Delia Rodrigo, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, ha publicado un nuevo auto en el que cambia la situación procesal de Gerard Piqué, que pasa a ser investigado por las millonarias comisiones cobradas por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí.
La jueza, que investiga la presunta comisión de un delito de corrupción en los negocios y otro de administración desleal, sin que quede descartada la posibilidad del delito de blanqueo de capitales, toma esta decisión como consecuencia de las diligencias de instrucción previamente acordadas y tras la recepción de nuevos informes de la Policía, que añaden diversa documentación incautada en los registros practicados en la sede de la Federación Española y el domicilio de Luis Rubiales en Granada el pasado 20 de marzo. Esos registros, que dieron inició a la denominada ‘Operación Brodie’, derivaron en varias detenciones, entre ellas las de Tomás González Cueto, asesor legal de la Federación, José Javier Jiménez, director de recursos humanos de la RFEF, Pedro González Segura, director de los servicios jurídicos, y su hermano Ángel, directivo de la constructora Gruconsa.
En el auto, Delia Rodrigo hace hincapié en la cláusula que la Federación firmó con Arabia Saudí en la que tacha de “esencial” la comisión de cuatro millones de euros anuales a recibir por Kosmos, la empresa de Piqué. E insiste en que dicho contrato se firmó cuando el nuevo investigado era jugador en activo del Barcelona, equipo que participaba en la Supercopa.
La sociedad del núcleo duro de Rubiales
En una segunda parte del auto, la jueza recoge la creación de un entramado societario conformado por personal directivo de la RFEF, todos ellos personas allegadas a Luis Rubiales, con el objetivo de lucrarse con los contratos firmados a través de Gruconsa. La constructora andaluza también se convierte en investigada, al igual que Piqué, junto con otras catorce personas físicas, entre las que se encuentra Pedro Rocha, actual presidente de la RFEF, a la que la jueza ya le había comunicado su imputación.
En el auto, Rodrigo refleja que el 12 de enero de 2021, un día antes de iniciarse la edición de ese año de la Supercopa, se constituyó una sociedad con domicilio en Granada, ‘GRX Export’, cuyo objeto social estaba destinado, en principio, a la molturación de aceituna, almacenamiento, envasado y venta de aceites. Posteriormente, el 10 de octubre de 2022, otras dos sociedades adquirieron el 50% de GRX. La primera de ellas, de nombre ‘Inmomarluqui’, estaba administrada por Albert Luque, director deportivo de la RFEF desde diciembre de 2022, dos meses después de la compra. La otra, ‘Dismatec’, la constituyó Ángel González Segura, hermano del director de los servicios jurídicos de la RFEF, en febrero de 2019. Un año después la compró Purificación Rufino, la mujer del exfutbolista ‘Nené’, amigo íntimo de Rubiales.
El 21 de octubre de 2022 accedieron a GRX a través de la compra de participaciones sociales tanto Luis Rubiales como parte de la cúpula de la RFEF, entre ellos Tomás González Cueto, Pedro González Segura, Rubén Rivera (Director de márketing), Antonio Gómez Reino y José María Timón.
Ese mismo día, la empresa hace una ampliación de capital por valor de 110.000 euros y amplía su objeto social a la actividad inmobiliaria.
Todos estos movimientos tendrían como objeto desviar fondos obtenidos en los contratos de Gruconsa con la Federación Española. La RFEF declaró entre los años 2020 y 2022 haber realizado pagos a la constructora andaluza por un importe total de 2.684.946 euros. Parte de ese dinero habría acabado en la sociedad Dismatec.
Fuente ABC