Los servicios de empleo de las CCAA reclaman más financiación y flexibilidad para ser útiles

Para una gran parte de la ciudadanía, los servicios públicos de empleo tienen la función de tramitar la prestación por desempleo y poco más. Casi nunca suelen ser la primera referencia a la hora de buscar trabajo o ampliar la formación laboral y tienen el hándicap añadido de que, además del nacional, cada comunidad autónoma tiene su propio servicio específico. Recientemente, la legislación se ha hecho cargo de esta situación y ha querido incluir en la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo algunos elementos clave con el objetivo de modernizar la política de empleo e impulsar su utilidad, dotándola de más recursos que mejoren su eficiencia.

Para conocer de primera mano las impresiones de los agentes implicados y los expertos en la materia, El Confidencial organizó junto a EY un encuentro titulado Oportunidad para la modernización de las políticas y los servicios públicos de Empleo. En la tertulia, participaron Gerardo Gutiérrez Ardoy, director general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE); Alfredo Timermans del Olmo, viceconsejero de Empleo de la Comunidad de Madrid; María Victoria Martín-Lomeña Guerrero, secretaria general del Servicio Público de Empleo y Formación y directora gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE); Zeltia Lado Lago, directora general de Formación para el Empleo y Orientación de la Xunta de Galicia; Ignacio Niño, senior advisor de Sector Público de EY Transforma Servicios de Consultoría, y Luis María Bautista, socio responsable de Sector Público de EY Transforma Servicios de Consultoría.

El primero en intervenir fue Gerardo Gutiérrez Ardoy, quien enfatizó que “era necesario actualizar la normativa de 2003 porque estaba obsoleta. La nueva ley nace de una gran colaboración y ha sido respaldada por los 17 servicios de empleo de las comunidades autónomas”. Asimismo, el director general del SEPE subrayó que “uno de los pilares del texto es la incorporación de un catálogo de servicios garantizados, el acompañamiento personalizado y el acceso a una cartera común. Todo, a partir de la tutorización y un itinerario individualizado”. Entre otras novedades de la ley, enumeró que el SEPE a partir de ahora se reconvertirá en Agencia Española de Empleo, las empresas participantes estarán obligadas a comunicar las vacantes, la Oficina de Análisis se encargará de plantear las políticas y el Portal Único —cuyo nombre es Empléate— se modernizará con nuevas tecnologías.

Sin embargo, no todos los participantes en el coloquio fueron tan optimistas con la nueva ley. Así, entre los principales retos a los que se enfrentan los sistemas públicos de empleo, Ignacio Niño destacó uno en concreto: “Cómo acercar a compañías y ciudadanos”. Bajo la perspectiva del experto de EY, “la gran cuestión es cómo ser realmente útil, ya que, en numerosas ocasiones, el ciudadano solo acude al sistema por temas burocráticos o para solicitar la prestación por desempleo. Y en el caso de las empresas, no hay demasiada implicación en líneas generales. Pese a que la nueva ley de empleo afronta estas cuestiones y es un gran avance, todavía falta más financiación y más tecnología”, matizó.

En la misma línea de pensamiento, su compañero Luis María Bautista precisó que “el momento actual presenta una oportunidad única para poner en relación las tecnologías que ya existen —especialmente aquellas que ayuden a individualizar los servicios y a automatizar los procesos para hacerlos más eficientes— con la inversión necesaria para ponerlas en marcha, gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a nivel nacional, y de los fondos NextGenerationEU, a nivel europeo”.

La necesidad de escuchar al tejido productivo

Los tres representantes de servicios públicos de empleo autonómicos elogiaron algunos logros de la nueva ley, pero también la criticaron en otros muchos aspectos. Así, Zeltia Lado Lago incidió en que “el cambio de persona jurídica del SEPE no es la solución, debería tener otro papel más allá de gestionar estadísticas y ser el pagador. Además, la nueva ley no proporciona realmente un marco financiero adecuado para poner en práctica las políticas diseñadas por parte de las comunidades autónomas, no garantiza el flujo de información a través de la tecnología para que se pueda asesorar a los ciudadanos con calidad, tampoco soluciona el problema del paro, ni asegura la formación de los profesionales de acuerdo con las necesidades del tejido productivo”.

Con la representante gallega coincidió, en gran medida, el viceconsejero de Empleo de la Comunidad de Madrid. Para Alfredo Timermans del Olmo, “los servicios garantizados no dejan de ser una declaración de principios, ya que la normativa no ha ido realmente acompañada de la suficiente dotación económica. En paralelo, las empresas no transmiten sus necesidades reales de lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo. Por estas y otras razones, la ley es irrelevante desde nuestro punto de vista porque, aunque haya descendido el desempleo en España debido a una coyuntura económica favorable, lo cierto es que seguimos a la cola en la UE y la OCDE, hasta el punto de que nos ha superado incluso Grecia”, se lamentó. Aunque aclaró que “un aspecto positivo de la ley es la posibilidad de establecer colaboraciones público-privadas en materia de política de empleo”.

