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Por Fernando Laborda
Los recientes ataques y saqueos contra comercios en distintos sitios del país y la actitud de numerosos comerciantes que, en defensa propia, se vieron forzados a bajar las persianas de sus negocios en las últimas horas o a armarse con palos para enfrentar a los violentos son la consecuencia de un gobierno que hace rato bajó la persiana y desertó de su indelegable deber a la hora de proteger a la población frente a la delincuencia. El orden público es mala palabra para el kirchnerismo, del mismo modo que hablar de inflación o de pobreza ha sido considerado “estigmatizante” para algunos de sus dirigentes.
Algunos funcionarios del gobierno de Alberto Fernández se han convertido en simples comentaristas de la realidad, aunque en rigor se empeñen en negar una realidad que está delante de los ojos de todos los argentinos. La negación de la existencia de los saqueos por parte de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, es el ejemplo más emblemático.
En un mensaje público que pronunció en 2012, cuando era presidenta de la Nación, Cristina Kirchner había responsabilizado a sectores del peronismo por los hechos vandálicos y los recordados saqueos de supermercados que, en 1989 y en 2001, sembraron el caos y generaron las condiciones para las renuncias anticipadas de los presidentes Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa. En estas horas, sin embargo, la vicepresidenta ha optado por el silencio frente a episodios de violencia demasiado parecidos a aquellos.
Un referente del kirchnerismo, como el dirigente de La Cámpora Andrés “Cuervo” Larroque, difundió en las últimas horas una curiosa proclama en medio de la convulsión desatada por la crisis económica y los saqueos: “Massa o disolución nacional”. En un comunicado, señaló que “hoy nos enfrentamos a una encrucijada histórica: o el peronismo gana las próximas elecciones o nuestra Patria se enfrenta a un destino de disolución y de sufrimiento extremo para las familias argentinas”. Y concluyó la declaración con una frase del general José de San Martín: “Cuando la Patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla”.
No es la primera vez que el kirchnerismo recurre a esta clase de mensajes mesiánicos, como “nosotros o el caos”, que apuntan a sembrar el miedo en la ciudadanía de cara al proceso electoral. Ya el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, había advertido que, si la oposición triunfa en las próximas elecciones, “las calles van a estar regadas de sangre y de muertes”. Tal frase tiene un notable parecido con otra lanzada meses atrás por Gregorio Dalbón, uno de los abogados defensores de la vicepresidenta: “Si Cristina Kirchner va presa, correrán ríos de sangre”, amenazó.
En los últimos tiempos se multiplicaron las expresiones de ese tipo. “Que vengan y la vamos a pelear, y en un año y medio se van en helicóptero”, había afirmado Juan Grabois. “Si (con Cristina Kirchner) quieren hacer lo mismo que hicieron con Lula en Brasil, van a tener una reacción popular que no se van a poder bancar y vuelan todos en pedacitos”, había expresado el intendente de Ensenada, Mario Secco.
Y más recientemente, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Capital Federal, Daniel Catalano, lanzó otra advertencia: “Si (Javier) Milei termina siendo presidente, va a ser una presidencia corta”. Algo similar decía el secretario del Consejo de la Economía Popular y dirigente del movimiento Barrios de Pie, Daniel Menéndez, semanas atrás, refiriéndose a quien por entonces era otro de los candidatos presidenciales de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta: “No dura ni dos segundos con su programa, ni una semana de gobierno, si quieren avanzar sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras”.
Cuando dirigentes del oficialismo se jactan de su capacidad para ejercer con impudicia la violencia callejera para tomar como rehenes a los argentinos de bien es porque, una vez más, nos hallamos frente a un intento de extorsionar a la ciudadanía, tapizando de miedo el camino hacia las urnas.
Claro que el verdadero miedo lo sienten quienes medran a costa del Estado y del derroche de gasto público solventado por los contribuyentes y por la emisión espuria de moneda que ha desatado el impuesto más regresivo que existe: la inflación, madre del galopante empobrecimiento de la población y, en particular, de los sectores más vulnerables. De lo que se trata es de proteger los intereses y privilegios de una cúpula formada por funcionarios, empresarios y sindicalistas prebendarios, dirigentes sociales gerenciadores de la pobreza, militantes parasitarios y punteros políticos acostumbrados a usar a los pobres como carne de cañón para sus extorsiones.
No puede afirmarse que detrás de todos los recientes hechos de violencia esté la coalición oficialista, independientemente de que estos episodios rara vez son manifestaciones espontáneas ni son producto de quienes sufren hambre. Pero lo cierto es que el propio kirchnerismo ha buscado servirse de estos actos para seguir infundiendo temor en el electorado frente a lo que podría esperarse si triunfa la oposición, encarnada tanto en Milei como en Patricia Bullrich.
En sectores de Juntos por el Cambio, se ha llegado a conjeturar que, desde el propio oficialismo, se está buscando que la inestabilidad social se convierta en una oportunidad para adelantar los comicios generales del 22 de octubre. Algo que perjudicaría el armado de Patricia Bullrich, quien tiene una tarea bastante más complicada que Milei para asegurarse la retención del voto a Rodríguez Larreta y salir a captar a otros segmentos del electorado. En esa hipótesis, Unión por la Patria buscaría desplazar a la candidata opositora del segundo lugar para forzar un ballottage entre Milei y Massa.
Pero mientras crecen las interpretaciones conspirativas de ese tipo, lo cierto es que el gobierno de Alberto Fernández acelera su proceso de deterioro y nadie puede olvidar que Massa y su compañero de fórmula, Agustín Rossi, ocupan dos de los cargos más relevantes en la administración nacional. No hay margen para que se hagan los desentendidos.
Fuente La Nacion
