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Por Fernando Laborda
En menos de 48 horas, dos hechos exhibieron en forma descarnada el atraso y la decadencia de un país incapaz de aprender de sus reiterados errores. El incidente ferroviario registrado anteayer en la línea San Martín fue un espejo de la degradación y la desidia; el paro general convocado por la CGT un día antes reflejó el rostro de la extorsión y la prepotencia.
En cualquier país normal, costaría mucho entender que los semáforos que guían a los conductores de trenes no funcionen por el continuo y sistemático robo de los cables que los alimentan. Independientemente de cuál haya sido la razón del choque entre el tren que transportaba pasajeros y la locomotora detenida en Palermo, aquel hecho delictivo revela lo peor de una sociedad y la ineptitud de sus autoridades tanto para prevenir la delincuencia como para reponer con rapidez los cables robados.
A la hora de analizar el deterioro de los servicios ferroviarios en la Argentina pueden hallarse innumerables indicadores. Hoy un tren que une Buenos Aires con Mendoza tarda 28 horas, casi el doble que en 1937, cuando se lanzó el servicio El Cuyano. Trenes Argentinos es la empresa con mayor dotación de personal del país: tiene unos 30.100 empleados, el doble que la española Renfe, pese a que esta cuenta con una red ferroviaria cuatro veces más grande que la argentina.
Desde el kirchnerismo se le endilgó al gobierno de Javier Milei la falta de mantenimiento. El actual secretario de Transporte, Franco Mogetta, respondió que el accidente fue producto de años de desmanejo; indicó que en los últimos diez años no se compró ni un rulemán, pero se triplicaron las gerencias y se llenó a Trenes Argentinos de militantes políticos.
El Gobierno sostuvo que lo ocurrido es la prueba palmaria de que los servicios ferroviarios deben ser privatizados. El abandono y la negligencia de la gestión de Trenes Argentinos en los últimos años es evidente. Pero eso no puede ser excusa para que las autoridades nacionales se desentiendan de las urgentes necesidades de este servicio público.
No menos escalofriante que lo ocurrido en la línea San Martín es el hecho de que, desde la reapertura democrática de 1983, el sindicalismo argentino haya llevado a cabo nada menos que 44 paros generales. Se trata de un fenómeno que da cuenta de la insólita insistencia en el error y en el fracaso de una metodología asimilable a la locura de hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes.
¿Por qué nuestros jerarcas sindicales insisten en ese error e incluso hay quienes, tras la jornada de protesta del jueves último, llegaron a plantear la posibilidad de una nueva huelga general, aunque esta vez por 36 horas? La razón no es que esperen que sus medidas de fuerza vayan a deparar más justicia social, más fuentes de trabajo o mayor crecimiento económico. Su único objetivo es conservar sus propios privilegios corporativos. Y hay que reconocer que, en todo este tiempo, no les ha ido nada mal, aunque lamentablemente el resultado sea el de burócratas sindicales enriquecidos con trabajadores cada vez más empobrecidos.
Milei necesita la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal como un oasis en el desierto
El hecho de que casi dos tercios de los paros generales de las últimas cuatro décadas de democracia hayan sido efectuados contra gobiernos de signo no peronista (Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa, Mauricio Macri y Milei) se explica porque los gobiernos peronistas han sido naturalmente más proclives a mantener los privilegios de la casta sindical, que permiten, entre otras cosas, la perpetuación de sus caciques al frente de las entidades gremiales por los siglos de los siglos.
La más reciente medida de fuerza contra la gestión de Milei –único presidente recibido con dos paros generales en sus primeros 150 días de mandato– no reconoció objetivos muy diferentes que los de anteriores protestas similares. Por encima de cualquier discurso público, de lo que se trata es de defender las cajas sindicales ocultas detrás de las obras sociales. En tal sentido, habrá que prestar atención a las próximas conversaciones entre José Luis Lingeri, el negociador de la CGT por los fondos de las obras sociales, y las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Estuvo también detrás del paro la necesidad de evitar dentro de la CGT una lucha interna que amenazaba con una ruptura de los sectores más duros y la presión de quienes siempre temen ser corridos de sus gremios por grupos radicalizados de izquierda. Finalmente, el paro tuvo el sentido de una clara presión sobre los senadores, que deben tratar la Ley Bases y el paquete fiscal, y sobre los diputados, que aún tienen pendiente el tratamiento del megadecreto 70/2023.
