En estas horas, la Justicia de Mendoza investiga una inusual denuncia por daños y perjuicios contra el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, y algunos de sus funcionarios por parte de trabajadores de esa comuna, quienes acusan la existencia de presuntos centros clandestinos de castigo, que cuentan con un mecanismo accesorio y premeditado para que no quede constancia en los legajos de aquellos que son castigados. Ello fue revelado en exclusiva por Diario Mendoza Today.
En tal contexto, Walter Sar Sar, secretario de innovación Legal y Técnica explicó a los colegas de Radio Regional de San Martín: “La denuncia la conocemos hace un año y medio, prácticamente se resolvió desde el Ejecutivo municipal no se le hizo lugar. Todo nace como consecuencia de un control que hace el municipio con el seguimiento de máquinas y camiones”.
Y avanzó: “En un momento determinado una máquina que debía dirigirse hacia Alto Verde aparece en Buen Orden, en una propiedad privada en una especie de Cañaveral. En el control que hace la dirección pertinente advierten que una máquina había salido con tanques llenos y estaba con un vehículo de culata que al momento que llegan los inspectores encuentra que no era un empleado municipal, el de la máquina sí y no pudieron dar mucha explicación. La persona con la que es encontrado el empleado municipal termina siendo allanado por la Justicia y le encuentran 850 litros de combustible”.
Ante esto es que la Municipalidad hizo una denuncia para que esto se investigara. La fiscalía de San Martín la tomó, imputó y elevó a juicio pero la justicia después determinó que no había mérito.
“En virtud de esas circunstancias hay nueve empleados que consideran que hay un perjuicio efectuado por el municipio. La municipalidad lo toma como un derecho de fiscalización y control”, expresó el funcionario.
A su vez, puntualizó: “Reclamaban una indemnización por daños morales se les rechazó, se les dijo que tenían que hacer la apelación, no la hicieron y al año presentaron una demanda civil que se declaró incompetente y después pasó a la Justicia Laboral que también se declaró incompetente y eso es lo que está actualmente en la Corte”.
Desde el municipio dijeron que no denunciaron un robo en sí, si no que dieron a conocer una irregularidad. “Fue la Justicia la que imputó por ese supuesto delito, la Municipalidad no hizo más que una denuncia por irregularidad”.
A esto Sar Sar agregó que, “Ante dos negativas se llama Conflicto Negativo de Competencia, la Corte tiene que intervenir si cree que había un proceso administrativa que ellos no siguieron pueden retomarla de oficio la Corte o indicar cuál de los dos juzgados es competente para dirimir una controversia que si es de naturaleza administrativa. Ante esto es que la Corte tiene que decidir si la vía Civil o Laboral es la competente para resolver este problema“.
Para finalizar dijo que, “Ellos fueron notificados sobre cuál era el procedimiento y se sacó un decreto para aclararle de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo, tenían abierta la vía del Concejo Deliberante para exponer los problemas suscitados o provocados dentro de una cuestión administrativa”.
Fuente Mendoza Today
