Por Carlos Pagni
La alianza con EE.UU. en Ushuaia y el mapa global; un gráfico revelador sobre los precios; el caso de las prepagas; inauguran el hashtag #LijoNO y Carrió pide reabrirle una causa
no de los grandes desafíos que tiene el periodismo, que tienen los que miran la vida pública, es algo tan sencillo como detectar la novedad. Poder calibrar la dimensión de un cambio, saber cuándo empieza algo nuevo. En un texto sobre la guerra, Juan Corradi cuenta un episodio que rodea la batalla Valmy, en la que los ejércitos de la Revolución Francesa vencen en 1792 al ejército prusiano. Con esa batalla comenzó el eclipse de las monarquías europeas. Una vez que se produce la derrota, Johann Wolfgang von Goethe que estaba ahí le dice al Alto Mando Prusiano: “Hoy empieza una nueva era, y ustedes estaban aquí”. Es una toma de conciencia de que pasó algo distinto y empezó otra historia. Habrá que ver si se inicia una nueva historia con la visita de Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, que estuvo la semana pasada en la Argentina y que motivó al Presidente a viajar hasta Ushuaia para estar con ella.
Más allá de la comidilla local, que tiene que ver con la gestualidad del Gobierno y sobre todo de Milei, de adhesión a la visita de esta generala, que está al frente del dispositivo militar de los Estados Unidos para toda América Latina, lo que pasó en el sur tiene que ver con una historia global. Hoy en el mundo vuelve a plantearse una gran polarización. Tiene algún aire de familia con la Guerra Fría, es distinto, pero en algo se parece. Hay una gran tensión entre dos potencias: Estados Unidos y China. En esa tensión interviene otro país importante que es Japón, aliado de Estados Unidos, que también tiene una rivalidad con China, como otros países de Asia. Los que están pensando el futuro, sobre todo en los aparatos de defensa, o en las cancillerías, siempre están cuatro o cinco jugadas más adelante y conjeturan una eventual guerra. ¿Qué pasaría si esa tensión escala y se transforma en un problema militar? Ahí aparece algo muy importante de lo que no tenemos del todo conciencia porque son temas muy específicos, que es el control del mar. El control del flujo de barcos de comercio y, eventualmente, de militares.
A través de dos mapas podemos entender de qué se trata lo que pasó en Ushuaia. En el primero vemos las bases navales, militares y logísticas de Estados Unidos alrededor del mundo. Obviamente hay muchas en Estados Unidos, pero lo interesante es que además de haber muchas en Europa, hay muchas en el mar de la China, en la proximidad de Japón y China, donde se está desarrollando una película.
En el segundo mapa, que es menos conocido, vemos las bases chinas. Puertos y bases navales construidos, financiados o controlados por China alrededor del planeta. Hay una en Bahamas, otra en California. Pero, ¿de qué se trata lo que sucede en la Argentina? Podríamos imaginar una hipótesis. Supongamos que hay una guerra y se bloquea el canal de Panamá. Ahí es donde adquiere una importancia estratégica el sur de la Argentina. La Marina argentina está pensando desde hace tiempo en una base logística de aprovisionamiento, reparación, también militar en Ushuaia. En un momento la quisieron construir y financiar los chinos, durante el gobierno anterior, y a partir de ahí se registró una presión extraordinaria del gobierno de los Estados Unidos para impedir esa asociación con China en el control del flujo naval del sur, que puede ser mucho más importante si en un escenario de conflagración militar hay una interrupción del canal de Panamá, que maneja Estados Unidos.
Hubo un viaje durante la presidencia de Alberto Fernández del antecesor de Richardson, el almirante Craig Faller, que comandaba el Comando Sur, y que fue a Ushuaia; vino Richardson en 2022, se encontró hasta con Cristina Kirchner, con esta agenda en mente. Ahora volvió al país, viajó al sur y con Milei anuncian la construcción de esa base, que llaman base integrada. Donde estarían también los Estados Unidos, la Marina norteamericana operando en el sur.
Hay un dato interesante y es que antes de venir, el 14 de marzo, esta generala realizó una larga exposición delante de un comité del Senado norteamericano. En esa exposición se refirió casi exclusivamente a dos fuerzas “malignas”. Un adjetivo que repitió hasta el cansancio. Se trata de China y Rusia. Se refirió entre todos los temas que tocó a dos cuestiones particulares: la base que los chinos tienen para la observación del cielo profundo en Neuquén, que Estados Unidos denuncia como base militar y los chinos aseguran que es una base solo científica, y la constitución de una base naval en Ushuaia.