A juzgar por sus resultados, el segundo paro contra el gobierno de Milei dejó un saldo magro para la CGT. Fue una medida de fuerza sustentada en procedimientos extorsivos y en acciones de amedrentamiento –según el Gobierno hubo 3856 denuncias de “aprietes sindicales–, tales como los ataques a la empresa de transporte DOTA y los bloqueos de accesos a fábricas en el Gran Buenos Aires. Sobresalió el hecho de que mucha gente igualmente quiso salir a trabajar, junto al dato de que la mayoría de los locales comerciales abrieron sus puertas. Según información de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la adhesión de los trabajadores al paro apenas alcanzó el 30,8%, al tiempo que el 89% del comercio minorista y el 81% de las industrias pymes funcionaron con normalidad. Más allá de los mensajes públicos, los rostros de los líderes cegetistas al cabo de la jornada de protesta distaban de ser los rostros de la victoria.
Aun así, el sindicalismo ha demostrado que, pese a la muy mala imagen que cosecha en la opinión pública, es el sector con mayor capacidad para negociar y defender sus privilegios. La poda que sufrió el capítulo laboral de la Ley Bases antes de su aprobación por la Cámara de Diputados es una prueba contundente. No solo desapareció el artículo que terminaba con la obligatoriedad del pago de la cuota sindical solidaria a cargo de los trabajadores, sino también el artículo que configuraba como “grave injuria laboral” y “objetiva causal de extinción del contrato de trabajo” la participación en bloqueos o tomas de establecimientos. Según ese artículo finalmente eliminado, se presumiría injuria grave cuando, durante una medida de acción directa, se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas.
No obstante, la tipificación de esas conductas como grave injuria laboral estaría ya configurada tras la ratificación que, durante el gobierno de Alberto Fernández, hizo la Argentina del Convenio 190 de la OIT contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Según fuentes de la Secretaría de Trabajo de la Nación, sin necesidad de una ley especial, hoy se podría despedir perfectamente a quien bloqueara el acceso de otros empleados a su lugar de trabajo.
Pese a que la reforma laboral presente en el proyecto de Ley Bases ha sido edulcorada, en el Gobierno existe la creencia de que tanto la ampliación del período de prueba de tres a seis meses como la eliminación de multas adicionales que agravaban el costo de la indemnización por despido ayudarán a la creación de empleos. “Hoy el empleo no crece pese a la capacidad ociosa de muchas empresas por el riesgo que conlleva para el empleador contratar y tener que despedir a un empleado. La vacuna que ha adoptado el empresariado es no tomar gente”, diagnosticó una alta fuente oficial.
Milei necesita la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal como un oasis en el desierto. Requiere mostrar una capacidad de gestión sobre la cual potenciales inversores y funcionarios del propio FMI siguen mostrando dudas. Los negociadores del Gobierno están casi convencidos de que esas leyes serán aprobadas en general por el Senado, aunque nadie se arriesga a pronosticar el grado de profundidad de las modificaciones que terminará imponiendo, especialmente en el impuesto a las ganancias y en el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Como decía Tusam, “puede fallar”.
En cambio, distintos observadores creen que la controvertida nominación de Ariel Lijo que impulsa Milei para la Corte Suprema de Justicia podría estar más cerca de avanzar en el Senado tras el apoyo de las Abuelas de Plaza de Mayo y su declaración como ciudadano ilustre de Avellaneda por el concejo deliberante de ese partido, gobernado por Jorge Ferraresi, Aun cuando este último esté hoy enfrentado con Máximo Kirchner y distanciado de Cristina Kirchner, se trata de señales de que el cuestionado juez federal cuenta con el aval del kirchnerismo.
Fuente La Nacion
