El Comité Europeo de Derechos Sociales ha dado un vuelco a la regulación del despido en España. Ante una reclamación realizada por UGT, ha señalado que los despidos improcedentes de España incumplen la Carta Social Europea y abre la puerta a encarecer los costes del incumplimiento del Estatuto de los Trabajadores. “Estamos ante una resolución histórica”, ha celebrado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, “el precio de la indemnización tiene que impedir que al empresario le merezca la pena despedir”. Actualmente, la indemnización media de los despidos improcedentes se sitúa en 9.000 euros, cuantía que “no tiene ningún carácter disuasivo ni restaurador”, ha denunciado el sindicato, “despedir sin causa es demasiado fácil”.
En concreto, la resolución del Comité (que no es de obligado cumplimiento, pero que España se había comprometido a cumplir), determina que el límite de dos años que establece la legislación española para los despidos improcedentes no respeta la Carta Social Europea. Actualmente, un trabajador que no es despedido con causas objetivas percibe una indemnización de 33 días por año trabajado con un máximo de dos anualidades. Este límite, sin embargo, supone limitar el derecho a reparación que tienen los trabajadores ante un abuso cometido por la empresa, ha explicado UGT en una rueda de prensa. Además, la indemnización no desincentiva con la intensidad suficiente el recurso al despido por parte de las empresas.
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M. L.
El contenido de la resolución no se conocerá hasta el próximo lunes, pero la información avanzada por UGT abre la puerta a un cambio muy significativo de las indemnizaciones por despido. De hecho, el sindicato también reclama que se incremente el coste mínimo del despido improcedente para aumentar la protección de los trabajadores que llevan poco tiempo contratados. “El coste del despido es una porquería, sobre todo cuando una persona lleva muy poco trabajando”, ha denunciado Álvarez.
El cambio es muy relevante, porque la Carta Social Europea señala que el despido no impacta de la misma forma a los trabajadores en función de su situación social o labroal. De ahí que se abre la puerta a que el coste del despido sea variable en función de la empleabilidad futura de la persona despedida, su formación, la situación del mercado laboral donde viva, su riesgo de pobreza, si tiene personas a cargo… UGT pide que el coste del despido también dependa de la situación individual del trabajador “agrave la cuantía de la indemnización”. Esto implicaría que la empresa no debería conocer, de antemano, cuánto le costará asumir un despido improcedente, ha señalado el sindicato.
“El coste del despido es una porquería, sobre todo cuando una persona lleva muy poco trabajando”
Lo que ha reclamado el sindicato es “que los costes del despido sean tan altos, o tan inciertos, o que dependan tanto de la situación social del trabajador, que lleven a que el empresario en lugar de despedir de manera arbitraria, hable con el trabajador y respete sus condiciones de trabajo”, ha señalado Álvarez.
UGT ha mostrado su predisposición para negociar con el Gobierno y la patronal un cambio en las indemnizaciones por despido improcedente para adaptarlos a la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales. Eso sí, ha defendido que la medida es de obligado cumplimiento, ya que el Gobierno de España se comprometió a respetar el contenido de la Carta Social Europea, y este fallo precisamente tiene su origen en un choque de la normativa española de despidos con la carta. En cualquier caso, Álvarez ha advertido que si no se modifica la normativa, el sindicato “peleará sentencia a sentencia” la aplicación de esta resolución.
La resolución también señala que los procedimientos de despido reciban una sentencia judicial en un plazo más corto. El colapso de la justicia española provoca que los litigios sobre los despidos se retrasen de forma sistemática. Además, la eliminación de los salarios de tramitación en la reforma laboral de 2012, deja a los trabajadores despedidos de forma improcedente en una posición muy vulnerable mientras luchan en los tribunales por sus derechos.
Fuente El Confidencial
