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La AIReF lleva mucho tiempo pidiendo una senda de corrección fiscal al Gobierno, como exige la ley de estabilidad presupuestaria. Por fin, este martes, el Consejo de Ministros aprobó el conocido técnicamente como plan de reequilibrio, pero a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal no le convence. De hecho, cree que “no se ajusta a la ley” y está vacío, al no incorporar un cuadro macroeconómico ni las medidas que se van a tomar, a la espera de la aprobación de los presupuestos generales del Estado para el año que viene. También considera que se verá “superado” por el ajuste que deberá emprender el Ejecutivo cuando se recuperen las reglas fiscales europeas en 2024.
La institución presidida por Cristina Herrero, que tiene entre sus atribuciones la fiscalización del plan, se muestra muy crítica con la senda de corrección del déficit aprobada por el Gobierno, y de la que de momento solo han trascendido las previsiones que hace el Ejecutivo sobre la evolución del pasivo público: un 3% en 2024, cumpliendo con el pacto de estabilidad europeo, un 2,7% en 2025 y un 2,5% en 2026, según comunicó este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Sin embargo, el Ejecutivo no ha acompañado esta estimación con un cuadro de las previsiones macroeconómicas, y tampoco con las medidas que llevará a cabo para conseguir estas cifras, similares a las que dejó el Gobierno de Rajoy (2,6%) antes de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprovechase la suspensión de las reglas fiscales europeas y tirase de gasto público para paliar los efectos de la pandemia y la crisis inflacionista en las empresas y las familias.
Todo dependerá de los presupuestos del año que viene, cuyo proceso de diseño ha comenzado una vez aprobado el techo de gasto. Y este es uno de los puntos donde la AIReF carga las tintas: “El documento no explicita si la senda de reducción del déficit cumple con los requisitos del futuro marco europeo de reglas fiscales y no aclara si el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2024 y la actualización del plan presupuestario alterarán las previsiones“.
De momento, la Autoridad Fiscal usa como referencia el contenido de este último, que el Ejecutivo envió a Bruselas en octubre y que da por supuesto que decaerán todas las medidas del escudo social contra la crisis inflacionista, que caducan el 31 de diciembre, excepto la subvención al transporte público. Sin embargo, Montero dejó entrever este martes que algunas de las medidas sí se prorrogarán, lo que dificulta la consecución de los objetivos de déficit que prevé el Gobierno. Y la vicepresidenta cuarta no ha explicado cómo alcanzarlos.
Por eso, la AIReF mantiene el mismo discurso que antes de la aprobación de la senda de consolidación fiscal que tanto había demandado durante estos años, y pide a Hacienda “que inicie cuanto antes los trabajos para elaborar una estrategia fiscal de medio plazo realista y creíble que permita situar la senda de deuda en una trayectoria descendente y cumpla con los requisitos de sostenibilidad que previsiblemente derivarán de la reforma del marco fiscal europeo, con independencia de que, si la reforma no se aprueba a finales de este año, la estrategia planteada tenga que adaptarse con posterioridad al contenido final de la misma”.
De hecho, la Autoridad Fiscal considera que el plan actual, además de incompleto, quedará “superado” por las nuevas reglas fiscales, que entrarán en vigor el 1 de enero tras cuatro años suspendidas por la pandemia y “obligarán a elaborar un plan estructural fiscal a medio plazo”. Será en el programa de estabilidad de la próxima primavera cuando cristalice la nueva estrategia del Ejecutivo. De momento, la actual no convence a la Autoridad Fiscal.
La ley de estabilidad presupuestaria
La institución presidida por Cristina Herrero incluso va más allá y considera que el plan aprobado este martes “no se ajusta” a la ley de estabilidad presupuestaria, aprobada por el Ejecutivo del popular Mariano Rajoy en 2012 para garantizar el equilibrio de las cuentas públicas ante la presión de Bruselas durante la crisis de deuda. Según la Autoridad Fiscal, la senda de reducción del déficit del Gobierno no incluye la información contemplada en esa norma, “sino que remite a la senda de consolidación prevista en la actualización del programa de estabilidad y el plan presupuestario”.
En su artículo 22, la ley estipula que el plan de reequilibrio debe contener previsiones tendenciales de ingresos y gastos, la descripción y calendario de las medidas a adoptar para cumplir con los objetivos y las previsiones de las variables económicas y fiscales, los supuestos en los que se basan y un análisis de sensibilidad para la Administración a la que afecta, en este caso el Estado central. “Además, se debe añadir información adicional en materia de objetivos de estabilidad y deuda“, recuerda la AIReF. “El plan de reequilibrio aprobado no incorpora este contenido“, añade, al remitirse a los dos documentos enviados a la Comisión Europea, que se refieren al conjunto de las administraciones públicas.
En otras palabras: la AIReF considera que el Gobierno no solo carece de un plan de consolidación fiscal detallado, actualizado y creíble, sino que diluye la senda del ajuste que tiene que aplicar en la del conjunto de administraciones. Esto le ha permitido cumplir el ciclo presupuestario de Bruselas (programa de estabilidad en primavera y plan presupuestario en otoño), al menos mientras están suspendidas las reglas fiscales, que volverán a aplicarse con el nuevo diseño que negocian los Veintisiete a partir del 1 de enero.
Sin embargo, resulta insuficiente para satisfacer la ley española, que permite al Estado y las comunidades autónomas incurrir en déficit estructural —el que se genera independientemente del ciclo económico— “en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica”, como ocurrió durante la pandemia. Pero exige, a cambio, un plan de reequilibrio que, en este caso, la Autoridad Fiscal no considera satisfactorio.
Demanda consenso político
En plena guerra entre el Gobierno y el Partido Popular a cuenta de los objetivos de déficit para las comunidades autónomas, que los conservadores amenazan con frenar con su mayoría en el Senado, la AIReF también manda un mensaje en favor del acuerdo.
“La reforma del marco fiscal nacional, necesaria tanto por las debilidades detectadas en el actual como por la adaptación al marco europeo, requerirá de un amplio consenso social y político para dotar al nuevo marco de credibilidad y estabilidad”, asegura la Autoridad Fiscal en su comunicado.
El Ejecutivo permitirá a las regiones un déficit público del 0,1% el año que viene, y ha amenazado al PP con un mayor ajuste en caso de que bloquee esa senda en la Cámara Alta. De no aprobarse, el déficit permitido sería del 0%, como marca el programa de estabilidad remitido a la Comisión Europea en abril.
La AIReF lleva mucho tiempo pidiendo una senda de corrección fiscal al Gobierno, como exige la ley de estabilidad presupuestaria. Por fin, este martes, el Consejo de Ministros aprobó el conocido técnicamente como plan de reequilibrio, pero a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal no le convence. De hecho, cree que “no se ajusta a la ley” y está vacío, al no incorporar un cuadro macroeconómico ni las medidas que se van a tomar, a la espera de la aprobación de los presupuestos generales del Estado para el año que viene. También considera que se verá “superado” por el ajuste que deberá emprender el Ejecutivo cuando se recuperen las reglas fiscales europeas en 2024.
Fuente El Confidencial
