El Consejo de Gobierno de Castilla y León, celebrado este jueves, el segundo de la semana tras el paréntesis estival, aprobó el proyecto de ley que regula el funcionamiento de las residencias de mayores y dependientes que, de esta forma, será remitido a las Cortes autonómicas para su tramitación parlamentaria. Cuando sus señorías se incorporen avanzado el mes de septiembre, se encontrarán con esta labor, pero también con una asignatura que quedó pendiente en julio como es la celebración del debate sobre política general en el que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, debe dar cuenta sobre el estado de la Comunidad. La cita, que según el Reglamento del Parlamento de Castilla y León se debe celebrar antes del 30 de junio, no se llevó a cabo ya que el Gobierno autonómico entendió que las elecciones generales del 23 de julio iban a condicionar dicho debate, así que lo pospuso hasta septiembre.
Ayer, tras el Consejo de Gobierno, el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que «la comparecencia del presidente sigue en pie», si bien deslizó que aunque se barajan algunas fechas «puede haber colisión con las sesiones del Parlamento nacional», en referencia a la celebración los días 26 y 27 de septiembre del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. En cualquier caso, aclaró que «todavía no hay fecha», entre otras cosas porque son las propias Cortes regionales las que deberán establecer también el calendario del nuevo periodo de sesiones y aún se deberá convocar la Mesa y la Junta de Portavoces para formalizar este trámite.
Otros deberes aún pendientes del Ejecutivo autonómico tiene que ver con dos iniciativas que forman parte del acuerdo de gobierno alcanzado por PP y Vox en marzo de 2022. En él se señalaba que antes del mes de julio habría arrancado el proceso para elaborar la ley de violencia intrafamiliar y el decreto de concordia, ambos exigencias de los de Abascal que ya han acusado públicamente a los populares de intentar retrasarlos. Hasta el momento, las dos iniciativas no han pasado del trámite en Gobierno Abierto para que los ciudadanos hagan sugerencias o aportaciones.
Carriedo reconoció que «no hay plazos» e insistió en que el objetivo es «avanzar desde el diálogo y la búsqueda de acuerdos». «Queremos que sea una buena ley –dijo en alusión a la de violencia intrafamiliar– y que tenga el máximo consenso antes que rapidez».
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Fuente ABC
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