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Por Lucia Salinas
La Casación Federal debe revisar las condenas por el caso de fraude al Estado.
El ex titular de la AFIP fue condenado a 4 años y 8 meses de cárcel, y los empresario K absueltos.
Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal que tienen en sus manos el futuro judicial de Cristina Kirchner en sus causas por lavado de dinero deben tomar otra decisión clave sobre Ricardo Echegaray, Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa.
Con la jubilación de Ana María Figueroa, ordenada por la Corte Suprema, los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña deben expedirse sobre la condena para el ex titular de la AFIP y la absolución que recibieron los empresarios K en el caso Oil Combustibles. De no estar de acuerdo respecto a si confirman o revocan esa decisión, deberán convocar a un tercer magistrado para que vote junto a ellos.
En junio pasado, el fiscal federal Mario Villar pidió que los dueños de la petrolera y del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, sean condenados por el delito de defraudación al Estado. En este caso el Tribunal de juicio sólo condenó a Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP. En aquella exposición, el representante del Ministerio Público Fiscal indicó que se trató de un veredicto “sorpresivo una condena al supuesto autor y la absolución a quienes se beneficiaron con la maniobra es extraño”.
Los jueces del máximo tribunal penal ya realizaron una serie de audiencias para escuchar a las partes involucradas y a la fiscalía que apeló aquella sentencia. Fuentes judiciales informaron a Clarín que al menos uno de los dos jueces ya redactó un proyecto de voto y se encuentra bajo análisis en el primer piso de Comodoro Py.
Una sentencia polémica
El 17 de marzo de 2022 se conocieron los fundamentos del Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) respecto de su sentencia en el juicio por el fraude al Estado a través de la empresa Oil Combustibles, de López y De Sousa. En ese fallo, con voto dividido, el único condenado fue Echegaray, quien recibió una pena de cuatro años y ocho meses de cárcel. Los empresarios, en cambio, fueron absueltos.
Ante la apelación a ese criterio de los jueces Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos (Andrés Basso votó por la condena para todos los investigados), es que la Sala I de la Casación Federal revisará la sentencia.
La acusación con la que López y De Sousa fueron a juicio sostenía que mientras no pagaban al fisco el impuesto a los combustibles líquidos (del cual Oil era agente de retención), la AFIP le otorgaba planes de pago con facilidades para pagar esa deuda, aunque a su vez tampoco lo hacían. Y que con el dinero que le retenían indebidamente a los consumidores de nafta y no liquidaban a la AFIP, los empresarios iban expandiendo el holding Indalo.
El monto del fraude fue revisado durante el juicio, y se ajustó a un período menor al que contemplaba la imputación fiscal. Así, se sostuvo que la deuda de Oil ascendía a unos 5.600 millones de pesos.
En su voto mayoritario, los jueces Machado Pelloni y Ríos señalaron que en este tipo de maniobras “el titular de la fuente de riesgos resulta ser el funcionario público y no el extraño”, es decir los dueños de Oil. En función de eso, consideraron que “López y de Sousa no son infractores del deber (u obligación) de fidelidad en la gestión de administración, que sí recaía completamente en cabeza del ex Administrador Federal”.
Pese a la disidencia del juez Andrés Basso, Echegaray fue el único condenado en el caso. Lo hallaron culpable de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública,“porque sabía de manera efectiva, que las conductas que llevó a cabo durante su gestión como Administrador Federal del organismo recaudador, eran prohibidas por contradicción abierta a su asunción institucional”.
Cuando el fiscal ante la Casación Federal, Mario Villar, defendió los argumentos de la apelación, se refirió a una sentencia “sorpresiva” donde hubo una “condena al supuesto autor y la absolución a quienes se beneficiaron con la maniobra.” Para Villar, “es extraño”, y pidió que se revise en base a la “arbitrariedad en la aplicación del derecho y en el fraccionamiento de la descripción de los hechos”.
Villar también recogió el argumento que el juez Basso había manifestado en su voto de minoría, según el cual la maniobra no se podría haber concretado sin la intervención de quienes se beneficiaron de la millonaria defraudación al Estado: “pareciera que los hechos comienzan recién con la primera intervención de Echegaray, a quien califican de autor de una defraudación contra la administración pública y a quienes se beneficiaron de esa defraudación se los considera impunes que realizar una acción neutral que es peticionar planes de pago”.
Los préstamos y los alquileres a los Kirchner
Al analizar la maniobra completa, el fiscal consideró que se “inicia con el impuesto a los combustibles “que se le cobra a las personas que cargan el combustible en el surtidor y sujeto obligado al ingreso a la AFIP de ese tributo era Oil Combustibles. Quien en lugar de ingresarlo lo utilizó para préstamos inter company, dando la casualidad de qué esos préstamos inter company iban a parar a empresas accionistas de Oil Combustibles”.
Los accionistas de la firma petrolera eran Inversora M&S, con el 99,8% y Oil M&S, con el 1.25%, quienes a su vez eran beneficiarias de esos préstamos internos, entre otras empresas. “En todas las empresas aparecen como presidentes o vice presidentes López y De Sousa”, indicó en hace tres meses Villar en la audiencia.
En función de eso el representante del Ministerio Público Fiscal, reclamó una mirada global de la maniobra, que permite observar que “parte de ese dinero del impuesto a los combustibles líquidos que no era ingresado el fisco terminaba en el pago de alquileres a la familia Kirchner. En particular en la inmobiliaria Los Sauces, cuya facturación el 86% dependía de los alquileres de Lázaro Báez y de Cristóbal López”.
Los Sauces es investigada por lavado de dinero. Uno de sus principales activos, un departamento en Puerto Madero, era alquilado en dólares por Inversora M&S, accionista de Oil.
En esta misma línea de análisis, el fiscal dijo que al ver el cuadro completo “ya no se trata de darle planes a cualquier persona que pasara por allí para perjudicar al Estado, sino que se trataba de aquellos que habían pergeñar una maniobra para favorecer sus propias empresas en lugar de qué los impuestos ingresarán al Estado”.
Al pedir la condena de los empresarios, el fiscal Villar dijo que Cristóbal López y Fabián de Sousa “impusieron su propia finalidad personal de incrementar sus ganancias y la de su grupo empresario, por sobre la finalidad de retribución que estaban fijas expresamente en la ley”.
Fuente Clarin
