, y se ha comprometido a llegar a esa cifra el año que viene.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, encargada de las negociaciones con Bruselas en este ámbito. La también ministra de Economía ha explicado, en declaraciones a los medios, que el Ejecutivo ha cerrado este mismo jueves la redacción del Programa de Estabilidad, un extensísimo documento donde los Estados explican a Bruselas su política fiscal para el año siguiente. El texto, que deberá ser enviado a la Comisión antes del 30 de abril —así lo establece el calendario del semestre europeo—, sirve como base para la elaboración de los presupuestos, y permite a las autoridades comunitarias poner coto a los posibles desequilibrios antes de que se produzcan.
En un contexto en que se acumulan las advertencias sobre la necesidad de un plan de consolidación fiscal creíble a largo plazo, el Gobierno se comprometerá con Bruselas a acelerar sus objetivos de reducción de déficit. Aunque el de este año se mantiene en el 3,9% —con las cuentas del Estado ya aprobadas, hay poco margen de maniobra—, el del año que viene pasa del 3,3% contemplado en el anterior Programa de Estabilidad al 3%, y el de 2025, del 2,9% al 2,7%, según recoge la agencia EFE. Ese año, el Ministerio de Hacienda prevé alcanzar el superávit primario, es decir, mayores ingresos que gastos si se descuenta el pago de los intereses de la deuda. Para 2026, que es cuando acaba la senda, el Ejecutivo espera que España presente un desequilibrio del 2,6%.
Hacienda presume de que la disminución del déficit no se hará por la vía del gasto, sino que se conseguirá gracias al mayor crecimiento de la economía y del empleo, es decir, a través del aumento de los ingresos. “Lo bonito y lo bueno de este dato de consolidación fiscal [es que se hace] sin practicar políticas de recorte, intentando ayudar a todos aquellos sectores que han tenido una peor situación y, por tanto, protegiendo a la mayoría social del país”, ha destacado la ministra del ramo, María Jesús Montero, en los pasillos del Congreso.
A la espera de conocer la letra pequeña del documento, que dará más pistas sobre la política de ingresos y gastos que prevé el Ejecutivo, lo único seguro es que no será este, sino el que salga de las urnas en las elecciones generales del próximo diciembre, el que deberá aplicar los ajustes necesarios. La Autoridad Independiente de Responsabilidad (AIReF), el organismo autónomo que vigila la sostenibilidad de las cuentas públicas, ya ha advertido de que España no cumplirá el objetivo de déficit de este año debido al gasto extraordinario y la merma de recaudación provocados, respectivamente, por las ayudas y las rebajas fiscales para paliar los efectos de la crisis inflacionista en las familias. De la misma manera, el Banco de España pide iniciar la retirada de las medidas más generalizadas y costosas aprovechando la mejora de la economía.
Ambas instituciones creen que es la hora de iniciar un paso atrás ordenado del Estado tras la expansión sin precedentes que provocó la pandemia. La deuda pública continúa por encima del 113%, y la reducción lograda por la inercia de la recuperación, advierten, podría tocar techo en 2025. En 2022, el déficit cayó hasta el 4,8%, 2,1 puntos menos que el año anterior, y el pasivo del conjunto de las administraciones se redujo en 5,1 puntos. Ambos indicadores cumplieron los objetivos que el Gobierno se marcó en el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas en abril del año pasado. Pero la inflación amaina y los récords de recaudación no durarán para siempre —el propio Gobierno reconoce que se irán moderando—, mientras la AIReF y el Banco de España alertan del riesgo de que algunas medidas coyunturales sí se cronifiquen e impidan la reducción del déficit estructural.
De momento, el Ejecutivo ha lanzado un potente mensaje a Bruselas: cumplirá una de las dos patas de Pacto de Estabilidad por primera vez desde 2018, cuando España consiguió salir del protocolo de déficit excesivo en que llevaba inmersa una década, desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. Con las nuevas reglas fiscales ya no se aplicará esta medida de control —que imponía una senda de reducción para cada país—, pero llegarán otras, como el 0,5% anual que Alemania ha conseguido colar en la propuesta legislativa de la Comisión y ahora deben negociar los Estados bajo la presidencia española del Consejo. Por lo que pueda pasar, el Gobierno quiere ponerse el parche antes de que se lo exijan.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento introdujo en 1997 dos preceptos grabados en piedra desde entonces, y que ni siquiera la reforma de las reglas fiscales en curso se atreverá a borrar: el déficit de los Estados miembros no debe pasar del 3% y la deuda, del 60%. Ahora mismo, España incumple ambas, tras la barra libre de gasto durante la crisis del covid, que provocó la suspensión temporal de las normas comunitarias. Sin embargo, el Gobierno ve posible aprovechar el incremento de la recaudación —motivado, en gran parte, por la inflación— para aplicar la primera, ante el temido retorno de las reglas fiscales. Y, de hecho, ha prometido a Bruselas que lo hará ya en 2024, un año antes de lo previsto.
Fuente El Confidencial
