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La juez que investiga el caso Supercopa, Delia Rodrigo, sospecha que el expresidente de la Federación Luis Rubiales pudo recibir como pago «en especie» por parte de Arabia Saudí terrenos en aquel país para desarrollar negocios hoteleros.
Así queda plasmado en el auto por el que este martes, la instructora plasmó las medidas cautelares a las que quedó sujeto Rubiales tras prestar declaración y que se reducen a comparecer el día 1 de cada mes en sede judicial y avisar si quiere salir de España.
En concreto, la resolución recoge que a Rubiales se le investiga por delitos de administración desleal y corrupción en los negocios. No se menciona el ilícito de organización criminal que sí reflejaban los informes de la UCO de Guardia Civil durante la investigación.
Sin embargo, recoge que «de lo hasta ahora actuado se evidencia en relación a los hechos afectantes al investigado Sr. Rubiales Béjar la presencia de elementos fácticos de mayor relevancia a los existentes en la causa hasta el presente estadio procesal, que conforman un patrimonio indiciario de entidad suficiente para presumir su participación en los presuntos delitos objeto de investigación«.
Detalla que en su condición de presidente se aprobó la celebración de la competición deportiva de la Supercopa en Arabia Saudí en la temporada 2019 y siguiente, en virtud de un contrato fechado en 11 de septiembre de 2019 formalizado entre la RFEF, la mercantil «Kosmos Global Holding«, que es de Gerard Piqué, y la sociedad pública saudí SELA.
La Federación percibiría 30 millones de euros y el intermediario, tres millones por edición, «pudiéndose haber establecido también un pago en especie a favor del Presidente de la RFEF, así como a favor de otros cargos directivos de la RFEF y personas vinculadas a la misma, consistente en la cesión de terrenos en Arabia Saudí para la posterior gestión de negocios hoteleros«, señala la instructora. Rubiales, en su declaración, negó específicamente este punto y subrayó que ni pagos en especie ni comisiones fuera del contrato.
«Además, poco después de la firma del acuerdo, se observa la constitución de un entramado de varias sociedades por parte del investigado«, añade la resolución, que repasa tanto la constitución de GRX Export Pro con domicilio en Granada e intención de invertir en inmuebles como la situación de Dismantec, la sociedad de Francisco Javier Martínez Alcaide, alias Nene, que recibió pagos de la instaladora Gruconsa en periodos que coinciden con contratos de obras en su favor para la Federación.
Fuente ABC