“La nueva ley no proporciona un marco financiero adecuado, ni escucha las necesidades del tejido productivo” (Zeltia Lado Lago)

Por su parte, la responsable del SAE andaluz expuso que, en su opinión, “es interesante que el texto incorpore a la empresa como un elemento central, ya que las compañías son las generadoras de empleo, especialmente las pymes, que son mayoritarias en nuestro país”. Sin embargo, María Victoria Martín-Lomeña Guerrero confirmó que “los sistemas de empleo todavía tienen demasiada rigidez debido a las pautas establecidas desde el Ejecutivo central y a que existen 17 realidades laborales distintas. Todo esto resta flexibilidad para que la oferta y la demanda se encuentren. Al mismo tiempo —continuó— existen muchos sectores e industrias concretas con dificultades añadidas a la hora de cubrir vacantes”.

El mercado demanda flexibilidad en la formación

El último tramo de la tertulia abordó el tema de las vacantes y la brecha de talento. Según Eurostat, en el primer trimestre de 2023 había 141.654 puestos sin cubrir en España. Entre las razones esgrimidas para explicar esta situación, los representantes de los servicios públicos autonómicos apuntaron a que “la nueva ley obliga a canalizar a través del sistema educativo esta coyuntura, lo que provoca una disfunción”, tal y como apuntó Lado Lago. La directora general de Formación para el Empleo y Orientación de la Xunta de Galicia indicó que “Educación está asumiendo responsabilidades que corresponden a las empresas y, dado que el sistema es muy poco flexible, los efectos tienen traslación al mercado laboral”. Como elemento añadido a esta situación, afirmó que “el actual invierno demográfico también contribuye al incremento de vacantes”.

En plena sintonía se mostraron Martín.Lomeña Guerrero y Timermans del Olmo. La primera reiteró que “las necesidades del mercado de trabajo han de analizarse desde el tejido productivo: la educación no es flexible, las organizaciones sí. Los certificados de profesionalidad están obsoletos, mientras que las compañías piden agilidad y rapidez. Hay que plantearse qué quiere cada sector e incorporarlo al catálogo para evitar que se continúen produciendo disfunciones en este sentido”, según detalló. El segundo experto, por su parte, avisó de que “hace cincuenta años sí se formaba a las personas para cubrir las necesidades de las empresas, pero esto actualmente ya no sucede. Por otra parte —puntualizó—, no se tiene suficientemente en cuenta que las empresas españolas son pymes en su mayoría y las contrataciones se hacen por recomendaciones y boca a boca. A veces se legisla para una sociedad que no existe”, sostuvo.

“Articular fórmulas de colaboración público-privada podría mejorar la relación entre empresa y servicios públicos de empleo” (Ignacio Niño)

Para los expertos de EY, “es fundamental preguntar de verdad a la empresa, es la prueba del algodón”, tal y como especificó Ignacio Niño. Para el senior advisor de Sector Público de la consultora, “la empresa percibe con desdén la relación con los servicios públicos de empleo y una buena solución sería articular fórmulas de colaboración público-privada para aumentar la eficacia del sistema”, recomendó. Esta idea fue secundada por su compañero Luis María Bautista, quien además observó que “pese a que todos los servicios públicos de empleo han mejorado sus experiencias a la hora de escuchar a la empresa, todavía es necesario entender qué necesita”.

Finalmente, el director general del SEPE reconoció que “el problema de las vacantes afecta a sectores concretos y, por lo tanto, los esfuerzos deben orientarse en mejorar el proceso en esta dirección”. También aseguró que “se está trabajando para solucionar la cuestión desde el marco de la Comisión de Seguimiento Tripartita Laboral”. Gerardo Gutiérrez Ardoy remarcó que “la respuesta se encuentra en la formación” y defendió que “por esta razón se ha incrementado la flexibilidad a través del catálogo de especialidades formativas. Ahora se dan de alta nuevas especialidades con mayor rapidez y facilidad. De hecho —señaló para concluir—, tres cuartas partes de este listado profesional han sido revisadas en los últimos cuatro años“.

Para una gran parte de la ciudadanía, los servicios públicos de empleo tienen la función de tramitar la prestación por desempleo y poco más. Casi nunca suelen ser la primera referencia a la hora de buscar trabajo o ampliar la formación laboral y tienen el hándicap añadido de que, además del nacional, cada comunidad autónoma tiene su propio servicio específico. Recientemente, la legislación se ha hecho cargo de esta situación y ha querido incluir en la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo algunos elementos clave con el objetivo de modernizar la política de empleo e impulsar su utilidad, dotándola de más recursos que mejoren su eficiencia.