La política cambia el significado de los mapas. El Mar Mediterráneo fue una cosa en una época de la historia, y dejó de serlo cuando la historia pasó hacia el Atlántico. Hoy va moviéndose hacia el Pacífico, y pareciera que hubiera una revalorización del Atlántico Sur. También por la proyección sobre la Antártida y por el control de esa zona. ¿Van a venir militares estadounidenses a la Argentina para operar esa base? Dependerá del Congreso, porque es imposible sacar tropas del país o dejar que entren tropas sin pasar por el Congreso, pero está planteada esta cuestión, que, como decía Goethe, puede ser el comienzo de una nueva era, con una asociación entre Estados Unidos y la Argentina, con un alineamiento importantísimo del gobierno de Milei con los Estados Unidos, que recuerda y probablemente profundice al alineamiento de Carlos Menem en términos de defensa. Cambian muchas cosas. Probablemente también la visión que las potencias occidentales, de la OTAN, Estados Unidos o incluso el Reino Unido, tengan sobre Malvinas si se produce una asociación militar entre nuestro país y Estados Unidos en el Atlántico Sur.
Es decir, estamos ante una novedad importante, que supone algo que en general funciona: los alineamientos internacionales condicionan las políticas domésticas. Esto hace juego con la política doméstica económica del gobierno de Milei, porque podríamos decir que hay un alineamiento con Estados Unidos en lo internacional y la búsqueda de una política más capitalista en el orden económico local que suponga, como la de Menem, la sacralización de la iniciativa privada. Instalar a los privados en el centro de la escena, y correspondientemente achicar el peso del Estado con un fenomenal ajuste fiscal.
La reducción del tamaño del Estado es algo que tiene impresionados a muchos economistas. Sobre todo, a toda la economía ortodoxa. Hay un debate sobre si esa reducción es sustentable. Si el achicamiento del gasto se puede mantener en el tiempo, sobre todo porque en buena parte está basado no en ahorros, sino en postergar algunos pagos, como, por ejemplo, los que hay que hacerles a los productores de gas y electricidad, que es una cuenta de dos billones de pesos al año, importantísima. Supone contratos que el Estado debería respetar. Hay un gran signo de interrogación sobre la consistencia del ajuste. Pero también muchos economistas dicen que sí es consistente porque hay una gran reducción de los subsidios y una licuación de las jubilaciones. Son los dos grandes rubros del gasto público.
Si analizáramos la reducción que hubo en el primer bimestre del año, tendríamos que pensar en un ajuste del gasto público, anualizada, de 7,3% puntos del PBI. Para darse una idea, solo el 2% corresponde a jubilaciones. 1,2% son subsidios. Esto obviamente alimenta a los que le reprochan a Milei que el ajuste es sobre la gente. La idea de que iba a ser un ajuste solo sobre la clase política, “la casta”, es una idea de campaña muy difícil de llevar a la realidad.
Este ajuste del Estado que supone la eliminación de los subsidios energéticos, se da en un marco de gran desbarajuste y desequilibrio, y desorden de los precios relativos. Un gráfico sobre la dinámica de los precios relativos de la rigurosa economista Marina Dal Poggetto presenta varias referencias, como los salarios del sector privado formal en el que para muchos fue el último período de normalidad en la Argentina: 2018, antes de la crisis que determina el final del gobierno de Macri, hasta febrero de 2024. Este factor, los salarios privados, tuvo una variación de 1500%. Otra de las referencias es el dólar oficial donde hubo una variación de 2145% en ese período de 2018 hasta febrero pasado. Por otro lado, el nivel general de precios, la inflación, fue de 2500% . Y también aparece el dólar de contado con liquidación, que es lo más parecido a un dólar libre: tuvo una variación de 2705%. Estos son los parámetros para saber en dónde están los demás precios, en relación con el salario, el dólar oficial, la inflación y el dólar contado con liquidación.
