Seis CCAA del PP reclamaron a Hacienda la compensación por la bajada del IVA

La bajada de impuestos ha sido una de las grandes batallas políticas durante toda la crisis inflacionista. Se trata de una herramienta que permite bajar rápidamente la inflación con un simple decreto en el BOE, aunque también genera efectos negativos, como una mala señal de precios, capturas de ayudas fiscales por parte de quienes tienen mayor capacidad de consumo o deterioro de las cuentas públicas. El debate todavía se mantiene en la actualidad, ya que el Partido Popular exige extender la rebaja del IVA a la carne, el pescado y las conservas.

La bajada del IVA no sólo implica un coste fiscal para el Estado, en términos de menor recaudación, sino también para las CCAA, que se llevan la mitad de la recaudación lograda con este tributo. Sin embargo, la mayor parte de las comunidades autónomas del PP no quieren asumir el coste que supone la doble rebaja de impuestos aprobada por el Gobierno: el IVA y el impuesto especial sobre la electricidad. Seis comunidades gobernadas por los populares han reclamado al Ministerio de Hacienda que sea el Estado quien asuma los costes de esta medida, esto es, que compense a las regiones por la recaudación que han perdido, informan fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero. Se trata de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León y Galicia.

Estas comunidades alegaron el principio de “lealtad insitutcional” para que sea el Estado quien soporte los costes de una medida impulsada por éste. Por ejemplo, el requerimiento enviado por la Junta de Andalucía, señala que “la modificación normativa del tipo impositivo de este impuesto también produce una merma de recursos que exige la aplicación del principio de lealtad institucional, consagrado en el artículo 2.1 g) LOFCA, que debe imperar en las relaciones financieras entre Estado y CCAA, y que se enuncia como aquel que exige ponderar el impacto, positivo o negativo, que puedan suponer las actuaciones legislativas del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia tributaria o la adopción de medidas que eventualmente puedan hacer recaer sobre las comunidades autónomas o sobre el estado obligaciones de gasto no previstas a la fecha de aprobación del sistema de financiación vigente”, según la documentación a la que ha tenido acceso este medio.

El requerimiento que realizaron se correspondía con la liquidación del sistema de financiación autonómica del año 2021, ejecutado en 2023. Hacienda rechazó la petición de las regoines y les ha aplicado finalmente el descuento en los ingresos, sin embargo, la vicepresidenta Montero se ha abierto a revisar las liquidaciones de los próximos años, ya que la rebaja del IVA afectará, al menos, a las liquidaciones de los ejercicios 2024 a 2026. “Cuando liquidemos el sistema tendremos que ver también todas las cuestiones que el Gobierno de España ha hecho para compensar a las comunidades autónomas”, explicó el jueves en su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso.

Pase lo que pase con este reparto de los costes de la bajada del IVA, las CCAA tendrán recursos récord en 2024 como consecuencia de la inflación, que está elevando también los ingresos que les corresponden a las regiones. Las CCAA recibirán 135.000 millones de euros en entregas a cuenta y otros 19.000 millones de la liquidación del año 2022. En total, las regiones tendrán 20.000 millones más que en 2023, un incremento del 15%, marcando una financiación récord.

Aún así, el grueso de las comunidades lideradas por el Partido Popular reclamaron a Hacienda que fuese el estado quien financiase íntegramente este alivio fiscal a las familias. En el año 2022 el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo denunció que el Gobierno “se está forrando” por el incremento de la recaudación generado por la subida del IVA y reclamó una bajada de impuestos inmediata.

También lo hizo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien reclamó al Gobierno “que baje la presión fiscal, sobre todo en la energía”. Pero fue más lejos: “Las CCAA somos solidarias (…) no le estamos pidiendo un esfuerzo extraordinario al estado ni al Gobierno, sino que el esfuerzo lo estamos haciendo de forma común la administración general del estado y las comunidades autónomas porque vamos a perder ingresos, pero beneficiaremos al sector productivo y a las clases medias y trabajadores”. Posteriormente también solicitó la rebaja del IVA a los alimentos de primera necesidad: “Muchos otros territorios se han sumado a nuestras propuestas, incluido el Gobierno de España, que por fin ha bajado el IVA a los alimentos básicos, una propuesta que hizo Andalucía en la Conferencia de Presidentes”, afirmó Moreno a finales de 2022.

Para la vicepresidenta de Hacienda, el Partido Popular “pregona medidas que luego exige al Gobierno de España que compense por haberlas adoptado”. Por el momento, el Ministerio de Hacienda no ha atendido a la reclamación y los barones del Partido Popular han rehusado, hasta ahora, de mostrar sus protestas en público. El gran crecimiento de los ingresos del sistema de financiación de 2023 por la inflación y el crecimiento y la liquidación favorable que tendrán las regiones en 2024 está aplacando este debate. Sin embargo, de cara a 2025 la situación se complica, porque desaparecerá la liquidación extraordinaria de 2024 y las regiones estarán obligadas a conseguir el equilibrio presupuestario. En ese momento volverán las tensiones presupuestarias, lo que podría reavivar este debate hoy soterrado.

La bajada de impuestos ha sido una de las grandes batallas políticas durante toda la crisis inflacionista. Se trata de una herramienta que permite bajar rápidamente la inflación con un simple decreto en el BOE, aunque también genera efectos negativos, como una mala señal de precios, capturas de ayudas fiscales por parte de quienes tienen mayor capacidad de consumo o deterioro de las cuentas públicas. El debate todavía se mantiene en la actualidad, ya que el Partido Popular exige extender la rebaja del IVA a la carne, el pescado y las conservas.