Una por una, las empresas públicas que el Estado ya no estará obligado a favorecer

Luego de que el Gobierno eliminara la obligación de que el Estado contrate únicamente los servicios de empresas públicas, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dio detalles sobre la batería de medidas publicadas este miércoles en el Boletín Oficial.

Los cambios se alinean a la política de desregulación de la gestión de Milei que Sturzenegger está llevando a cabo desde su cartera y fueron apurados por el escándalo por las irregularidades en las contrataciones de Nación Seguros por la que fue imputado el expresidente Alberto Fernández.

Además de Nación Seguros, también se derogaron decretos y resoluciones que habilitaban la contratación exclusiva de empresas estatales como el Banco Nación, YPF u Optar, la agencia de turismo de Aerolíneas Argentinas.

Según explicó el más reciente ministro de Milei a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter), el Decreto 747/24 firmado publicada este miércoles en el Boletín Oficial “deroga los decretos 1187/12, 1189/12, 1191/12 y 823/2”.

Así, se eliminan “los privilegios de Nación Seguros, YPF, Banco Nación y Optar en las contrataciones públicas”. En línea con su política de desregulación, Sturzenegger manifestó: “Las empresas públicas deben SERVIR a los ciudadanos y NO SERVIRSE de ellos”.

Y agregó: “Si estos privilegios a su vez servían para anidar corrupción o mantener a una casta política deben ser desterrados”. Uno por uno, los decretos derogados y qué cambia.

Todos los decretos derogados por Sturzenegger para dejar de favorecer a empresas públicas

A través de las redes sociales, Federico Sturzenegger detalló que implican los cambios incluidos en el decreto de este miércoles, los cuales terminan con lo que el Gobierno considera “una transferencia de recursos del contribuyente a estas empresas”.

En primer lugar, “se deroga el nefasto Decreto 853/23 que obligaba a comprarle los seguros a Nación Seguros”, informó Struzenegger. Este sistema era, según el ministro, “tan grotesco que se contrataba a un ‘broker’ para que logre una contratación que era obligatoria por ley”.

Luego, se eliminó el Decreto 1191/12, el cual “obligaba a comprar los pasajes con la unidad básica camporista de Optar SA”, criticó el funcionario. También se derogó el Decreto 1187/12, el cual obligaba a los empleados públicos a cobrar los sueldos en el Banco Nación. Esto, supone “un ingreso por la gestión de esas cuentas que es un ahorro para el Estado”, marcó Sturzenegger.

Finalmente, el Decreto 1189/12 “que obligaba a comprar combustible a YPF sin que el Estado pudiera compulsar precios más baratos” también se dio de baja.

El decreto que desreguló estas obligaciones también establece que la Administración Nacional y las empresas y sociedades del Estado tendrán un plazo de 30 días para proveer a la Jefatura de Gabinete de la Nación y al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado la documentación requerida para que el Gobierno revise los fondos que han sido destinados al pago de contratos y convenios actuales y pasados.

Para evitar contrataciones que pudieran ser beneficiosas para un tercero a futuro, el decreto estableció que se considerará que hubo una “ventaja, beneficio o preferencia” por parte de las organizaciones vinculadas al Estado si se detectaran criterios de selección favorables para una entidad en particular. 

Lo mismo ocurrirá con aquellos acuerdos que pudieran cerrarse de manera directa entre las partes, los cuales deberán ser sometido a un proceso de selección mediante licitación o concurso de tipo público o privado.

En cuanto a los contratos por seguros estatales, se fijó un plazo para que aquellos ministerios y demás organismos que todavía tuvieran pólizas vigentes fruto de la normativa de la anterior gestión de Alberto Fernández puedan concretar las bajas de los mismos.

Finalmente, se dispuso que la Oficina Nacional de Contrataciones sea la entidad encargada de gestionar y revisar las nuevas contrataciones que puedan surgir a partir de la entrada en vigencia del decreto 747/2024.

El decreto completo

Fuente El Cronista