La amenaza ‘tragacasas’ de un socavón que no para de crecer en Aranjuez>

De vuelta a la medianoche del sábado al domingo 19 de noviembre, Manuel volvió a escuchar un ruido «algo más fuerte». Se asomó de nuevo y esta vez vio un agujero, un socavón de no más de dos metros de diámetro a solo unos pasos de su fachada. Serían las 00.15 horas. Poco antes, alrededor de las 11 de la noche, Alfonso bajaba a sus dos perros a la calle y paseaba tranquilamente por el césped que se iba a abrir en canal. No notó nada. Pero lo cierto es que el suelo se había hundido hasta los 25 metros de profundidad. ¿Sería un pozo? ¿Una falla? La información inicial era caótica. «Otro chico del segundo y yo salimos y vimos a la Policía Local y a la alcaldesa», rememora Manuel. Sería ya «la 1 y pico».

Sobre las 3 de la madrugada, un agente advirtió a los allí presentes de que el hueco «tenía mala pinta». Manuel no lo dudó y se fue a dormir con su hermano. El resto volvió a sus casas. «Nos dijeron que esa noche no desalojaban, pero que igual mañana sí», añade otra vecina, pongamos de nombre Laura, tras pedir a este periódico mantener su anonimato a salvo. Nadie veía nada claro, si acaso los cimientos del edificio, aunque sin daño estructural aparente. Durante todo el domingo, los bomberos y un arquitecto municipal estuvieron trabajando en el terreno. «Se escuchaban cosas caer, como tierra», incide la mujer, fiel anticipo de lo que aún estaba por venir.

El lunes 20 de noviembre, a las 7.30 horas, los servicios sociales del Ayuntamiento de Aranjuez y la Policía Local avisaron puerta a puerta a todos los vecinos. Estos recibieron un documento de tres folios que debían firmar antes de abandonar temporalmente sus casas; en el texto se podía leer lo siguiente: «Se observa la presencia de varias dotaciones de Bomberos que informan del colapso y solicitan, al técnico que suscribe (del departamento de Urbanismo), que valore la incidencia y el posible peligro debido a la proximidad del socavón, escasamente 2 metros, a un edificio de viviendas ubicado en la calle Cáceres, 2 y 4, compuesto de planta baja con dos portales de acceso, plazas de garaje, trasteros y tres plantas con 8 viviendas en cada una».

La inspección ocular, describía la carta, «en las zonas comunes y en el interior de una de las viviendas de la primera planta, la más próxima al socavón», terminó sin observarse «grietas ni otros daños aparentes en el inmueble». Hasta ahí, nada reseñable. Sin embargo, la nota dejaba un detalle final: «La cimentación del edificio está resuelta con zapatas aisladas, unidas en la zona perimetral mediante zunchos de atado de hormigón armado de escasa sección, por lo que, si les faltase el apoyo sobre el terreno, no podrían mantener su estabilidad ni la del resto del edificio».

Por tanto, concluía el consistorio, «no se puede garantizar la seguridad y estabilidad de los inmuebles hasta que no se haga un estudio detallado de las causas del colapso del terreno, que requerirá de la realización del análisis y pruebas geológicas y patológicas detalladas, que pueden llevar un tiempo». Se ordenaba así el desalojo preventivo. A las 9 y algo comenzaron a salir los primeros afectados, una con tres maletas, papeles y medicamentos; otro con sus cuatro gatos y dos perros; todos, en definitiva, con lo primero que salvarían si su hogar fuera pasto de las llamas y apenas tuvieran tiempo para rescatar sus pertenencias más valiosas.

Con una mano delante y otra detrás, llegaba el turno de los servicios sociales. «Nos dijeron que nos daban tres noches en un hostal y que después hablásemos con la inmobiliaria para encontrar otro piso», expone la mujer anónima, cabreada por las humedades que presentaba la solución habitacional de emergencia. Hubo otros que optaron por marcharse a casas de familiares. El revés, no obstante, llegó al tercer día. El jueves 23 de noviembre, el fondo que gestiona los alquileres de la totalidad de los pisos (por suerte, aquí nadie es propietario y no hay hipotecas de por medio), envió un correo electrónico a los inquilinos informándoles de la rescisión de los contratos «por causas de fuerza mayor». Las esperanzas de regresar, si a estas alturas quedaba alguien con ganas de vivir junto al agujero negro, se desvanecían por completo.

Tres semanas después, el martes 12 de diciembre, finalizaba el plazo para poder sacar todos los enseres. Con un listado y bajo la supervisión de la inmobiliaria asignada por la propiedad y la Policía Local, los apátridas de Aranjuez acudían a los que han sido sus pisos hasta el mes pasado y echaban un último vistazo al socavón. De las 24 familias, 11 han sido realojadas por el mismo fondo en otras viviendas (con un contrato nuevo) y cinco están en trámites. Las ocho restantes, en cambio, se han mudado por sus propios medios: «Falta que nos devuelvan la fianza y los días que hemos pagado de alquiler y no hemos podido estar».

ABC ha preguntado al ayuntamiento arancetano por la marcha de la investigación para averiguar el origen del agujero y sus futuras consecuencias. «No podemos barajar ninguna hipótesis, para ser rigurosos hay que esperar a las pruebas de los expertos y que nos den una visión real de los hechos», explican, con el objetivo de tener resultados en dos meses y medio o tres.

Estos llegarán tras la finalización de un estudio geológico e hidrogeológico, de las nuevas prospecciones con dron y de otros análisis de laboratorio que incluirán determinación de sales solubles, difracción de rayos X para determinación de especies minerales solubles, edómetros en niveles arcillosos y varias pruebas más «necesarias para la identificación de las causas determinantes». Y en relación a las consecuencias, sostienen que «predecir la posibilidad de que se agrande el socavón es prematuro», si bien reconocen que su abertura inicial se ha hecho más grande «aunque lo que ha caído es la parte superficial que no tenía soporte».

José María Belmonte es presidente Asocum (Asociación por la urbanización de La Montaña); también es concejal del partido independiente Acipa (Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez). Desde el inicio, ha estado en permanente contacto con los vecinos y la Administración, sin entender la falta de información ofrecida a la ciudadanía. «Me consta que están trabajando, pero hay un barrio de más de 8.000 habitantes que están preocupados y quieren saber qué ocurre», advierte a este diario, consciente de que el PAU de La Montaña es un enclave que a lo largo de su corta historia ha dado muchos problemas.

Cuestionado acerca de las causas del socavón, Belmonte no se moja, pero advierte de que todo el área de casas se asienta sobre una zona de montaña: «Se tuvieron que tapar los desniveles con arena y otros materiales a fin de alisar el terreno y lograr que fuera urbanizable». Estos días han recuperado un estudio encargado por la propia Administración tras abrirse una carretera cercana al agujero en 2010: el resultado, un vial extendido sobre una zona de vaguada muy acusada y un relleno de considerable altura.