Política de vivienda, diagnosis de un fracaso en Cataluña y en toda España

Esta semana, el Banco de España ha dado la alerta sobre la escasez de vivienda en España, una opinión a la que el sector le pone cifras. Ni subiendo los tipos de manera prolongada bajan los precios, con lo que la vivienda en las grandes ciudades —Madrid, Barcelona, Málaga, Palma de Mallorca, San Sebastián, Sevilla— se ha convertido en el principal factor de desigualdad de la economía catalana y también española.

Días antes, en Badalona, el presidente de Habitat, Juan María Nin, llegaba conclusiones muy parecidas en unas jornadas organizadas por la asociación Restarting Badalona, precisamente para tratar la problemática del acceso residencial. Nin, con mucha más libertad para hablar que el banco emisor, llegaba a unas conclusiones mucho más contundentes y hablaba de “fracaso colectivo“.

“Debemos poner retos. Estamos frente a un fracaso colectivo. Y no está de más mirar hacia atrás a épocas pasadas donde había gente que lo hizo mejor que nosotros. Entre el año 61 y 75 se realizaron 4,8 millones viviendas de protección oficial de todo tipo. De calidad entre media alta y alta. Ahora solo quedan 300.000, el resto pasaron a propiedad privada“, apuntó Juan María Nin en este foro de reflexión económica y social.

Nin sí se atrevió mirar hacia atrás y sus conclusiones resultaron muy sangrantes: “Desde la Ley Boyer se han levantado 100.000 viviendas sociales. ¿Cómo debemos asumir este fracaso colectivo? Está claro que lo estamos haciendo mal“.

En su intervención, el ejecutivo catalán hizo algo que no acostumbran a hacer los políticos que tratan tan espinosa cuestión: separar las políticas de asistencia social de las políticas de vivienda. Que una cosa no puede excluir a la otra, pero no se puede disfrazar la necesaria política de asistencia social de una política de vivienda que ha de afectar a capas mucho más amplias de la población.

El presidente de Habitat diseccionó muy bien dónde radican las carencias de este sector inmobiliario que, como refleja el estudio del Banco de España, va a generar en los próximos años mucha menos vivienda que los nuevos hogares que se crearán en España por el fenómeno migratorio. Así, pidió “una mejora de la financiación a corto plazo para el sector” y recordó que “es necesario generar suelo urbanizable, hacen falta grandes promotores, que entreguen 25.000 viviendas año. Y grandes propietarios que tenga 100.000 pisos en alquiler”. En este momento, España carece tanto de uno como de lo otro. Tampoco hay en marcha un gran programa para generar suelo urbanizable en los núcleos urbanos.

Problema compartido

La vivienda es un drama compartido en España. Ya sea desde la calle de Alcalá, sede del Banco de España, o de desde un foro económico en Badalona, todo el mundo coincide con el mismo análisis: la vivienda es el problema. También el presidente catalán, Pere Aragonès, quien abre esta semana una crisis de gobierno en la Generalitat y nombra nueva consellera de Territori, elogia a Esther Capella y, como nueva titular de la cartera, le pone deberes. El primer tema, “la vivienda“. Desde luego, las grandes soluciones de su predecesor, Juli Fernández, expropiar pisos vacíos de grandes tenedores —50 pisos al año— no iban a solventar nada. Por lo reducido de su alcance y porque cometía el error de confundir la asistencia social con una verdadera política de vivienda. Porque una cosa es entregar viviendas a las clases más desprotegidas y otra desplegar una política de vivienda social.

Confundir la política asistencial con la política de vivienda agrava el problema

Los precios de la vivienda no bajan ni es previsible que lo hagan a corto plazo. No en las grandes ciudades, donde quiere vivir la gente. Y como advierte Nin sobre la nueva Ley de Vivienda que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez, “a nivel local puede arreglar algo, pero a nivel macro la ley tiene consecuencias negativas para el alquiler“.

El nuevo turismo

En algunas zonas, la nueva dimensión del turismo intermediado por las nuevas plataformas digitales ha convertido el mercado en un infierno. Son los casos de Málaga, Mallorca o Barcelona, por poner un ejemplo. Al retirar miles de pisos del mercado de alquiler que encuentran en el arrendamiento por rotación una rentabilidad cinco veces mayor, el estrangulamiento en este tipo de ciudades es mucho mayor.

Las inmobiliarias no solo ponen condiciones injustas a los futuros inquilinos, es que no tienen producto. En Barcelona, 9.720 viviendas cuentan con esa calificación, son los pisos turísticos legales. Parece urgente dedicar dinero público a reformar el PEUAT —Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos— para revocar estas licencias en la capital catalana.

Solo Ada Colau lo dejó caer en durante la campaña electoral. Fiel su estilo, ya advirtió que no pagaría un euro por retirar estas licencias. Un planteamiento poco realista. Pero, ciertamente, a nada mejor se podrían dedicar fondos públicos. Serían las diferencias entre una verdadera política de vivienda y los parches asistenciales que suele ofrecer nuestra clase política. Eso, más las ayudas fiscales a los propietarios podría revertir, en parte, una situación viciada en muchas plazas. Y que nadie se confunda. Bienvenidos sean los turistas y las divisas que traen a países como el nuestro, faltos de petróleo. Pero que vengan a hoteles. Como toda la vida. Porque la vivienda es el problema. Y cada año que pasa sin que se afronte como lo que es, una emergencia nacional, la situación se va volviendo peor.

Esta semana, el Banco de España ha dado la alerta sobre la escasez de vivienda en España, una opinión a la que el sector le pone cifras. Ni subiendo los tipos de manera prolongada bajan los precios, con lo que la vivienda en las grandes ciudades —Madrid, Barcelona, Málaga, Palma de Mallorca, San Sebastián, Sevilla— se ha convertido en el principal factor de desigualdad de la economía catalana y también española.