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La jueza federal María Eugenia Capuchetti finalmente dispuso citar a prestar declaración indagatoria para el 16 de abril al exministro de Salud, Ginés González García, acusado de los delitos de peculado y abuso de autoridad, por haber ordenado que vacunen contra el Covid a periodistas y amigos del poder que no estaban en la lista de personas prioritarias, en lo que se conoció como el caso del “Vacunatorio VIP”.
La nueva fecha de la citación fue dispuesta por la magistrada luego de realizar estudios al exfuncionario que se encuentra bajo tratamiento médico. Especialistas del cuerpo médico forense dijeron que actualmente está en condiciones declarar.
Ya fueron indagados el director del Hospital Posadas, Alejandro Maceira y Marcelo Guille, secretario del ministro, entre otros. Una vez concluidas las declaraciones la jueza debe decidir si los procesa o no y porque delitos.
Los pedidos de indagatoria los habían realizado los fiscales Eduardo Taiano y su colega Sergio Rodríguez al acusar a los exfuncionarios del reparto irregular de vacunas contra el coronavirus durante la pandemia.
Además de los funcionarios, la Cámara Federal indicó que deben quedar bajo investigación los vacunados VIP que accedieron a las dosis de manera preferencial, aunque esa medida aún está pendiente. Taiano es el fiscal de la causa y Rodríguez es el fiscal titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
Entre los que fueron vacunados cuando no les correspondía se encuentran el expresidente Eduardo Duhalde y su familia, y el periodista Horacio Verbitsky. Cuando recibieron sus dosis, las vacunas estaban reservadas solo a determinados grupos dentro de la sociedad (como el personal de salud o el personal estratégico de Gobierno) y ellos no calificaban para un acceso prioritario.
El peculado es un delito grave que se castiga con entre dos y 10 años de prisión, y está dentro de las malversaciones sancionadas por el Código Penal. Se comete cuando el funcionario sustrae efectos que tiene bajo su custodia (vacunas, en este caso) y además cuando los emplea en provecho propio o de un tercero (los vacunados VIP).
Cuando pidieron la indagatoria, los fiscales Rodríguez y Taiano señalaron que cuando se aplicaron estas dosis de manera irregular “morían más de 100 personas por día en nuestro país a causa del coronavirus, y la vacuna era un bien escasísimo”.
Por eso, más allá de que se sustrajeron una escasa cantidad de vacunas, señalaron que se debe evaluar “la angustia, temor, impotencia, tristeza y dolor por la que la sociedad atravesaba entonces”, lo que convirtió a esta situación en “repugnante”. Y escribieron que “cada vez que se decidía ilegalmente a qué ciudadano ‘amigo’ o ‘poderoso’ proteger”, se estaba “postergando a otro ciudadano que la necesitaba imperiosamente para no morir infectado”.
Se acusa a los exfuncionarios de haber retirado diez vacunas contra el Covid-19 asignadas al hospital Posadas y de su traslado al Ministerio de Salud de la Nación, el 18 de febrero de 2021, para vacunar a diez personas que no estaban habilitadas para recibir esas dosis. Por este hecho se solicitaron las declaraciones indagatorias de González García, Maceira y Guille.
También se acusa a González García por haber indicado que llevaran vacunas a la casa de Eduardo Duhalde el 1° de febrero de 2021. Con esas dosis se vacunó al expresidente, a miembros de su familia (Hilda “Chiche” Duhalde, Juliana Duhalde y María Eva Duhalde) y a su secretario Carlos Alberto Mao.
La denuncia inicial tuvo lugar el 22 de febrero de 2021, mediante las presentaciones del fiscal Guillermo Marijuan, de los diputados nacionales Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro, Graciela Ocaña, Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Rubén Manzi, Lucila Lehmann, Alicia Terada, Marcela Campagnoli, Mariana Stilman y Carolina Castets, de Yamil Darío Santoro, José Luis Patiño, Rodrigo Forlenza, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, de Juan José Gómez Centurión y de Ernesto Martín Nahijhian.
En un principio, el fiscal Taiano y la jueza Capuchetti habían entendido que no había delito en lo ocurrido, cuando se supo mediante una entrevista que dio Vertbisky que personas que no estaban en la lista de prioridad habían recibido dosis de vacunas, antes que otras personas que las estaban esperando.
Pero la Cámara Federal ordenó reabrir el caso tras la apelación del fiscal de Investigaciones Administrativas, Rodríguez, y dio algunos parámetros para reenfocar la investigación y centrarse no solo en los funcionarios que montaron este circuito paralelo de vacunación al oficial, sino en las personas que recibieron esas dosis de manera anticipada.
Fuente La Nacion
