El Gobierno ejecuta el fin del monopolio de CEOE en plena tensión por la reducción de jornada

Si en el Gobierno realmente quiere que CEOE y Cepyme pacten la reducción de la jornada laboral con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, el momento para plasmar sobre el papel el fin de su monopolio no parece el más oportuno. En plena tensión con la patronal, a la que se le ha dado un ultimátum de una semana para que presente su propia propuesta por escrito, el Ejecutivo ha ejecutado la estocada definitiva a un equilibrio de poder que se mantenía desde hace cuatro décadas.

La decisión, no por esperada, deja de ser histórica: en la tarde de este lunes, mientras el número dos de Trabajo ponía a contar la marcha atrás de siete días, el Ministerio de Industria comunicaba a la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) que ocupará una de las vocalías del Consejo Estatal de la Pyme y del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada. El competidor de la patronal oficial participará, por tanto, de dos órganos esenciales en la gobernanza de los asuntos que afectan a las pymes y los autónomos, respectivamente. Es la primera vez que un actor empresarial de ámbito nacional ajeno al espacio de la CEOE obtiene un asiento en instituciones públicas.

Conpymes será incluida en ambos órganos “en representación de las organizaciones empresariales de ámbito estatal e intersectorial más representativas”, asegura la patronal dirigida por José María Torres, que interpreta la decisión como un reconocimiento de su labor y su derecho a estar en estos foros como interlocutor social en representación de las pymes. Para Conpymes, Cepyme no constituye la voz de las pequeñas y medianas empresas debido a su falta de autonomía respecto a la CEOE.

No hay que olvidar que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de abril un real decreto para crear el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada y modificar la regulación del Consejo Estatal de la Pyme, con el objetivo de aumentar el número de vocalías correspondientes a organizaciones empresariales y sindicales. Así, justificaba la norma, se garantizaría una mejor representatividad de las pymes y sus trabajadores en dicho órgano. Entonces la noticia ya se interpretó como el paso previo a la inclusión de Conpymes, que ahora se ha confirmado.

La decisión tiene una profunda carga política. Cada paso que ha dado el Gobierno hacia la inclusión de nuevos actores en estos ámbitos ha sido mirado por lupa desde la patronal oficial, donde la cuestión genera una notable incomodidad. Durante los últimos meses, se ha ido conformando una guerra sucia entre el establishment y los outsiders: todas las vías de diálogo entre ambos están rotas, se han llegado a producir desplantes entre sus representantes en actos institucionales y se suceden las acusaciones, aprovechando diferentes informaciones periodísticas sobre supuestas prácticas corruptas y algunas sentencias judiciales.

CEOE y Cepyme temen que estos movimientos incrementen la influencia del Gobierno sobre el diálogo social, que ya ha sido alterado unilateralmente con decisiones políticas como la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos sobre los estatales, pactada por el Ejecutivo con el PNV. Según este razonamiento, el último paso de esa estrategia sería la inclusión de Conpymes en las mesas donde se discuten las reformas legislativas esenciales para los derechos de los trabajadores, como la propia reducción de la jornada laboral o los cambios en el sistema de pensiones, por citar dos dosieres abiertos en estos momentos entre Trabajo, la patronal y los sindicatos.

El objetivo último de Conpymes es precisamente ese: ser reconocido con todas las de la ley para sentarse en pie de igualdad en las mesas de negociación, como ya lo hacen algunos de sus integrantes en el ámbito de sus respectivas comunidades autónomas (Pimec en Cataluña y Pimeb en Baleares). Para ello, la patronal dirigida por José María Torres se ampara en una recomendación del Consejo Europeo de junio de 2023, en la que se insta a establecer criterios “objetivos y proporcionados” para realizar un conteo que determine la representatividad de cada asociación en el conjunto del país.

Sin embargo, España aún no ha realizado el desarrollo normativo pertinente a partir del Estatuto de los Trabajadores, de ahí que el statu quo que ha caracterizado el período democrático se mantenga: CEOE y Cepyme son las únicas patronales consideradas representativas en el ámbito estatal, y, por tanto, las únicas que se sientan en las mesas con el ministerio y los sindicatos. La reforma, que en el círculo de la CEOE se considera el certificado de defunción del diálogo social tal y como lo conocemos, nunca ha acabado de cristalizar, pese a figurar en la agenda oficial del Gobierno: tal y como reveló El Confidencial, el Ejecutivo incluyó en su plan normativo para este año una Ley reguladora de la representatividad empresarial en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas.

Los pasos de Díaz

De momento, Trabajo ha dado algunos pasos por la puerta de atrás, siempre con el pretexto de la representatividad autonómica de las patronales que forman parte de Conpymes. Hace solo unas semanas, modificó la ley para abrirle a Pimec la puerta del Consejo Económico y Social, máximo órgano asesor del Ejecutivo en materia sociolaboral. La decisión no gustó nada al presidente del organismo, Antón Costas, que no fue avisado previamente, y tampoco a los representantes sindicales. La patronal presidida por Antoni Cañete también estará presente en la Comisión Nacional de Convenios Colectivos, “como patronal más representativa de Cataluña”.

Ahora, el Gobierno ha ido un poco más allá al introducir a Conpymes en dos órganos oficiales, pese a no haberle reconocido aún su condición de representatividad en el ámbito nacional, que le daría entrada en el diálogo social. “Estamos ante un hito histórico después de más de 45 años de democracia. Por primera vez se rompe el monopolio de CEOE-Cepyme como únicos interlocutores de las pymes y autónomos de nuestro país”, celebra Torres.

El presidente de Conpymes, señalado desde algunos sectores como próximo al Ejecutivo -la mujer del presidente, Begoña Gómez, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, participaron en la puesta de largo de la patronal, en mayo de 2021-, se ha esforzado durante los últimos años en mantener una buena interlocución con los diferentes actores políticos, sean del color que sean. Sin ir más lejos, la asamblea general que celebraron a principios de mes en Valencia fue inaugurada por el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Barrera, de Vox.

Fuente El Confidencial