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Un proyecto de resolución de la diputada puntana Karina Bachey expresa “su más enérgico repudio y preocupación por la aprobación de una ley impulsada por el gobernador saliente, Alberto Rodríguez Saá, que crea 53 nuevos cargos de funcionarios públicos en la Legislatura de la provincia de San Luis, con sueldos de 80 mil pesos cada uno”.
Los mismos, afirma Bachey, “servirán como refugio para funcionarios del oficialismo una vez que concluya el mandato del gobernador actual”.
El proyecto tuvo un amplio respaldo de los siguientes diputados: Claudio Poggi, Dina Rezinovsky, Alejandro Finocchiaro, Alejandro Cacace, Margarita Stolbizer, Sabrina Ajmechet, Gerardo Cipolini, Mario Barletta, Pablo Torello, Mercedes Joury, Sofía Brambilla, Alberto Asseff, María Sotolano, Germana Figueroa Casas, Lidia Inés Ascarate, María Luján Rey, Álvaro González, Marcela Coli, Florencia Klipauka, Gabriela Lena, Carlos Zapata, Carolina Castets y Aníbal Tortoriello.
Tras calificar el hecho como “de extrema gravedad institucional”, lamenta su autora que las dos cámaras aprobaran y convirtieran en ley en menos de 24 horas la creación de un cuerpo especial de 53 directores con rango de funcionarios. Se estima que ese gasto político tendrá un impacto de 500 millones de pesos en el presupuesto.
Sostiene Bachey que la norma fue aprobada a instancias del gobernador Rodríguez Saá para nombrar a funcionarios y asesores que se quedarán sin cargos a partir de diciembre en el Gobierno porque el oficialismo perdió las elecciones.
El proyecto que se aprobó en la Legislatura provincial crea una nueva estructura en las comisiones de Diputados y Senadores de San Luis. Se trata del “Cuerpo Especial de Directores”, integrados por “directores de comisión”. Son 28 cargos “con estabilidad” en la Cámara de Diputados, y 22, en la de Senadores. A esa suma de 50 puestos con estabilidad, se suman tres más sin estabilidad que se añaden a la estructura del Senado.
Advierte el proyecto que también se busca aumentar varias veces el presupuesto de la Universidad Provincial de Oficios para generar más cargos políticos. Y la tercera medida, es un proyecto de ley de modificación del presupuesto para generar más empleo público.
En el listado de medidas polémicas se ubican además los llamados a licitación por $.3700 millones para hacer compras y obras que no están en el presupuesto 2023; el pedido de acuerdo para designar fiscales y defensores, la intención de designar un juez en la Corte y la pretensión de nombrar como defensor del Pueblo al exintendente Enrique Ponce.
“En una provincia con un 63% de niños y niñas viviendo por debajo de la línea de pobreza, es inentendible una decisión totalmente desacertada del actual gobernador, que no solo vive una realidad paralela, sino que no toma ningún tipo de medida para atender esta situación”, señala la diputada de Juntos por el Cambio, que ve con preocupación “este tipo de decisiones tomadas por el Gobierno provincial, que se suma a la nula voluntad del oficialismo de comenzar un proceso de transición ordenada, con el gobernador electo, Claudio Poggi”.
Fuente Mendoza Today
