A España se le moja la pólvora presupuestaria en plena efervescencia de la defensa europea

Había voluntad política, disposición empresarial y viento financiero a favor. Pero al plan estratégico de defensa de España se le ha mojado la pólvora presupuestaria. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido prorrogar las cuentas de 2023 y trabajar directamente en los números del próximo ejercicio. Un frenazo en seco a la inversión militar prevista que hace que el país pierda comba en un momento diplomático e industrial clave para el sector y el país.

Entre las empresas hay nervios, pero no miedo. En el sector celebran el mensaje de seguridad que les ha trasladado el Ministerio de Defensa, que mantiene que se cumplirán los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Ejecutivo. Incluyendo la complicada hoja de ruta para llevar la inversión en defensa hasta el 2% del PIB para 2029. Pero también reconocen la incertidumbre que genera este impasse justo en el momento en el que los líderes del sector esperaban un significativo impulso financiero para aprovechar el ciclo alcista que vive la industria global.

“(La prorrogación de presupuestos) no es una buena noticia y ha despertado cierta preocupación en la industria. Sin embargo, tenemos plena confianza en que tanto el Ministerio como el propio Gobierno pondrán en marcha los mecanismos e instrumentos necesarios para alcanzar los objetivos comprometidos”, explica César Ramos, director general de la Asociación de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio (Tedae), que agrupa a casi un centenar de firmas del ramo.

El propio Sánchez invitó el mes pasado a una treintena de representantes de la industria de la defensa a la Moncloa para escenificar un inédito respaldo a un sector que está poco habituado a estas muestras de apoyo público. La reunión, indican fuentes, fue muy cordial. El presidente se mostró muy interesado y conversaron, como indicó después el comunicado oficial, sobre la estrategia industrial y la necesidad de aumentar la capacidad productiva y tecnológica del ecosistema de defensa nacional. Durante y después del encuentro, Sánchez mostró su intención de sostener el impulso a un sector estratégico, tecnológico y rentable (en términos laborales y exportadores) para la nación en un momento “geopolítico complejo”.

Ese apoyo ha sido reiterado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, en varias ocasiones, incluyendo en sus comparecencias ante las comisiones de defensa de Senado y Congreso. “La carencia de presupuestos no va a afectar a los techos de gasto (aprobados)”, dijo la alta funcionaria, detallando que los porcentajes de ejecución de su cartera son del 90%. “Vamos a cumplir nuestro compromiso de llegar al 2% con OTAN en el año 2029″, insistió.

Sin embargo, analistas, fuentes de la industria y militares consultados creen que este hiato conlleva una serie de problemas y riesgos.

Un golpe en la rodilla

“No podemos quejarnos. No recuerdo haber recibido tanta atención de un gobierno (desde que estoy en el sector) y venimos de dos años muy buenos. Pero es obvio que prorrogar los presupuestos es un golpe a la rodilla justo cuando teníamos que estar a tope para aprovechar el momento”, comenta una fuente con décadas de experiencia en la industria.

“Todos los países de nuestro entorno están disparando la inversión en defensa y eso se va a notar en financiación disponible para la industria, en su capacidad de poner proyectos en marcha, de carga de trabajo, etc. Para nosotros va a ser un año en blanco en ese sentido y eso nos puede dejar en cierta desventaja“, agrega.

Los factores que comentan los insiders del sector son variados, desde la competitividad salarial al impacto de la inflación de materias primas en los costes de los proyectos. “Retrasar un proyecto un año puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso de ese proyecto. No solo en defensa, sino en cualquier producto. Se te puede adelantar la competencia o pueden fichar a los profesionales que tú necesitabas o estar listos antes que tú para un determinado contrato internacional. Y los costes a futuro, en un mercado sobrecalentado como el de defensa, también van a aumentar”, comenta otra fuente industrial.

En perspectiva, el momento en el que llega la prórroga no es crítico. El Ministerio de Defensa obtuvo en 2023 una partida de 12.800 millones de euros, lo que supuso un aumento del 25% respecto a la del ejercicio anterior. El presupuesto final rozó los 15.000 millones de euros tras la ampliación de varios créditos para programas especiales de armamento. Para este 2024, el presupuesto inicial podría haber rondado los 16.600 millones (+27% interanual) si se hubiese cumplido con el escenario de aumento paulatino hacia el 2%, según cálculos de la consultora Nitid en su informe ¿Qué supone el aumento de la inversión en Defensa para la economía española? Esto son casi 4.000 millones menos para arrancar el año.

¿Qué se puede hacer?

Hay margen para neutralizar el impacto, pero todas las posibles tienen un límite.

“El sector no se va a paralizar, pero sí lo veremos ralentizado. Es muy probable que algunos de los nuevos programas (especiales de armamento) que Defensa tuviera en cartera, se tengan que retrasar. Lo que puede hacer el Gobierno es imputar al déficit público determinadas partidas extrapresupuestarias, utilizar fondos de contingencia, los créditos de Industria o financiar vía deuda. No hay mucho más margen. Pero hay que tener en cuenta que la prorrogación no solo afecta a Defensa, sino a todas las carteras, así que esa asignación final dependerá del momento político”, comenta Antonio Fonfría, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.