El más alto de todos los aumentos es el de adquisición de vehículos. Si la inflación fue de 2500%, los vehículos subieron 3500%. Una rentabilidad espectacular de las empresas automotrices. Vienen de las casas matrices y se sorprenden de la rentabilidad argentina. Claro, tampoco podían remitir los dividendos. Medicamentos tuvo una variación de 3477%. Hay que aclarar algo: la industria de los medicamentos le cobra esto al mercado común, pero brinda medicamentos a un precio por debajo del mercado al PAMI, que representa el 40% del consumo de medicamentos. Pero igual estamos hablando de 3477% de aumento de los medicamentos contra una inflación de 2500%. Una parva de plata. También aparecen electrodomésticos, que incluyen electrónicos de Tierra del Fuego: 3400% de aumento contra 2500% de inflación y ni que hablar con el salario que se quedó en 1500%. Frutas y verduras, 3200%; azúcar, 3200%; tabaco, 3100%; leche y lácteos, 2816%. Los bienes aumentan de manera muchas veces delirante por una economía que facilita ese aumento por su altísimo nivel de protección. Una economía muy cerrada. Tan cerrada como la brasileña, por el Mercosur, y ahora con una protección adicional que se llama Impuesto PAIS, que se carga sobre todos los bienes importados. Esto permitió que estos precios relativos se dispararon mucho sobre la inflación y obviamente muchísimo sobre el salario.
Por otro lado, en el “infierno” de este cuadro, en la parte de abajo, con precios muy atrasados, están electricidad, gas y combustibles con un aumento de 901%. Este es el atraso del que se quejan las empresas de estos rubros. El alquiler 1000%. Muy por debajo del salario y también del nivel de precios. Es decir que alquilar un departamento fue un pésimo negocio entre 2018 y 2024. También hay un atraso en la educación. Ni que hablar de las jubilaciones con 1300%. Internet y telefonía fue otro de los rubros regulados: 1600%, por encima del salario y por debajo de la inflación.
El sector de las prepagas, para febrero, sin los últimos aumentos, estaba por encima de los salarios formales, por debajo del dólar oficial y bastante por debajo del nivel general de precios, de la inflación. Ese nivel fue, en todo el período, de 2500% y el aumento de las prepagas, de 1900%.
Hoy se desencadenó una discusión sobre ese tema por el tuit de Luis “Toto” Caputo, en el que dijo que las prepagas “les están declarando la guerra a la clase media”. Se metió en un berenjenal con esta afirmación por varias razones. La primera es que no es que las prepagas salieron de golpe a agredir a la clase media. Hay un decreto, el decreto Sturzzenegger, firmado y defendido por el Gobierno, que desreguló a las prepagas y, como dice el texto de esa norma, “eliminó las restricciones de precios”. Fue el Gobierno el que le dio la posibilidad de ir recuperando el terreno perdido respecto de la inflación.
¿Qué dicen los dueños de las prepagas? Que si seguíamos con este atraso, estábamos condenando a las clínicas a quebrar y a los médicos a empobrecerse. Los médicos ya estaban cobrando por fuera del sistema, lo que se llaman copagos, que muchas veces eran impagables para los pacientes.
Dramatizando mucho, el sector de las prepagas dice que “si querían mantener este precio controlado y por debajo de los costos, lo que tendrían que hacer es estatizar”. El Gobierno no fue por ese camino sino por el de liberar, siguiendo su ideología. Entonces, a Caputo se le podría decir que eso lo hizo él, no es que lo hicieron las prepagas.
Hay otra cuestión más a observar en el tuit de Caputo. Y es que el ingreso principal de las prepagas tiene que ver con los salarios. ¿De dónde vienen los recursos que tienen las prepagas? Básicamente, del aporte salarial obligatorio a una obra social, que después va a la prepaga -ahora esa intermediación, felizmente, el Gobierno la suspende en el mismo decreto- y de lo que cada uno destina de su sueldo a mejorar ese aporte. Así se constituye el pago a este sector de la economía, que es el de los financiadores de la salud. La novedad es que el Gobierno, que no controló el precio de las prepagas, tiene pisado el precio de los salarios.
En este contexto aparece el conflicto con los camioneros, quienes consiguieron un acuerdo con el sector empresarial de más o menos el 25% para marzo, que el Gobierno no quiere homologar por encima del 15%.
¿Qué dicen los sindicalistas ortodoxos? Se volvieron ultraliberales de golpe. Se preguntan cómo un gobierno liberal, que libera todos los precios, incluso los de la salud, el único precio que controla es el salario. ¿Qué diría un sindicalista? Si vos liberás el precio del salario no habría tanto problema en pagar la prepaga. Segundo ataque a la clase media: lo estaría realizando el propio Caputo, pisando estos salarios y produciendo una gran licuación, que es una de las claves de este programa, objetada inclusive por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que corre al Gobierno desde la izquierda.
