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La legislatura que termina está marcada por dos crisis económicas consecutivas que han afectado especialmente a los hogares con menos recursos. La pandemia destruyó miles de empleos en sectores precarios: hostelería, limpieza, servicios auxiliares, etc. Después, la crisis inflacionista se cebó con los alimentos y la energía, los bienes a los que estos hogares destinan la mayor parte de su renta. Sin embargo, el número de hogares que declara tener problemas para llegar a final de mes se ha reducido en 5 puntos porcentuales desde 2018 hasta 2022 (del 27% al 22% de la población). En paralelo, los hogares que declaran llegar holgadamente se han incrementado en 9 puntos (del 14% al 23%).
A pesar de todas las dificultades económicas, la intensa creación de empleo, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), las prestaciones públicas y las medidas contracíclicas de la política fiscal han permitido a los hogares superar las crisis de forma positiva. Esto explica que se haya mantenido el crecimiento del PIB desde que finalizaron los confinamientos por la covid, en gran medida como consecuencia del motor de la demanda interna.
La mejora de la renta de los hogares pobres ha permitido acortar la brecha en la tasa de pobreza entre las comunidades autónomas ricas y las pobres. Es comprensible que sea así, ya que las regiones que tienen más porcentaje de su población en los primeros deciles de renta se han convertido en las más beneficiadas. Destaca, por encima de todas las demás, Extremadura, que es históricamente la comunidad con mayores niveles de pobreza, pero en los últimos años ha registrado un gran avance.
En el año 2018 tenía casi un 38% de su población en riesgo de pobreza y en 2022 este porcentaje se redujo hasta el 30%. Aunque sigue siendo un nivel muy elevado (en el conjunto de España es del 20%), se trata del mayor avance registrado durante la legislatura, lo que permite una cierta convergencia con la media nacional. Además de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Canarias o Murcia se encuentran también entre las CCAA que más han reducido el porcentaje de su población en riesgo de pobreza a lo largo de los últimos cuatro años.
Este avance se explica, en buena medida, por la creación de empleo. El número de afiliados está en máximos históricos, y esta es la mejor política redistributiva. De hecho, según el Monitor de Desigualdad de CaixaBank Research (elaborado a partir de la evolución de los ingresos de sus clientes) la desigualdad de mercado (previa a la redistribución del sector público) al inicio de 2023 era casi dos puntos inferior a la existente antes de la pandemia, medido según el índice de Gini. La subida del salario mínimo también ha sido clave para reducir la desigualdad de mercado, ya que los salarios que más han subido son los de las clases bajas.
Según el Monitor de Desigualdad que elabora CaixaBank Research, Extremadura es la segunda CCAA en la que más se ha reducido la desigualdad de mercado, con una caída de 3,1 puntos. La primera es Canarias, con un descenso de 3,5 puntos. En estas regiones la incidencia del salario mínimo ha sido muy superior a la media nacional. Por el contrario, en La Rioja o Navarra, donde el SMI tiene una incidencia muy baja, la desigualdad de mercado se ha reducido apenas 0,6 puntos.
Las transferencias públicas evitaron un gran incremento de la desigualdad durante los meses de la pandemia y evitaron que la situación de muchos hogares fuese dramática. En especial, estas transferencias fueron las procedentes de los ERTE y, posteriormente, del ingreso mínimo vital. Así, aunque la desigualdad de mercado se disparó en 11 puntos durante el ‘gran confinamiento’, las prestaciones sociales redujeron esta cifra a apenas un tercio: 4 puntos.
Esta reducción de la desigualdad y de los niveles de pobreza es estructural por dos motivos. El primero es que la subida del SMI ha consolidado mayores ingresos en los trabajos peor remunerados. El segundo es que el ingreso mínimo vital sigue desplegándose, suponiendo una gran ayuda para los hogares más pobres. De esta forma, es previsible que España mejore posiciones en el ranking europeo, ya que históricamente ha sido uno de los países con mayores tasas de riesgo de pobreza.
La legislatura que termina está marcada por dos crisis económicas consecutivas que han afectado especialmente a los hogares con menos recursos. La pandemia destruyó miles de empleos en sectores precarios: hostelería, limpieza, servicios auxiliares, etc. Después, la crisis inflacionista se cebó con los alimentos y la energía, los bienes a los que estos hogares destinan la mayor parte de su renta. Sin embargo, el número de hogares que declara tener problemas para llegar a final de mes se ha reducido en 5 puntos porcentuales desde 2018 hasta 2022 (del 27% al 22% de la población). En paralelo, los hogares que declaran llegar holgadamente se han incrementado en 9 puntos (del 14% al 23%).
Fuente El Confidencial
