El artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Galicia recoge que le corresponde a la Comunidad «la competencia exclusiva» de una serie de materias. Y cita en el tercer epígrafe: «Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda». El artículo 10 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, relativo a las «competencias», consigna en el punto 31 lo siguiente: «Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda». El mismo texto. Literalmente. Sin embargo, el Gobierno que niega a la Xunta asumir la gestión de sus costas, las más extensas de España, y se lanzó a bloquear la ley autonómica, aprobada en el Parlamento, el mismo día que se publicó en el DOG, se dispone a autorizarlo en el caso vasco. En San Caetano tienen claro el motivo: el «empeño» de Pedro Sánchez por «machacar» a Galicia, en tanto gran feudo del PP, frente a la necesidad de contar con los votos del PNV en su investidura. Estrategia extensiva a todo lo que sigue bloqueado sine die.
Porque éste no es ni mucho menos el único agravio que lleva a Alfonso Rueda, 18 meses ya al frente de la Xunta, a alzar la voz día sí, día también; y a llegar al punto de reunir a su Consello para emitir una declaración institucional de rechazo a las prebendas de Sánchez con destino Cataluña y País Vasco. La lista de feos es larga. Pero el del litoral es un caso especialmente sangrante. En los oídos de Rueda aún resuena el ‘no’ del presidente del Gobierno, en julio de 2022, cuando por fin le recibió en Moncloa. Un rechazo «categórico», diría después el presidente de la Xunta. Había resquemor porque a Canarias se le acababa de otorgar, y a Galicia se le exigía reformar el Estatuto. Pero nada comparable a un recurso ante el Tribunal Constitucional.
El PSOE puso negro sobre blanco, en el pacto de investidura con el PNV, «la transferencia a Euskadi de las competencias aún pendientes en el plazo improrrogable de dos años». Como el voto del BNG era superfluo, para Galicia se rebajó a «programar, a lo largo de la presente legislatura, la activación» de las transferencias sin resolver. El gobierno vasco elevó en 2017 a 37 las competencias pendientes. El portal de la normativa vasca (Legegunea) permite consultar la situación de las transferencias; en el caso del litoral, censuran que «el Estado se ha valido» de un matiz en la redacción con respecto a los estatutos más modernos -donde sí aparece el término «gestión»- para «diferenciar un distinto nivel de funciones ejecutivas». Un subterfugio. Galicia lo suscribiría.
Dos varas de medir
El PPdeG ve en el pacto de Ana Pontón con el PSOE papel mojado, pero ese acuerdo es una buena vara de medir. Agravios, en este caso. El más llamativo atañe a las Cercanías. ERC arrancó a Sánchez el «traspaso integral» del servicio. El Bloque, un «estudio». En 2020, los socialistas prometieron al Bloque desbloquear la transferencia de la AP-9, demanda histórica por antonomasia. Casi cuatro años después, apenas unos descuentos para «usuarios superrecurrentes». Esquerra dispone de un documento que compromete a Sánchez a perdonar a Cataluña 16.300 millones de euros, de la deuda. El BNG, con firma de María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSdeG (no de Sánchez), el vago compromiso de «medidas compensatorias análogas».
De vuelta a 2022, Rueda, antes de reunirse con Sánchez, le avanzó por carta las prioridades de Galicia. Cuatro grandes bloques: fondos europeos, sanidad, infraestructuras y competencias. Ahí figuraba la planta de fibras textiles de Altri en Palas de Rei: el titular de la Xunta volvió de Moncloa con palabras tranquilizadoras del presidente del Gobierno de que optaría al maná de los fondos europeos; a punto de acabar 2023, siguen sin llegar. Rueda también salió con «buenas sensaciones» con respecto a Stellantis y el Perte de la automoción: el pasado jueves, Sánchez sorprendió hablando de la fabricación de baterías eléctricas, como si hablara de Zaragoza, en lugar de Vigo. La sanidad sigue como sigue -atribuyó a Galicia 10 hospitales de más- y del Corredor Atlántico, como diría Rueda, no hay más que una cifra (que ve insuficiente) en un papel. Que ya es más que lo plasmado para el tramo gallego del AVE Vigo-Oporto. Los trenes Avril siguen sin llegar, el viaducto colapsado de la A-6, en sentido Galicia, va para largo, etc. Sin esperar nada de Moncloa, la Xunta se busca la vida y lanza un «mecanismo temporal» para que lo recaudado por el impuesto ‘a los ricos’ se quede en casa.
Promesas «milagrosas»
Rueda estuvo todo el miércoles en el Congreso, siguiendo el debate de investidura, y se informó de lo hablado el jueves. Sacó en limpio que Sánchez ve en Galicia un ariete contra Feijóo -deuda, cajas, Fraga, Marcial Dorado…-, pero que su «aprecio» por la Comunidad es «prácticamente cero». En manos del PP desde 2009, ha sido «secundaria» en sus planes. «Por lo menos, hasta ahora», puntualizó Rueda tras el Consello. Porque hay unas elecciones autonómicas en ciernes, y Sánchez ya dijo, en Oroso, en septiembre, que quiere darse «el gusto» de desalojar a los populares de San Caetano.
El pasado viernes, durante un desayuno informativo en Madrid, Rueda se mostró «seguro de que a partir de ahora veremos milagrosamente todo tipo de promesas», y «por arte de magia empezarán a decirnos que todo tiene solución». «Todo lo que no se ha hecho, se hará, y se hará en muy pocos meses», auguró que se prometerá.
Por el momento, lo único seguro es que Sánchez sigue. Y esto, para la Xunta, es «una muy mala noticia».
Fuente ABC