Hay una tercera dimensión que plantea alguna perplejidad respecto de este tuit del ministro de Economía y que tiene que ver con los precios de las tarifas de servicios públicos. Si tuviéramos que pensar qué va a pasar con esos precios, por ejemplo, el del gas, una familia de clase media va a tener un aumento de alrededor de entre 400 y 500%. ¿Quién dispone ese “ataque a la clase media”? Caputo actualizó los precios. Es más, muchas empresas de transporte y distribución de gas dicen que pidieron menos y les dieron de más.
Si tuviéramos que tomar un hilo conductor de la historia reciente de la Argentina es este: el peso de las tarifas en el salario formal. Cuánta participación tienen en los ingresos de una familia, o de un asalariado registrado, los servicios públicos de electricidad y gas.
Desde diciembre de 2001, hubo curva descendente con el kirchnerismo, fue un gran atraso tarifario que produjo distorsiones extraordinarias de las que no podemos salir hasta ahora. Tuvimos que importar energía, con lo que implicó para las reservas del Banco Central, y tuvimos un desborde de gasto y consumo porque nos regalaban la energía.
El kirchnerismo dejó el 2,9% de participación de las tarifas en el salario, y Macri lo llevó al 12.2% en tres años. Cuando en 2019 uno le preguntaba a la gente por qué se había enojado con Macri, la respuesta era por las tarifas. En el gobierno de Alberto Fernández hubo un nuevo atraso tarifario, un pico al final hecho por Massa: otro retraso para la campaña electoral. De acuerdo a los cálculos del estudio, se ubicará en el 12.1% en julio, por las actualizaciones que ya tiene programado el ajuste de precios de la energía: de 4,1% a 12,1 en seis meses.
Este es un ajuste muy importante sobre el salario que habrá que ver qué efecto tiene sobre el estado de ánimo de la población. Después hay que ver qué efecto tiene sobre otro frente, el judicial, porque es donde aparece el problema de la Corte.
Cuando Macri produjo el primer aumento de tarifas en 2016 hubo un fallo de la Corte, y el voto principal fue el de Horacio Rosatti, el actual presidente de la Corte, que estableció que el aumento del precio de las tarifas debe ir de la mano de la actualización del salario. Si quiero mover las tarifas al nivel de la inflación, hay que mover el salario y llevarlo también al nivel de la inflación. Estas dos variables, tarifas y salario, deben moverse juntas, dice la Corte. Específicamente, lo dijo Rossatti. Esa bandera la tomó después Sergio Massa para enfrentar a Macri a fines de 2017 y comienzos de 2018 con el aumento progresivo de tarifas que había dispuesto en tres años.
¿La Corte va a volver a plantear ese problema? Ahí está Ricardo Lorenzetti -enemigo acérrimo de Rosatti, de Rosenkrantz y de Maqueda- diciéndole al Presidente que lo van a obstruir y corroer. “Tu problema no es sólo el Congreso, tu problema es la Corte”. ¿Por el DNU? Sí, aunque daría la impresión de que la mayoría de la Corte no está tan reticente a aprobarlo, tal vez desdoblándolo o segmentándolo en distintas materias para no convalidar un decreto que modifica 800 leyes de un plumazo.
Lo que plantea Lorenzetti es que hay que tener cuidado con el tema de las tarifas. Y acá aparece el gran problema en el que se mete el Presidente: acepta la sugerencia de poner a Ariel Lijo como juez de la Corte y esto desata una ola de críticas y de reproches que llega hasta la habitación de al lado de Milei. Hubo una columna en LA NACIÓN escrita por Alberto Benegas Lynch (hijo) -a quien Milei venera- que se llama “Una resumem telegráfico sobre el presidente Milei”, donde manifiesta su malestar porque es postulado para la Corte un juez que parece ser la contracara de Alberdi. Lo dice Benegas Lynch que es un liberal extremo.
Lo curioso es que, no sabemos si Miliei habrá leído ese párrafo, peroy le dio like en su cuenta de X, que es hiperactiva.
Hubo manifestaciones del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, del club político que lideran Ricardo Mazzorín y Graciela Fernández Mejide, de redes ligadas a la justicia; probablemente haya alguna entidad empresaria importante que se manifieste este miércoles. Inclusive, un abogado relevante en la lucha por la calidad de la abogacía, como Guillermo Lipera, le pidió al Colegio Público de Abogados – que está en plena campaña electoral- que se pronuncie sobre Lij.
