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Por Nicolás J. Portino González
En una decisión sin precedentes, y para variar controvertida, la agenda del Presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, ha sido restringida por motivos de seguridad. Esta medida drástica se produce en medio de crecientes tensiones y oposiciones a su gestión, marcada por polémicas decisiones y alianzas que han desatado protestas masivas y reiteradas casi a diario, que además según se aprecia van creciendo de forma notoria en tanto cantidad de asistentes y malestar.
La restricción implica que cualquier información proveniente de reuniones o encuentros a los que Sánchez asista, no será publicada sin la autorización expresa de los participantes. Esto se debe a la intensificación del descontento hacia el presidente, especialmente por su asociación con ex miembros de ETA, sus pactos con fugitivos de la justicia española como Carles Puigdemont, y la anterior concesión de indultos a los condenados por el proceso ilegal independentista catalán.
Las protestas han alcanzado su punto álgido con movilizaciones simultáneas en 52 localidades de España. Ciudadanos preocupados y muy enojados expresan su malestar en las calles por las decisiones del presidente. En material electoral -donde parece no darle vergüenza haber perdido las elecciones y seguir en el cargo- el controversial acuerdo con “Junts” que supuso beneficios económicos significativos para Barcelona, cifrados en casi 40 mil millones de euros y otros acuerdos del mismo estilo que harían llegar la cifra a 100 mil millones de euros, con el solo motivo de perpetuarse miserable y lastimosamente en el poder.
La incertidumbre sobre el futuro político de Sánchez se ha incrementado, y muchos se preguntan si la creciente presión y la magnitud de las protestas podrían llevar al presidente al borde de la dimisión. La opinión pública sitúa al presidente en el ojo del huracán, y se espera con ansias cualquier declaración oficial que pueda arrojar luz sobre el destino político de Sánchez en esta coyuntura crítica.
Mientras tanto, la decisión de restringir la información proveniente de las reuniones presidenciales solo contribuye a la especulación y alimenta las dudas sobre la ya casi nula transparencia en la gestión gubernamental en un momento crucial para la política española.
