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Aceites para vapeadores, gominolas de CBD frutales sin azúcar, ‘chuches’, snacks de aceite de cannabis… comprar cualquiera de estos productos es muy fácil, y en más de un caso están a disposición de quien pase junto a un dispensador automático, que ni pide identidades ni pregunta la edad. Pero en el Gobierno regional están muy alarmados por el hecho de que se relacione el consumo de esta sustancia con un incremento de las visitas a urgencias por problemas mentales en jóvenes. Eso ha llevado al Gobierno regional a cortar por lo sano. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le ha declarado la guerra al consumo de cannabis y otras sustancias derivadas por parte de los menores madrileños, y para evitarlo, va a cambiar la Ley sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos. Su objetivo: prohibir el consumo en menores, alejar de los colegios los establecimientos que venden productos derivados del cannabis, y limitar su publicidad y patrocinios.
En los últimos tiempos, han proliferado las tiendas de CBD, o ‘cannabidiol’, la sustancia química de la planta del cannabis. Y se ha incrementado su consumo por parte de jóvenes y menores, en una situación de falta de regulación. Precisamente para eso, para regularlo, es para lo que la Comunidad de Madrid ha acometido ahora la modificación legislativa que ha comenzado a tramitar.
Cuando se aprobó la Ley sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos en la Comunidad de Madrid, en el año 2002, la prensa la bautizó como ‘ley antibotellón’, porque esa era, de sus normas, la que más novedosa parecía: la prohibición del consumo de alcohol en la vía pública. Pero los tiempos cambian y también lo hacen los consumos de sustancias. Y aunque los jóvenes siguen bebiendo más de lo deseable, ahora el objetivo número uno de las autoridades regionales es el cannabis.
El cambio en la Ley de drogodependencias tiene varios objetivos: por un lado, prohibir el consumo de cannabis o derivados por los menores. Por otro, que las tiendas dedicadas al CBD no puedan estar a menos de 300 metros de un colegio o centro educativo no universitario. Díaz Ayuso no quiere que los menores puedan acceder a productos como aceites de vapear o gominolas de CBD, que bajo una engañosa apariencia de inocuidad puedan resultar dañinas para su salud.
Por eso, también va a prohibir el suministro y venta de ‘merchandising’ sobre estos productos, que por su apariencia o forma «quieren ser más simpáticos» o resultar atractivos para menores y jóvenes. Hay publicidades con niños, e incluso se venden snacks con CBD para perros.
Y se da también la circunstancia de que se vendan vapeadores con envoltorios decorados con dibujos y alegres colores, que se pueden confundir con paquetes de chucherías, y que se pueden adquirir desde los 5 euros en muchos establecimientos, en internet e incluso en máquinas expendedoras. Más fácil aún que acceder a un cigarrillo tradicional; se ofrecen como si fueran algo inocuo, y no lo son.
Todo esto justifica el cambio legal que está promoviendo el Gobierno regional. Y que además va a establecer comunicación con el Colegio Oficial de Farmacéuticos para prohibir la venta de estos productos derivados del cannabis en las farmacias. Recordaba la presidenta que otros países de nuestro entorno habían legalizado este consumo, algo que consideraba un profundo error, y muchos de ellos están dando ya marcha atrás.
Las modificaciones legislativas que se van a introducir pretenden adaptar la Ley sobre drogodependencias, que data de 2002, a la Ley Autonómica de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, aprobada en 2023, que establece la prohibición expresa de vender a los menores sustancias que puedan ser nocivas para su organismo.
«Efectos demoledores»
La preocupación de la presidenta madrileña por el consumo de sustancias y sus efectos sobre la juventud viene de largo. En la presente legislatura, ha hecho ya varias referencias al Plan Regional sobre Drogas en el que está trabajando su gobierno, de forma transversal entre las diferentes consejerías. Esta modificación legislativa que afectará a la venta de cannabis o productos derivados es un primer paso de ese plan.
«Vemos con absoluta preocupación los efectos demoledores que están causando en países que antes admirábamos, vemos tantas vidas perdidas, el problema social, la falta de libertad, de seguridad y, por supuesto, comprometiendo después la prosperidad, y no queremos que esto ocurra en la Comunidad de Madrid, no podemos abandonar a nuestros jóvenes», justificó.
Así que la primera medida será esa prohibición de vender a menores productos como aceites para vapeadores, snacks con CBD o gominolas de esta misma sustancia, cuyo consumo, recuerdan desde el Gobierno regional, también tiene riesgos para la salud.
Los menores no podrán comprar estos productos ni directamente en los establecimientos, ni tampoco a través de máquinas expendedoras, dispensadores, móviles, portátiles ni otros sucedáneos. Y para que este objetivo se cumpla, también se va a obligar a que los establecimientos que se dedican a la venta de productos con CBD no puedan situarse a menos de 300 metros de distancia de un centro educativo de enseñanza no universitaria.
Y también se va a combatir la publicidad que se haga de ellos, para evitar que se presenten como algo atractivo, divertido o simpático. La norma limita igualmente su patrocinio, porque el Gobierno regional «no quiere que se asocie el consumo de estos productos con un falso rendimiento físico o laboral, o con beneficio alguno para la salud», apostilló la presidenta. Todos estos cambios pretenden que Madrid se sitúe «a la cabeza en la lucha contra las drogas».
La oposición frontal del Gobierno regional a esta sustancia viene de lejos. Con datos del Servicio Madrileño de Salud –SERMAS–, se destaca que hubo 5.384 atenciones en el año 2021 por consecuencias derivadas del cannabis, de las cuales, 4.253 requirieron ingreso hospitalario. De ellas, 242 –con una media de edad de 28 años en los pacientes– se prolongaron durante más de 9 días y tenían patologías relacionadas con el consumo como diagnóstico principal, mientras que en 4.011 era secundario.
Cuadruplicar el riesgo
Otros 1.131 pacientes fueron tratados en el ámbito ambulatorio –334 de ellos menores de edad–, de los que 270 lo hicieron por abuso de sustancias, y 861 por presentar dependencia. Además, el 95 por ciento de los menores de edad atendidos en centros de adicciones de la región presentaba algún tipo de problemas con esta sustancia.
Distintos estudios señalan además que su consumo en adolescentes multiplica hasta por cuatro el riesgo de padecer trastornos psiquiátricos. Y los expertos alertan de que la normalización de su uso ha provocado un aumento de los ingresos en los servicios de urgencias relacionados con su consumo.
Fuente ABC