Este lunes hubo un pronunciamiento muy velado de Patricia Trotta, una de las candidatas que enfrenta al oficialismo, a Ricardo Gil Lavedra, diciendo que los jueces deben ser éticos. Se supone que, dado el nivel de debate que hay alrededor de Lijo, se refiere a él.
Gil Lavedra todavía no habló, a sus amigos les dice que el Colegio se va a presentar delante del Senado cuando esté en consideración el pliego de Lijo y, no va apoyar. No sabemos qué quiere decir que no va a apoyar. ¿O va a recriminar? Son cosas distintas. Pero es cierto que hay mucha incomodidad en esas listas porque todas tienen algún compromiso con Lijo o con Lorenzetti.
Parece mucho más contundente Delia Ferreyra Rubio, una intelectual, cientista política muy ligada a los estudios de carácter electoral en la Argentina, una autoridad en la materia y líder para la región de Transparencia Internacional, quien produjo este tuit: “La lucha contra la corrupción y la impunidad requiere un Poder Judicial íntegro y que genere confianza en la ciudadanía. La Argentina no es la excepción. La nominación del juez Lijo para la Corte Suprema en nada contribuye a la integridad y legitimidad de la Justicia”.
Ferreyra fue mucho más clara que otros refiriéndose al tema. Después mostró un gráfico donde expone un estudio de Transparencia sobre la relación que hay entre acceso a la justicia y corrupción en el mundo.
En el caso de la Argentina, es relativamente bueno el acceso a la justicia, mejor que China, pero con más corrupción que India, China, Rumania o Burkina Faso -donde hay muy poco acceso a la justicia, pero menos corrupción- en Irán, Nicaragua, Venezuela o Haití, que son países con los que uno no desearía compararse siquiera.
Dinamarca está en el extremo. Milei va a viajar a ese país a concretar la compra de los aviones americanos F-16 que también eligió comprar en contra de los aviones chinos. Seguimos con el alineamiento internacional.
La cuestión es que parece hacer juego la política exterior con la política económica, pero no parece hacer juego la política económica y la política exterior, aparentemente liberales, con el nivel de transparencia institucional que profesa el gobierno de Milei.
¿Cuál es el problema de postular a Lijo? No solamente sus características. Fue investigado por la justicia, por el juez Ercolini y el fiscal Picardi. Aparentemente, ninguno de los dos tuvo en cuenta un informe de la UIF que mostraba sospechosísimos movimientos financieros de los Lijo, de Ariel y de su hermano Alfredo. Ahora, Elisa Carrió y el diputado Juan Manuel López le piden al Consejo de la Magistratura que haga una auditoría sobre esa causa, así como, hicieron otra sobre el juzgado de Lijo por dormir las causas, no sabemos muy bien con qué intereses. Le piden al Consejo de la Magistratura y se lo piden al fiscal general, al procurador Casal, para que investigue cómo se comportó Picardi, si tuvieron en cuenta esos informes de la UIF.
¿Por qué es interesante esto? Sobre todo, porque el presidente de la Magistratura es Rosatti, que de un modo u otro va a tener que opinar si quiere investigar o no cómo fue tratado Lijo en el juzgado de Ercolini en la investigación de Picardi. Se abren problemas políticos en distintos frentes, también en el frente específicamente electoral.
Macri está disconforme con estas decisiones políticas de Milei y en el fondo se proyecta si el PRO va a ir a elecciones asociado a La Libertad Avanza, sobre todo después de que el pliego de Lijo llegue al Senado. Porque el día que se vote, si los votos alineados con Cristina Kirchner le dan el sí, lo que se va a ver es que detrás de la jugada para poner a Lijo en la Corte no solamente está el escándalo derivado de poner un juez corrupto, sino la impunidad para la corrupción del kirchnerismo y, en especial, de la expresidenta. Todo esto va a tener un costo, posiblemente electoral. No sabemos si Milei lo ve, pero pareciera que Macri sí.
Hay momentos en que pasa algo nuevo, hay momentos en que se inician eras. Probablemente, para aquellos que están inquietos por la calidad institucional de la Argentina, un país a cuya puerta golpea el narcotráfico, la postulación de Lijo como juez de la Corte sea -como la base en el Sur- el comienzo de algo distinto.
Fuente La Nación