Dispuesto a partir de bien temprano un operativo de las fuerzas federales en edificios públicos para contener los ingresos masivos que plantearon desde el gremio público ATE para este miércoles, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, les respondió a los sindicalistas por la jornada de protestas y por las quejas ante la presencia de los efectivos.
En su réplica, la funcionaria de Pro volcada a los libertarios ratificó que la premisa que bajó este día es evitar el ingreso a las dependencias públicas y advirtió que, en caso de que tomen las oficinas por la fuerza, activará denuncias. Asimismo, desoyó las advertencias del líder del gremio, Rodolfo Aguiar, quien dijo que esto le “costará caro” al presidente Javier Milei y a sus funcionarios, así como también arremetió contra las expresiones que llegaron desde la dependencia del sindicato en la Capital, donde aseguraron que las fuerzas federales deberían estar en otras tareas, como la lucha contra el narcotráfico. Los tildó de querer “adueñarse del Estado”.
“La regla es una sola: que no entren. Y ningún funcionario puede liberarla”, aclaró en primer término la funcionaria, en diálogo con LA NACION, mientras coordinaba el abordaje de estas manifestaciones y tras la fuerte tensión que se dio en el Inadi, cuando intentaron entrar trabajadores cuyos contratos fueron dados de baja el pasado 31 de marzo.
En ese marco, y ante la intención de la conducción gremial de lograr estas irrupciones masivas pese a las medidas de control, Bullrich avisó: “Si llega a haber un intento de sobrepasar la autoridad, va a estar la decisión de hacer las denuncias pertinentes, con las figuras que correspondan”.
Desde la semana pasada, cuando se conoció esta protesta que iba a iniciar ATE por las 11 mil personas que se quedaron sin empleo, la ministra se puso en contacto con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, de bajísimo perfil, para evaluar cuáles eran las dependencias con mayor cantidad de bajas, donde podrían darse los focos de conflicto más fuertes. El martes, en tanto, interiorizó a Milei de sus planes.
Por su parte, Aguiar señaló primero que el Presidente podría hasta ir preso porque los despidos, según entendió, van contra la Constitución Nacional y los pactos internacionales. El líder de ATE redobló la apuesta y aseguró que esto a la Casa Rosada podría “costarle caro”. No obstante, Bullrich marcó: “Que digan lo que quieran. El país necesita ordenarse, bajar la inflación… Bastante caro le ha costado al país este sindicalismo. Nosotros vamos a defender a la gente y no a estos sindicalistas que han logrado que la Argentina sea un país donde el trabajo escasea por las dificultades para contratar de los empresarios y la violencia de los gremios”.
Incluso, la ministra no se inmutó ante los cuestionamientos sobre cómo utiliza las fuerzas federales para este tipo de tareas. “[Los agentes] tienen que proteger los edificios federales si ellos los quieren tomar, no tienen que hacer otra cosa. Hay gente especializada en seguridad del Estado. Todos los que tienen que estar trabajando contra el narcotráfico están. Los que tienen que cuidar al Estado para que estos señores que quieren adueñarse del Estado no se adueñen están. Que no se preocupen, sabemos muy bien cómo hacer el trabajo, en todos los planos”, sentenció.
Eso fue luego de que Aguiar considerara “muy grave” la alta presencia de agentes en las oficinas públicas, como así también después de que desde ATE Capital escribieran en su red social X: “Comienza el día y ya vemos a las fuerzas de seguridad más ocupadas en amedrentar trabajadores que en sus propias funciones, como combatir el narcotráfico”.
Firme en su línea, y plegada a la estrategia mileísta de convivir con déficit cero, Bullrich se manifestó sobre la posibilidad de que este tipo de protestas se reiteren ante los nuevos despidos que podrían ocurrir a nivel nacional: “Nosotros sabemos que esto es todo un tema, pero no hay forma de lograr que 46 millones de argentinos puedan vivir de otra manera si tenés un gasto excesivo y una cantidad de organismos cuyos presupuestos se destina en un 90% a sueldos”.
Fuente La Nacion
