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Los Veintisiete han hecho “mucho progreso” en la negociación de las nuevas reglas fiscales durante una cena de trabajo de ministros de Finanzas que comenzó este jueves por la tarde y que concluyó a las cuatro de la mañana. “Hemos ido lo más lejos que podíamos hoy”, ha explicado una fuente europea, que ha asegurado que hay “voluntad alrededor de la mesa, pero que hace falta todavía hacer algo de trabajo” y realizar “análisis legales y consultas sobre nuestra propuesta”. Una fuente diplomática francesa señala que sobre la mesa hay un texto de compromiso presentado por la presidencia española del Consejo de la Unión Europea que cuenta con el respaldo de Francia, Alemania e Italia.
“Los bloques para un acuerdo están ahí. Necesitamos algo de más trabajo en el redactado legal y en la calibración”, añaden las fuentes europeas. Que Berlín y París apoyen el mismo texto es importante porque significa que el eje franco-alemán, que llegaba a la reunión todavía con algunas diferencias respecto a dos aspectos clave de la reforma han logrado llegar a una lectura común en ellos. Además, el respaldo de Giancarlo Giorgetti, ministro italiano de Finanzas, eliminaría otro de los escollos para llegar a un acuerdo. “Las negociaciones se centraron principalmente en los ajustes mínimos necesarios cuando un Estado miembro se encuentra en un procedimiento de déficit excesivo y en su modulación en función de las inversiones y reformas”, explican fuentes francesas, que antes de la reunión habían señalado que era su “línea roja absoluta”.
Así, las discusiones se han concentrado en el ajuste anual que deben hacer los Estados miembros que se encuentren por encima de la referencia del 3% del déficit y también en si dicho ajuste debe producirse en términos estructurales o en términos estructurales primarios, es decir, teniendo en cuenta el impacto de los intereses o no. Eran dos piezas fundamentales para construir un consenso franco-alemán. Y las fuentes galas parecen satisfechas con la solución. El texto de compromiso sobre la mesa “tendrá en cuenta el impacto del aumento de los tipos de interés durante el período 2025-2027 y proporcionará el margen de maniobra necesario para seguir invirtiendo y emprendiendo reformas estructurales”, según Bercy.
En 2020 la Unión Europea suspendió las reglas fiscales para hacer frente a la emergencia generada por la pandemia, activando así la llamada “cláusula general de escape”. Esa suspensión llegó justo cuando se estaba trabajando ya en una reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la gobernanza económica de la Unión Europea, un conjunto de reglas que se habían ido enmendando y parcheando a lo largo de los años, dejando un dispositivo enormemente complejo, difícil de entender y todavía más complicado de aplicar. Aprovechando la suspensión y algunos de los aprendizajes de la pandemia y los posteriores shocks como la guerra de Ucrania, los Veintisiete se lanzaron a una remodelación profunda de las reglas fiscales.
Se ha convertido en uno de los grandes dossiers de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que comenzó en julio y que finaliza el 31 de diciembre. El objetivo de todos los Estados miembros es cerrar el acuerdo antes de que termine el año, para que así haya tiempo de llegar a un pacto con los colegisladores (Comisión Europea y Parlamento Europeo) antes de que la Eurocámara entre en receso antes de las elecciones europeas de 2024. Altas fuentes europeas calculan que la fecha límite para llegar a ese acuerdo y poder aprobar el texto legal se encuentra en marzo.
La presidencia española lleva meses intentando acercar posiciones entre el bloque de los más ortodoxos, los que consideran que hay que preservar una disciplina fiscal estricta, y los más flexibles, que buscan una nueva gobernanza más ágil y menos encorsetada que permita espacio para las inversiones. Pero lo que han tenido que hacer los equipos de Calviño ha sido, fundamentalmente, intentar convencer a Alemania y a su ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, que se está mostrando muy rígido en las exigencias con las que ya intentó presionar a la Comisión Europea antes de que esta hiciera pública su propuesta.
Los ministros tuvieron delante suya un documento con 8 grandes puntos pendientes de la reforma que han sido recogidos en un texto de la presidencia española y al que tuvo acceso El Confidencial. La lógica de la nueva reforma fiscal es que la Comisión Europea establecerá una trayectoria técnica del gasto neto primario (que excluye gastos cíclicos como desempleo o intereses, y que se definirá, entre otras cosas, a raíz de un análisis de sostenibilidad de la deuda) y que los Estados miembros tendrán que trazar planes de ajuste a cuatro años, extensibles a siete en caso de que justifiquen que están haciendo reformas e inversiones, que serán negociados con los técnicos comunitarios, dando así a las capitales más control a la hora de diseñar cómo lograr la consolidación fiscal. Todo ello manteniendo los dos pilares fundamentales de la gobernanza económica de la UE, que son los objetivos de un déficit inferior al 3% y de un ratio de deuda pública inferior al 60% del PIB. El objetivo inicial de los técnicos comunitarios era que las futuras reglas fiscales fueran más o menos eso. Sencillas, fáciles de entender y rápidas de aplicar.
