Díaz encarrila la reforma de la ayuda al desempleo al aceptar la condición que puso Podemos

Casi cuatro meses después de la sonada derrota parlamentaria, Yolanda Díaz ha encontrado un poderoso argumento para que Podemos no le vuelva a tumbar la reforma de la prestación asistencial del desempleo. La ministra de Trabajo ha encarrilado este lunes el acuerdo con los sindicatos, que le pedían exactamente lo mismo que ella prometió en su día y que Podemos utilizó como excusa para darle un escarmiento: el que no hubiese recortes del subsidio, que en estos momentos cobran unas 700.000 personas sin derecho a la prestación contributiva o que ya la han agotado.

Finalmente no los habrá, siempre que las promesas que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, les ha transmitido a los representantes sindicales en la reunión de esta tarde se plasmen en un papel. El casus belli que motivó el plantón de los morados en aquella votación fatídica en el Congreso se ha esfumado: quienes acceden al subsidio a través de la vía de los mayores de 52 años mantendrán la sobrecotización del 125% de la base mínima, lo que garantiza que no verán menguadas sus pensiones por culpa de la reforma, que la quería reducir al 100%.

Este punto, que los sindicatos exigían y Podemos había utilizado como argumento para no convalidar el real decreto el pasado enero, se mantendrá exactamente igual que en el diseño vigente. De la misma manera, se han resuelto otras dos reivindicaciones sindicales: los parados procedentes de un contrato a tiempo parcial podrán cobrar la totalidad del subsidio en las mismas condiciones en que lo hacen los que vienen de un trabajo a tiempo completo, mientras que los emigrantes retornados y las víctimas de violencia de género se mantendrán bajo este esquema de protección. En la anterior propuesta, el Gobierno quería enviarlos al ingreso mínimo vital (IMV), pero muchos de ellos no cumplirían los requisitos y se quedarían sin ningún tipo de ayuda.

Las promesas del Ejecutivo, bien acogidas por unas centrales que hablan de “avances significativos” —siempre a la espera del redactado final—, hacen mucho más complicado que Podemos se atreva a paralizar de nuevo esta reforma recogida en el plan de recuperación. No hay que olvidar que de ella depende el cuarto pago de los fondos europeos, valorado en 10.000 millones de euros, y para el que España ha pedido una prórroga a la Comisión Europea, ante las dificultades para sacar adelante la nueva norma.

El acuerdo con los agentes sociales es el primer paso para que la reforma pase en las Cortes

Tras el fracaso de la convalidación del real decreto, Trabajo se comprometió a volver a intentar la reforma a través de un proyecto de ley, para otorgarles más margen de negociación a los grupos parlamentarios. En este proceso, los sindicatos constituyen el mejor aval para Díaz, que mantiene una relación muy tensa con Podemos. De hecho, tanto UGT como Comisiones Obreras se han reunido en los últimos meses con diputados de los diferentes partidos para preparar el terreno de cara a la aprobación de la reforma al segundo intento.

En ese sentido, los representantes de ambas centrales en la negociación se han mostrado convencidos de que esta vez sí será la buena. “Hemos hecho los deberes con la interlocución con los grupos parlamentarios, esperamos que pueda ver la luz”, ha afirmado Cristina Estévez, de UGT, en declaraciones a los medios tras la reunión de este lunes. Carlos Bravo, de CCOO, ha recordado que el acuerdo con los agentes sociales es el primer paso para que el nuevo texto pueda ser aprobado en las Cortes. La patronal CEOE, de momento, no se pronuncia, a la espera de conocer el redactado definitivo, que se entregará a lo largo del día a las partes y será sometido a consideración de los órganos de decisión de los sindicatos. Es importante recordar que, en su primer intento, el Gobierno no llevó la reforma a la mesa del diálogo social.

Los sindicatos no se conforman

Ahora, los principales escollos están resueltos, pero eso no significa que las centrales estén plenamente conformes con la propuesta. Tanto Estévez como Bravo han recordado que el nuevo esquema no completa el refuerzo de las políticas de empleo que se debe desarrollar en esta legislatura, especialmente por el lado de las políticas activas, es decir, de favorecer la integración de estos colectivos al mercado laboral a través de mecanismos como itinerarios personalizados. Para los mayores de 52 años, el Ejecutivo ha acordado con las comunidades destinar más de 630 millones de euros a tal efecto.

Otras de las quejas tienen que ver con la utilización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) —que ha perdido un 14% de poder adquisitivo en las últimas dos décadas— como referencia para calcular las cuantías o con la incerteza que todavía existe sobre la pasarela que tendrán los perceptores hacia el ingreso mínimo vital, que queda pendiente de una futura negociación con Seguridad Social. Como informó este periódico, una parte de los parados de larga duración que reciben el subsidio a través de la renta activa de inserción (RAI) estará excluida del IMV si no se modifican sus requisitos, mucho más exigentes. A la espera de clarificar ese punto, los sindicatos han conseguido que esos desempleados puedan seguir cobrando la RAI hasta que la agoten. Lo más difícil ya esté hecho, pero las centrales confían en resolver estas lagunas para evitar cualquier tipo de recorte.

Más protección sin dañar el empleo

Los que no cambian son los principios básicos de la reforma comprometida por Bruselas, que Economía —aún con Nadia Calviño al frente— y Trabajo pactaron en diciembre tras una ardua disputa. Se trata, en esencia, de hacer compatible el cobro de la ayuda con el desempeño de un puesto laboral durante 180 días, para no desincentivar su búsqueda entre los perceptores. Esa era la principal condición de Economía, que quiere lograr el pleno empleo en esta legislatura. Al mismo tiempo, se aumenta la cuantía de la protección —hasta los 570 euros durante los primeros seis meses, 540 euros los siguientes seis y 480 euros a partir de ahí— y se extiende a nuevos colectivos que antes no la podían recibir (menores de 45 años sin hijos, eventuales agrarios en todo el territorio nacional, etc.), como exigía Díaz.

El plazo que ha dado Bruselas para valorar las reformas relacionadas con el cuarto pago de los fondos acaba el 20 de mayo, después de la extensión de dos meses solicitada por el Gobierno español en marzo. De no llegar a tiempo, el Ejecutivo podría pedir otra prórroga o un pago parcial, descontando la parte que correspondería al compromiso de mejorar el esquema del subsidio. Este lunes, el equipo de Díaz ha dado un paso fundamental para cerrar cuanto antes la que iba a ser una de las primeras reformas de la legislatura, pero que hasta ahora se le ha atragantado. Solo la intransigencia de Podemos, que se batirá con el proyecto de la vicepresidenta segunda (Sumar) en las elecciones europeas del próximo 9 de junio, la puede hacer descarrilar ya.

Casi cuatro meses después de la sonada derrota parlamentaria, Yolanda Díaz ha encontrado un poderoso argumento para que Podemos no le vuelva a tumbar la reforma de la prestación asistencial del desempleo. La ministra de Trabajo ha encarrilado este lunes el acuerdo con los sindicatos, que le pedían exactamente lo mismo que ella prometió en su día y que Podemos utilizó como excusa para darle un escarmiento: el que no hubiese recortes del subsidio, que en estos momentos cobran unas 700.000 personas sin derecho a la prestación contributiva o que ya la han agotado.