Esto implica, prosigue Fonfría, realizar una “reordenación del presupuesto”, cumplir con los “compromisos adquiridos” y hacer un ejercicio de “prioridades”. Entre los proyectos más relevantes en marcha destacan la demorada entrega de los vehículos blindados 8×8 Dragón, del consorcio Tess Defence —Santa Bárbara Sistemas, Indra, Sapa Placencia y Escribano M&E—, comenzar con los vehículos de apoyo a cadenas (VAC), también de Tess Defence, y las primeras pruebas del lanzacohetes de alta movilidad Silam, de Escribano y Expal.

Entre aquellos que podrían verse afectados están programas como el Halcón II, que contempla la compra de 25 nuevos Eurofighter; los nuevos Buques de Acción Marítima (BAM) para guerra antisubmarina o varios proyectos de modernización digital (radios tácticas, sistemas de mando y control, etc). A esto se suma una larga lista de la compra que los tres ejércitos esperaban comenzar a impulsar este año y que ahora deberán manejar con más prudencia.

“En las Fuerzas Armadas venimos de años de estirar al máximo la vida útil de los equipos, de tener paciencia con los retrasos en las entregas de sistemas de armas y de tratar de llevar a la práctica eso de ‘hacer más con menos’. Así que un año un poco más lento no nos quita el sueño. Lo importante es que lo que esté en marcha se esté haciendo bien, se cumplan los cronogramas y se piensen con cuidado los próximos pasos”, apunta un mando militar.

En esta reorganización de prioridades, apuntan observadores del sector, hay margen de maniobra. Por ejemplo, las partidas de compras en el exterior que no se hayan comprometido hasta la fecha —como las que todos asumen serían para la adquisición de la versión embarcada de los F-35 que Defensa no se decide a oficializar— podrían ser derivadas a otros proyectos nacionales que encajen más con la estrategia industrial de defensa aprobada el año pasado.

“Ya era complicado (llegar al 2%), con una prórroga será aún más difícil. Las estimaciones del Ministerio de Defensa son muy lineales, con un crecimiento medio anual del 15% en defensa, independientemente del entorno económico”, especifica Fonfría. “Las estrategias deberían ir con un cierto grado de dotación presupuestaria para estos momentos. Una política sin presupuesto no es política y una estrategia sin perspectiva presupuestaria se convierte en papel mojado”.

Una verdad incómoda

Con todos estos elementos en juego, los expertos se resisten a hablar de “año perdido” para el sector. Pero sí es un nuevo aviso de la necesidad de repensar el modelo de financiación de la defensa nacional. Los proyectos militares manejan plazos muy largos e inversiones de capital intensivas, por lo que la incertidumbre presupuestaria puede hacer descarrilar los cronogramas y diseños.

“Desde Tedae llevamos muchos años demandando un pacto de Estado que garantice la estabilidad presupuestaria en materia de defensa. En estos momentos contamos con una estrategia industrial que mira al futuro con ambición y que persigue el incremento de la autonomía estratégica, la consolidación del pilar de defensa europeo y el desarrollo de una base industrial y tecnológica de la defensa, lo que demuestra, una vez más, la necesidad de inversión a largo plazo“, señala Ramos.

Este escenario de parálisis presupuestaria se ve aún más amplificado por la dificultad que tiene el sector para atraer el capital privado, que podría jugar un papel providencial en estas situaciones. Sin embargo, el sector bancario y los fondos de inversión nacionales —por distintos motivos— no financian proyectos militares.

Las empresas confían en que esto cambiará cuando se vaya incrementando la financiación europea. El mes pasado, 14 países (incluyendo Alemania, Francia e Italia) instaron al Banco Europeo de Inversiones (BEI) —dirigido desde enero por la española Nadia Calviño— a cambiar sus políticas para facilitar la financiación de proyectos militares. Una idea que también ha respaldado públicamente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien hizo este mismo ruego al BEI desde el Parlamento Europeo. La rúbrica de Sánchez fue una de las destacadas ausencias en ese documento.

Además, varios líderes europeos —esta vez sí, incluyendo a Sánchez— han propuesto la emisión de eurobonos para financiar programas comunitarios de defensa y seguridad, y otras políticas estratégicas como transición energética o lucha contra el cambio climático. La propia Von der Leyen está haciendo campaña para renovar su mandato al frente del Ejecutivo comunitario con un programa basado en la defensa y seguridad común, que incluye más presupuesto, más proyectos y hasta un comisario dedicado.

“En España tenemos un problema de falta de valentía política y valentía institucional, en diferentes niveles. Estos últimos años se han dado algunos pasos. Está claro que un reparto de riesgo entre sector privado, sector público y empresas ayudaría a incrementar la eficiencia del conjunto de la base de defensa. Pero el sistema bancario es muy averso al riesgo, ya sea financiero o reputacional”, abunda el académico. “Tendremos que esperar a Europa”.

Fuente El Confidencial