Brazo preventivo
De los ocho puntos que los ministros han abordado había tres referidos al brazo preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es decir, el conjunto de reglas aplicables a los Estados miembros que se encuentran por debajo del 3% del déficit y del 60% de deuda, y cinco referidos al brazo correctivo, aplicables a los que no cumplen dichos criterios. El primero tenía que ver con la transparencia de esas trayectorias técnicas que hará la Comisión y se incluye una obligación para que cuando un Estado miembro apueste por una trayectoria de aumento del gasto neto primario que difiera de la senda técnica establecida por la Comisión Europea tenga que proporcionar “argumentos económicos sólidos y verificables” y que explique la diferencia.
De los ocho puntos que los ministros han abordado había tres referidos al brazo preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
El segundo y tercer punto abierto tenía que ver con una de las garantías que se ha tenido que ofrecer a Alemania. Ya en la última reunión de ministros de Finanzas se le ofreció a Berlín una salvaguarda en materia de déficit, con el compromiso no solamente de que aquellos países en el brazo correctivo (es decir, por encima del 3% del déficit) tengan que reducir su gasto neto primario un 0,5%, sino además se le ofreció también que aquellos países en el brazo preventivo (por debajo del 3%) también tuvieran que seguir recortando el déficit hasta que el desequilibrio sea solamente del 1,5%, para crear el suficiente colchón fiscal. Además ahora aparece una salvaguarda de deuda. Aquellos países que tengan una deuda superior al 90% del PIB tendrán que recortar su nivel de deuda en un 1% de media anual durante el plan, y aquellos que lo tengan por encima del 60% pero por debajo del 90% tendrán que hacerlo un 0,5%.
Respecto a las salvaguardias en materia de déficit, fuentes diplomáticas francesas mostraban antes del encuentro sus reservas. Pedían que si se están haciendo reformas e inversiones se pueda justificar que el recorte anual sea menor, por ejemplo del 0,3% o del 0,4%. Las fuentes de Bercy, el ministerio de Finanzas francés, señalan que han “respondido” a las peticiones alemanas en tres campos fundamentales como son los diseños de los procedimientos de déficit excesivo, el recorte de deuda anual, y también la salvaguardia del déficit para crear un colchón fiscal. “Creo que Francia ha hecho todos los pasos necesarios hacia Alemania para llegar a un compromiso”, aseguró este miércoles una fuente, que habla de que mantener el espacio para seguir alentando a las inversiones de los Estados miembros “cualquiera que sea su situación financiera” es una “línea roja absoluta de la posición francesa”. Es decir, piden que en ese recorte del déficit se permita que el ajuste anual sea algo más flexible. Así, fuentes de Bercy señalan que uno de los dos puntos clave del encuentro de este jueves han tenido que ver con la salvaguardia del déficit.
El cuarto punto hace referencia a que las inversiones del Mecanismo de Reforma y Resiliencia (MRR), el conocido como Fondo de Recuperación, deben tenerse en cuenta como válidas a la hora de justificar una extensión del periodo de ajuste de 4 años a 7 años. Esta medida cuenta con la oposición de algunos Estados miembros, como Países Bajos.
Brazo correctivo
El quinto punto abierto tenía que ver con un control de desvíos por parte de la Comisión Europea, tanto desvíos anuales respecto a la senda acordada como desvíos acumulados. Los números todavía no se han fijado y el texto aparece entre corchetes, es decir, que está sujeto a negociación, pero fundamentalmente consiste en que si un Estado miembro que se encuentra por encima del 3% del déficit y del 60% de la deuda se desvía un año de su senda más de una determinada cifra (la parte baja de la horquilla en el documento es un 0,25%) la Comisión le abriría un expediente, y exactamente igual en caso de que se acumule un desvío a lo largo de los años (la parte baja de la horquilla en este caso es del 0,5% del PIB).
El sexto punto era otro de los complejos. En este caso tiene que ver con una de las salvaguardias ofrecidas a Alemania en materia de déficit que establece que habrá un ajuste del 0,5% del gasto neto primario en caso de un procedimiento de déficit excesivo. Se discute si este ajuste debería ser en términos estructurales, que incluye los intereses de la deuda, o estructurales primarios, que los excluye. La presidencia considera que en términos estructurales provocaría un ajuste muy brusco, especialmente en los primeros años teniendo en cuenta el entorno de altos tipos de interés actuales, y que sin embargo un 0,5% en términos estructurales primarios permitiría un ajuste más suave. Fuentes diplomáticas francesas han señalado que este ha sido el otro gran asunto de debate durante la noche del jueves.
El séptimo punto del documento aborda los factores que se deben tener en cuenta a la hora de abrir un procedimiento de déficit excesivo. Así, la presidencia española ha propuesto que haya dos elementos determinantes, uno agravante y el otro atenuante. El primero es en caso de que haya un alto nivel de desafío de la deuda pública, aunque sin automatismos, y el segundo es atenuante en caso de que el déficit excesivo tenga que ver con inversiones en defensa, una exigencia de varios Estados miembros, pero fundamentalmente de países del este.
El octavo punto abierto tenía que ver con las sanciones, un punto fundamental a la hora de aplicar las reglas fiscales. Hasta ahora la Comisión Europea nunca ha impuesto multas a países incumplidores por ser demasiado grandes, lo que las hacía políticamente tóxicas. El artículo 12.3 incluía un tope a esas multas de Bruselas, señalando que la acumulación de sanciones de la Comisión no debía superar el 0,5% del país multado. Esa frase ha sido ahora eliminada.
Fuente El Confidencial
