La Fiscalía Europea requisa documentación sobre la gestión de Torres y Armengol>

Así lo han adelantado los periódicos de ‘Prensa Ibérica’ en Canarias y ha confirmado a los periodistas el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Este nuevo requerimiento, según confirma la Guardia Civil, está vinculado al caso Koldo, aunque no es el único que investiga la Fiscalía Europea.

Concretamente, el organismo europeo se ha hecho cargo de las investigaciones porque mucho material fue costeado con fondos europeos, sospecha de irregularidades por valor de casi 32 millones, entre ellas, el llamado primer caso Mascarillas por el que se abonaron por adelantado, en dos pagos de dos millones cada uno, la compra de un millón de mascarillas a una empresa no sanitaria y que nunca llegaron a recibirse.

También investiga contratos vinculados al suministro y transporte de material sanitario durante la crisis de la Covid-19, y busca nuevas tramas, más allá del caso Koldo o el caso Mascarillas, ya conocidos. La Unidad de la Policía Judicial que responde a la Fiscalía Anticorrupción de Europa investiga si hay pruebas para iniciar nuevos procedimientos, independientes a estos, y que podrían incurrir en un delito de malversación de fondos públicos y prevaricación administrativa.

De acuerdo a los datos que se conocen por el momento, la Fiscalía considera sospechosos contratos que ascienden a 31,9 millones de euros, y que extiende la investigación que destapó el caso Mascarillas a otras 23 adjudicaciones fechadas entre 2020 y 2021. La denuncia que apuntó a la empresa RR7 United, a la que se compró un millón de mascarillas por 4 millones de euros (cada una de ellas 3,77 euros por encima del valor de mercado) y que nunca se entregaron, podría ser solo el principio, ya que ahora se investiga la compra por parte del Servicio Canario de Salud de suministros médicos a precios inflados a 17 empresas más.

Tal y como la misma Fiscalía Provincial de Las Palmas informó en febrero, también está en marcha una querella independiente a estos dos casos contra cuatro empresarios por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y malversación por contratos de venta de material sanitario durante la pandemia, que ascienden a 22,8 millones de euros. En esta investigación, se estudia si los empresarios que sirvieron de intermediarios en la compra-venta cobraron mordidas de estos fondos europeos, concretamente entre 9 y 10 millones del total.

Esta querella relaciona a las entidades mercantiles ‘Damco Trading Services, SA’ y ‘Tanoja Services, SL’, ambas con domicilio fiscal en Madrid, que fueron adjudicatarias del Servicio Canario de Salud (SCS) para el suministro de material sanitario durante la pandemia de la Covid-19, así como a los empresario identificados con las iniciales ‘MARA’ el socio y administrador único de una de ellas y ‘LBLC’ de la otra, y ‘CCE’.

Clavijo ha insistido en que el Gobierno se dedica a «colaborar» con la justicia y se ha dedicado a «facilitar» la labor de los agentes que han analizado diversos expedientes y correos electrónicos para que la justicia «pueda trabajar con absoluta tranquilidad y colaboración». «Es lo que nos corresponde», ha agregado.

El presidente Clavijo ha adelantado también que ha pedido explicaciones ante la ausencia de actas e información de la actividad del Comité de Gestión Sanitaria creado por el Gobierno de Canarias durante la pandemia, que se reunía casi a diario. No ocultó su sorpresa ayer al conocer que aunque este comité «se creó y se publicó en los medios de comunicación, no se ha encontrado ni una sola acta de las reuniones que se celebraron, que eran prácticamente diarias», ni tampoco costa ningún reglamento, ni «se publicó nada».

En Baleares el martes

Por otro lado, en lo que respecta a Baleares, afectando al entonces Gobierno de Francina Armengol, fuentes de la investigación confirman que la Guardia Civil se personó este martes en el Servicio balear de Salud (IB-Salut), en Palma, por indicación de la Fiscalía Europea para solicitar toda la documentación sobre la compra de las mascarillas fraudulentas a la trama de Koldo García. El registro se prolongó desde primera hora de la mañana hasta la madrugada. La investigación se centra en el lote de un millón y medio de tapabocas adquirido por el Gobierno de la ahora presidenta del Congreso en abril de 2020 a través de la empresa Soluciones de Gestión a Empresas SL por valor de 3,7 millones de euros, central en el Caso Koldo que investiga la Audiencia Nacional. Una mercancía que resultó ser de ínfima calidad y que se dejó caducar en un almacén durante más de tres años.

El IB-Salut confirma a ABC que los agentes se personaron en las dependencias de la calle Reina Esclaramunda de la capital balear para recopilar toda la información sobre esta compra y que en todo momento se mantuvo un «ambiente de cordialidad y de máxima colaboración».